La crisis entre el PP y Vox a cuenta del aborto en Castilla y León ha derivado en un choque frontal entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco. El ejecutivo regional decidió inadmitir el requerimiento enviado por Moncloa por un nuevo protocolo sanitario que no va a ser aprobado y el presidente advirtió después que un requerimiento "se tiene que contestar y no se puede desestimar". Todo ello, a pesar de que él mismo actuó de la misma forma hace apenas dos meses con Aragón y Teruel.
Así lo explican a Vozpópuli altos cargos del gobierno de Castilla y León, que recuerdan que en noviembre el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo por el que se inadmitieron los requerimientos previos interpuestos por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Teruel contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2022, por el que se iniciaba el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial Española.
Ambas instituciones habían planteado una solicitud de suspensión del proceso de determinación de la sede de la Agencia Espacial Española y habían recurrido no sólo el mencionado acuerdo del Consejo de Ministros sino también el acuerdo de la Comisión consultiva que contenía el informe con los criterios para la determinación de la sede.
Mismos argumentos que Mañueco
Desde el Gobierno central, sin embargo, se destacó que una vez que la propuesta de Acuerdo del Consejo de Ministros fue informada favorablemente y sin observaciones por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, se convocó la Comisión consultiva con la finalidad de adoptar un acuerdo idéntico. Ya el 14 de noviembre, se reunió la Comisión consultiva y se acordó por unanimidad el acuerdo de inadmisión.
El Consejo de Ministros defendió entonces que los dos acuerdos de inadmisión se fundan en una argumentación idéntica: "estamos ante actos de trámite no cualificados".
Estos actos, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sólo podrían ser recurribles si "deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos".
En el requerimiento enviado por Aragón y Teruel, los acuerdos impugnados no reunían ninguna de estas características, del mismo modo que el requerimiento del Gobierno a Castilla y León.
Desde el equipo de Alfonso Fernández Mañueco explican que esos argumentos del Gobierno de Pedro Sánchez son exactamente los mismos que tuvieron en cuenta los Servicios Jurídicos del ejecutivo regional a la hora de inadmitir el requerimiento enviado por Moncloa, destacando que no da lugar al no haberse producido, dentro de la Junta de Castilla y León, "ningún acuerdo que vulnere legislación alguna".
