Las tornas políticas pueden cambiar en Bolivía en diez días y España mueve ficha en el tablero diplomático. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de enviar de manera urgente a La Paz a un nuevo encargado de negocios ante la inminente victoria del partido de Evo Morales en las elecciones generales del próximo 18 de octubre que vaticinan las encuestas, según informaron fuentes diplomáticas a Vozpópuli.
La persona elegida para dirigir la Embajada española es Javier Gassó, actual subdirector general para Naciones Unidas dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este diplomático saldrá este miércoles de Madrid rumbo al país andino.
Gassó trabajará como si fuera un embajador a ojos del departamento de Arancha González Laya, que ha preferido acreditarle como encargado de negocios ante el Gobierno boliviano en funciones de Jeanine Áñez para así sortear un posible veto o retraso en la aceptación del preceptivo plácet.
Este subdirector general había pedido ir destinado de embajador a destinos como Ecuador o Mozambique, según admiten las citadas fuentes, pero la ministra ha decidido enviarle a La Paz. Si hay un cambio de Gobierno en el país andino, Madrid cursaría entonces la petición de nuevo embajador para Gassó ya con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales asentado en el poder.
Primer paso, en agosto
España y Bolivia intercambiaron encargados de negocios en agosto para poner fin a la crisis diplomática que se prolongaba desde diciembre. El Gobierno de Sánchez elevó el rango de la única diplomática que había en La Paz, Jaione Cereijo, mientras que el Ejecutivo boliviano de Áñez se decantó por alguien de más fuste, el viceministro de Exteriores, Gualberto Rodríguez. Así que con la elección de Gassó "se equilibra" la balanza diplomática entre ambos países.
Madrid y La Paz estuvieron cerca de una ruptura de relaciones diplomáticas a finales de diciembre del año pasado tras un confuso incidente en la Embajada mexicana en el país andino, donde se habían refugiado varios exministros de Evo Morales tras la salida de Bolivia de este último.
La entonces encargada de negocios de la Embajada española en Bolivia, Cristina Borreguero, y el cónsul en La Paz, Álvaro Fernández, hicieron una visita a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado. México llevaba días denunciando el acoso de la seguridad boliviana a su legación.
La visita derivó en incidente, porque a su término la policía boliviana impidió a los coches de la Embajada española entrar en la urbanización donde se encuentra la representación mexicana. La ministra de Exteriores boliviana, Karen Longaric, acusó a España de "atropellos" a su soberanía y denunció que los GEO españoles que acompañaban a los diplomáticos iban "encapuchados" y suponían una amenaza. El suceso motivó que tanto el PP como Ciudadanos y Vox pidiesen explicaciones en el Congreso.
El Gobierno de Áñez no se dio por satisfecho por las explicaciones españolas y, el 30 de diciembre, declaró 'persona non grata' a Borreguero y Fernández, y les dio 72 horas para salir del país. El Gobierno español se lo tomó como un "gesto hostil" y respondió con firmeza, expulsando a tres miembros del personal diplomático de la Embajada de Bolivia en Madrid.
En aquel momento no había embajador boliviano porque el Ejecutivo de Áñez había cesado al nombrado por Morales, de modo que el país andino se quedó durante unos meses sin máximo representante ni ningún otro diplomático en Madrid. Se dio la circunstancia de que tampoco había diplomáticos españoles en La Paz: al embajador Emilio Pérez de Ágreda le pilló el incidente en mitad de una luna de miel.
González Laya decidió que Pérez de Ágreda no volviese a Bolivia y el embajador tuvo luego problemas de salud que le impidieron regresar a La Paz. En julio le llegó la edad de jubilación -70 años- y Madrid decretó en ese momento nombrar una encargada de negocios en el país andino, la citada Cereijo, quien ahora quedará a las órdenes de Gassó.
En paralelo, Exteriores abrió una investigación interna sobre este asunto y concluyó que los diplomáticos expulsados no actuaron por libre, sino que visitaron la Embajada mexicana siguiendo instrucciones del entonces secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia. En ningún caso, estas instrucciones consistían en sacar de la residencia mexicana a colaboradores del expresidente Morales allí asilados, ni siquiera en mantener contacto con ellos, según determinó la Oficina de Información Diplomática (OID).
Carpetazo judicial
Por último, la Audiencia Nacional dio carpetazo en julio al citado incidente en el que se vieron inmersos varios GEO. El Juzgado Central de Instrucción número 6 dictó un auto, al que tuvo acceso Vozpópuli, en el que directamente rechazó admitir una denuncia presentada por estos hechos ante la Justicia española. En concreto, iba dirigida contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez. Se trata del máximo cargo uniformado dentro del Cuerpo.
La Audiencia Nacional se apoyó en la opinión de la Fiscalía, que también se opuso a abrir una investigación por estos hechos en un informe del pasado 7 de julio. “Sería cuanto menos puramente prospectiva y carente de las necesarias garantías”, sostenía el ministerio público para el que la denuncia de Manos Limpias se fundamentaba en artículos de prensa. Añadía, además, que no había “ningún atisbo de vinculación entre los hechos denunciados y la persona denunciada".
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