La historia del PSOE desde el final del franquismo hasta nuestros días no se entiende sin el apellido Redondo, uno de los de mayor raigambre dentro de aquel socialismo minero y metalúrgico de la margen izquierda del Nervión, que fue uno de los focos de mayor resistencia contra el dictador de toda España.
Por entonces solo se mencionaba el de un Nicolás Redondo padre -recientemente fallecido-, para todos Juan en aquel congreso clandestino de Suresnes (Francia, 1974) donde, junto a Enrique Múgica, Ramón Rubial, Pablo Castellano y otros, desempeñaría un papel fundamental en la entronización de quien entonces atendía a otro alias que haría historia, Isidoro, ese Felipe González, del que luego, con él ya en La Moncloa, Nicolás Redondo padre se divorciaría política y personalmente para no traicionar su mandato como secretario general de UGT. Todo ocurrió a raíz de la huelga general de 1988.
A finales de los años 90, cuando la democracia española se hizo mayor de edad se uniría a la saga su hijo Nicolás, primero como secretario general del PSOE vizcaíno, posteriormente del PSE Vasco en su conjunto, hoy expulsado del partido por criticar la política de Pedro Sánchez con el independentismo y la Ley de Amnistía. A Redondo hijo le tocó cargar sobre el hombro no pocos féretros de cargos y militantes socialistas asesinados por ETA, así que no era extraño verle despotricar con el acercamiento del PSOE a Bildu en la pasada legislatura y, en concreto, con el blanqueamiento de la figura de Arnaldo Otegi.
“¡Es una barbaridad!”, “suena a purga chavista, sin esperar al dictamen del Comité de Garantías ni nada”, son algunas de las primeras reacciones recabadas por Vozpópuli. “Es lamentable; por lo mismo que han echado a Nicolás Redondo nos tendrían que echar a muchos”, pone el acento otro dirigente, todavía en activo
Con esos antecedentes familiares y personales, de los años de plomo que tuvo que vivir el ex secretario general de los socialistas vascos, no extraña, por tanto, la conmoción que ha producido la decisión de la actual cúpula socialista de echarle; con el mismo argumento que uso contra el único ex presidente madrileño socialista, Joaquín Leguina (1983-1995) hace tan solo un año por lo mismo: por arrimarse al PP de Isabel Díaz Ayuso y criticar a la actual dirección socialista.
“¡Es una barbaridad!”, “suena a purga chavista, sin esperar al dictamen del Comité de Garantías ni nada”, son algunas de las primeras reacciones recabadas por Vozpópuli. “Es lamentable; por lo mismo que han echado a Nicolás Redondo nos tendrían que echar a muchos”, pone el acento otro dirigente, todavía en activo, en alusión a declaraciones críticas con la deriva del partido que han formulado no sólo el político Vasco, también Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano García Page o Javier Lambán.
La mayoría de quienes se ha recabado opinión, del sector más antisanchista, tiene claro por qué se le echa y, sobre todo, por qué ahora: “Sánchez lo tiene complicado” por la tensión social y política que está provocando, dentro y fuera del partido, la mera posibilidad de que acepte la condición de Carles Puigdemont de aprobar una Ley de Amnistía que anule penalmente tanto las condenas por el 1-O a los que ya las cumplieron y a quienes, como él, se encuentran fugados.
“Están preocupados y esto es un aviso a navegantes”, señala a este periódico un ex ministro de los gobiernos de Felipe González en referencia a la expulsión de Redondo. “Intentan cortar la cadena de declaraciones públicas” iniciada por González y Guerra, porque puede acabar desbaratando la ‘operación investidura’.
Lo curioso es que ni Nicolás Redondo ni el resto de los que critican la Ley de Amnistía han dicho algo distinto a lo que decían Sánchez y su gobierno hace tan solo cuatro meses: que está prohibido por la Constitución en su artículo 62. Eso sí, el político Vasco había lanzado una dura carga de profundidad ante lo que considera sospechoso silencio del presidente del Gobierno en funciones: “si eso se aprueba, el PSOE de Suresnes está muerto”.
Y es que una mayoría de los críticos internos en el PSOE consultados se malicia que lo que pretende Ferraz es que crezcan las críticas internas tras las palabras de González y Guerra hace dos semanas. Las tomas de postura del también ex secretario general Joaquín Almunia y los ex ministros Ramón Jáuregui, Tomás de la Quadra y Jordi Sevilla en contra de aceptar las exigencias de Carles Puigdemont, “les han hecho daño entre la militancia”.
“Están preocupados y esto es un aviso a navegantes”, señala a este periódico un ex ministro de los gobiernos de Felipe González en referencia a la expulsión de Nicolás Redondo. “Intentan cortar la cadena de declaraciones públicas” iniciada por González y Guerra porque puede acabar desbaratando la operación investidura.
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