Pedro Sánchez se ha marcado una estrategia para ganar tiempo y se olvide esta semana horribilis del Gobierno; y, sobre todo, para que Podemos y la directamente interpelada ministra de Igualdad, Irene Montero, se convenzan de que una reforma urgente de la Ley integral de garantías de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', es la mejor manera de acabar con la alarma social que están provocando las rebajas de condena a violadores y excarcelaciones desde la entrada en vigor, el pasado 7 de octubre.

Diversas fuentes socialistas reconocen a Vozpopuli que ese ganar tiempo, ese ”calmar las aguas” entre socialistas y morados, fue el objetivo de la apelación del presidente el miércoles en Bali, donde asistía a la cumbre del G-20, para que se deje “trabajar” a los tribunales y sea el Tribunal Supremo el que unifique doctrina y establezca jurisprudencia según le vayan llegando los recursos de casación.

Porque, pese a la diferencia horaria con España, el presidente ya era consciente de que necesitaba desviar la atención dada la sensación de caos que se había adueñado del gobierno de coalición en un asunto tan sensible para la opinión pública: con la ministra de Hacienda y número dos socialista, María Jesús Montero, el martes, cuando aparecen las primeras informaciones, diciendo que hay que ”estudiar” cambios legales para proteger a las mujeres, mientras desde otro lado del Consejo de Ministros su compañera de Igualdad y todo el departamento culpaban a la Justicia ”machista” de prevaricar y Podemos descalificaba a los “fachas con toga”.

El PSOE ha decidido no presionar más a Podemos -aunque tiene claro que el fiasco solo se atajará mediante una disposición transitoria introducida en la ley por vía de urgencia- para centrarse en apagar un incendio que puede llevarse por delante la coalición

Ese mismo martes por la noche Moncloa y Ferraz decidieron no meter mas presión a Podemos -aunque tienen claro desde el principio que esto solo se arreglará definitivamente incorporando una disposición transitoria a la ley- para centrarse en apagar el incendio provocado Irene Montero y los suyos contra toda la carrera judicial, tercer poder del Estado, y con todas las asociaciones de jueces, el feminismo y la oposición de PP, Vox y Ciudadanos pidiendo unánimemente la cabeza de la ministra de Igualdad.

Varias de las fuentes consultadas explican que, de todos los conflictos que ha tenido que hacer frente la coalición en la última semana, y no son pocos: el caso Marlaska y las decenas de inmigrantes sudaneses muertos en la valla de Melilla, el pacto con ERC para derogar el delito de sedición, la casi segura marcha atrás del PSOE tras un intento fallido de los republicanos catalanes de rebajar también el delito de malversación para favorecer a Oriol Junqueras y el resto de condenados por el 1-O, ahora el desaguisado en la aplicación de la ley del 'solo sí es sí ' es lo más ”tóxico” para la salud del Gobierno en el último año de legislatura.

”Y lo es por la propia ley, porque es una de las banderas de Podemos, porque hace que se susciten dudas de la Ley Trans que todavía no hemos aprobado, porque afecta de lleno a Irene Montero, pareja del verdadero poder en la sombra que es Pablo Iglesias y posible cartel electoral si finalmente no se ponen de acuerdo con Yolanda Díaz y Sumar para ir juntos a las elecciones generales; por todo”, señala con pesar una fuente del grupo parlamentario.

“¿Si no cuidamos nosotros la coalición, quien lo va a hacer?”, se lamenta una fuente ministerial socialista viendo el ataque furibundo de Irene Montero y Podemos a los jueces

Por eso, el martes desde Bali, Sánchez se coordinó por teléfono con la titular de Hacienda y con la portavoz del partido y ministra de Educación, Pilar Alegría, y ambas entre sí, para establecer una estrategia de contención de daños. De los daños de las rebajas de condena y excarcelaciones, pero por encima de eso del daño infligido por los morados a la coalición. “Visto lo visto, ¿Si no cuidamos nosotros la coalición, quien lo va a hacer?”, se justifica en voz alta una fuente de uno de los ministerios socialistas.

Porque esta semana ha sido de todo menos tranquila en el PSOE: cuando los socialistas creían encauzado el debate del caso Marlaska y superado el de la supresión del delito sedición -“esto está amortizado, como los indultos”, se comenta en el puente de mando socialista-, este lunes el diario El País se descolgaba anunciando que Sánchez estaba dispuesto a aceptar otra nueva demanda de ERC: abaratar penalmente la malversación para que Junqueras pueda presentarse a las próximas elecciones.

Y, lo que es peor para muchos barones socialistas que no daban crédito, esa misma mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmaba en la SER que el Ejecutivo estaba dispuesto a estudiarlo. Solo la oposición temprana de Podemos, Compromis, Más País y otros socios del bloque de investidura, y la revuelta interna de barones clásicos en la contestación a Pedro Sánchez como el castellano-manchego, Emiliano García Page y el aragonés Javier Lambán, llevaron a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a matizar el martes desde la mesa del Consejo de Ministros que ”no hay nada” de modificar el delito de malversación en la agenda.

“Reparto de papeles”

El problema es que a esa hora, pocos después del mediodía, todos los medios de comunicación se estaban haciendo eco ya de una noticia que había adelantado El Mundo la noche anterior: las primeras rebajas de condena a violadores por la nueva ley del ‘solo sí es sí’. A partir de ahí, con el presidente en Bali, a 12.000 kilómetros de distancia, y con Irene Montero y Podemos arremetiendo contra los jueces, los acontecimientos de aceleraron: había que frenar la sensación de desbarajuste, letal para cualquier gobierno.

Fue entonces cuando salió María Jesús Montero a una primera valoración, seguida horas después de la del líder socialista desde Bali. Aunque Sánchez dio a entender que va a esperar a ver qué hace el Tribunal Supremo con los recursos de casación de las sentencias, lo cierto es que no era más que un ”reparto de papeles”, insisten las fuentes consultadas, como lo prueba el hecho de que posteriormente saliera Pilar Alegría a respaldar la tesis de la inevitabilidad de una reforma legal para acabar con las excarcelaciones.

No obstante, eso no ha servido para aplacar a dirigentes socialistas como Page, decidido ya a ir más por libre de lo habitual porque teme las consecuencias electorales en mayo para el PSOE, sus presidentes y sus alcaldes, de las malas sensaciones que está transmitiendo el gobierno de coalición y de la falta de firmeza del presidente con Podemos: