"La Comisión Europea está lista para responder". España se expone a graves sanciones políticas y económicas en procesos similares a los de Polonia y Hungría por la ley de amnistía que el PSOE aprobará a cambio del apoyo de los partidos independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez.
La amnistía también se vigila en Bruselas, que sigue muy de cerca las horas decisivas para la democracia española. El pacto entre el PSOE y ERC ofrece algunas pistas sobre la propuesta de ley. Se establece el inicio del "conflicto" en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del 2010. Y se admite un choque de "legitimidades" entre el Estado y el Parlament de Cataluña en lugar de señalar a unas autoridades catalanas situadas completamente al margen de la democracia y la Constitución.
Esta parte, según fuentes consultadas por Vozpópuli, es clave para la respuesta que pueda dar la Comisión a esta ley. Si la amnistía establece su fecha de olvido judicial en el 2013, momento en el que se iniciaron los trámites para el proceso participativo/consulta de Artur Mas del 9 de noviembre del 2014, el Gobierno podría contravenir los tratados de la Unión Europea.
"Estamos hablando de delitos juzgados, algunos de ellos por malversación, que se pueden vincular a la asignación de fondos europeos", dicen estas fuentes.
Amnistía y tratados de la UE
Los vocales del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) que han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario el lunes para abordar la amnistía han advertido precisamente que esta medida no sólo violenta la Constitución sino también los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea "para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial".
Estos artículos se fundamentan en el respeto al Estado de Derecho y en el hecho de que los tribunales europeos "garantizarán el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los tratados". Hay incluso algunas voces que consideran que una amnistía de esta índole puede conllevar incluso la aplicación del artículo 7 del tratado de la UE, que prevé "suspender los derechos como miembro de la Unión Europea (como los derechos de voto en el Consejo de la Unión Europea) si un país infringe de forma grave y persistente los principios en los que se basa la Unión".
Caso distinto, explican estas fuentes, sería si la amnistía comienza a partir del referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017. En ese caso, sería más difícil hilar que la malversación provenía de fondos europeos y contravenía algunos tratados. Habría otras fórmulas, eso sí, como el hecho de que dos ministros de Justicia del Gobierno de Sánchez -Dolores Delgado y Juan Carlos Campo- pasasen a la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional respectivamente.
PP y Cs, a la espera del texto y la Comisión
Sea como fuerte, las instituciones europeas no van a dar paso alguno hasta conocer la literalidad de esta ley. Y cómo se sustancia. PP y Ciudadanos se preparan de manera coordinada para dar la batalla contra esta medida en Bruselas. Y no actuarán hasta que se haga público el texto en los próximos días. A partir de ahí, se activarán iniciativas en el Parlamento para que la Comisión tenga que pronunciarse.
Vox ha quedado fuera de esta entente y en una posición más endeble en Bruselas por el empeño de Jorge Buxadé por atacar constantemente a la Comisión "por sus intromisiones en Polonia". Mientras tenía un gobierno de su cuerda, Vox ha criticado las intromisiones de la Unión en las competencias de Polonia, cuando, según estas fuentes, lo que hizo el Ejecutivo polaco era lo mismo que intenta Sánchez.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en junio que la reforma del sistema judicial polaco violaba el Derecho de la Unión. Así lo había denunciado desde la oposición polaca, hasta la propia Comisión Europea.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación