La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil, sobre la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, tiene poco valor para Pedro Sánchez. Así se desprende de sus palabras, este lunes, en el balance del año que ha hecho en el Palacio de la Moncloa.
El jefe del Ejecutivo, tras las pruebas cada vez más evidentes, que acorralan a Álvaro García Ortiz y a varios de sus colaboradores en Moncloa, sigue manifestando su confianza en que "no hay nada" en el caso que investiga el Tribunal Supremo.
Sánchez, tras un discurso triunfalista del año que estamos a punto de dejar atrás, y sin hacer ningún tipo de autocrítica, ha asegurado que "antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el fiscal general". En su opinión, "después del informe de la UCO, aún más confianza".
Todo el mismo día que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, por presunta revelación de secretos, ha pedido a la UCO los "números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas" que se incautaron en el registro del despacho del jefe del Ministerio Público el pasado 30 de octubre, "así como la titularidad asociada" dichos números de teléfono.
El instructor, Ángel Hurtado, dicta esta providencia tras recibir el informe en el que los agentes aseguraron haber encontrado "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, días clave para la presunta filtración que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En Moncloa, en los últimos días, celebraban precisamente que el documento elaborado por la Guardia Civil no incluyera ningún mensaje que pueda involucrar directamente a García Ortiz, ya que supuestamente los habría borrado antes del volcado de su teléfono móvil.
Vuelve a defender al fiscal
El presidente ha vuelto a defender al fiscal general, al que decidió mantener en el cargo, aún las críticas de varias asociaciones de fiscales. De hecho este mismo lunes la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo- ha atribuido al principal investigado, dos nuevos delitos: "apoderamiento ilícito de información" y "prevaricación".
La entidad pide al juez Ángel Hurtado que cite ya a declarar como investigado a García Ortiz, después de que se haya aportado a la causa los informes de la UCO de la Guardia Civil relativos a la información incautada en el registro al despacho del fiscal general y en la oficina de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
La APIF también solicita al instructor que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte "los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole".
Entre la batería de diligencias que reclama al juez, la asociación incluye el "listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles" de García Ortiz y Rodríguez de la noche del 13 al 14 de marzo para acreditar si hablaron con periodistas. Y pide a su vez que se acredite si el fiscal general "ha cambiado de terminal de móvil desde el 13 de marzo".
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