Queda una semana para que el viernes 9 de diciembre concluya el plazo de presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal que suprimirá el delito de sedición, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya ha anunciado que va a presentar una para rebajar la pena por malversación de caudales públicos -lo cual facilitará que a Oriol Junqueras y los condenados por el referéndum del 1-O también les sea levantada la inhabilitación y puedan volver a presentarse a unas elecciones- y Pedro Sánchez guarda un silencio que enfada mucho al PSOE.
En esta ocasión, la incomodidad no es cosa solo de los dos barones díscolos, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Javier Lambán, de Aragón, como ocurrió con la sedición semanas atrás; otros dirigentes de federaciones, alcaldes, hasta diputados del Grupo Socialista en el Congreso, responden en voz baja un ”no lo veo” cuando se les pregunta.
“Lo lógico es que esa enmienda no la aprobemos”, se atreve a decir alguna fuente en Ferraz, siempre apelando a la decisión última del presidente, que ya ha hecho gala de imprevisibilidad en otras ocasiones. Eso sí, dicha fuente se atreve a interpretar su silencio como ”cautela” para no soliviantar innecesariamente a un socio clave como es ERC y va a seguir siendo para la siguiente investidura.
Por eso mismo, todos temen que La Moncloa esté negociando bajo cuerda con el portavoz republicano, Gabriel Rufián, distinguir en la malversación entre quien delinque solo por mal uso de dinero público y quien se lucra personalmente; algo que “como partido de izquierdas que somos y que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción no nos podemos permitir“, resume una mayoría de los consultados por Vozpópuli.
“Por mucha explicación técnica que intentemos dar, como con la Ley del solo sí es sí y la excarcelación de violadores, nadie va a entender que Puigdemont, cerebro de lo que pasó en Cataluña en 2017, se libre y que Griñán no acabe entrando en la cárcel”
De forma gráfica, una importante fuente explica que, igual que derogar la sedición acabará siendo asumido por la opinión pública para pacificar Cataluña pese al ruido -“ya pasó con los indultos”-, abaratar la pena por malversación representa un problema de fondo, pero hoy también “de oportunidad”: beneficiaría al huido ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y al condenado por el caso ERE a seis años de prisión José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE. Un cóctel político explosivo.
“Por mucha explicación técnica que le intentemos dar, como con la Ley del solo sí es sí y la excarcelación de violadores”, explica un diputado, ”nadie va a entender que Puigdemont, el cerebro de todo lo que pasó en Cataluña en 2017, se libre de cargos y que Griñán no acabe entrando en la cárcel; por injusto que esto nos parezca a los socialistas”.
Pedro Sánchez es consciente de la inquietud recorre el PSOE, porque así se lo han transmitido barones, cargos de Ferraz y ministros. Ni siquiera el capote doctrinal que le echó la voz más autorizada del Consejo de Ministros en este asunto, ministra de Defensa y Magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, defendiendo la conveniencia de distinguir entre malversación con o sin lucro, alivia los riesgos de esa reforma para un partido que en las elecciones de mayo se disputa con el PP buena parte de su razón de ser: el poder autonómico y municipal.
Y la mejor prueba de los nervios que recorren esa organización de norte a sur y de este a oeste de España es el episodio protagonizado esta semana por el aragonés Lambán, a quien le jugó una mala pasada su sinceridad durante una jornada sobre 40 años de Estado Autonómico, celebrado en las Cortes Regionales: ”A España le hubiera ido mejor con Javier Fernández”… que con Pedro Sánchez, dijo.
El PSOE de Castilla-La Mancha maneja un sondeo de 12.000 encuestados, según el cual, incluso sin rebaja de la malversación el 20% de los votantes de Page el 28 de mayo ya se declara dispuesto a votar a Feijóo en las elecciones generales
El presidente aragonés rectificó 24 horas después, pero en la retina de todos ha quedado la brecha abierta por la colisión de intereses que se avecina entre un Sánchez interesado en mantener buena relación con sus socios del bloque de investidura, particularmente ERC y Bildu, los únicos que le puedan garantizar una segunda legislatura en La Moncloa, y unos barones autonómicos y alcaldes que pueden perder el poder el 28F precisamente por el rechazo de mucho votante socialista fuera de Cataluña y País Vasco a hacer cesiones al independentismo.
A este respecto, en una encuesta de 12.000 entrevistas que maneja el PSOE de Castilla-La Mancha, según ha sabido Vozpópuli, hasta un 20% de los que se declaran votantes del socialista Emiliano García Page en mayo próximo estén dispuestos a votar seis meses más tarde, en las elecciones generales de diciembre de 2023, al popular Alberto Núñez Feijóo… no a Pedro Sánchez.
De hecho, ya hubo trasvase de voto socialista al PP en las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio en las que el popular Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo una inesperada victoria por mayoría absoluta y acabó definitivamente con cuarenta años de hegemonía del PSOE en una comunidad en la que vive la cuarta parte de su militancia total y ostenta el 65% de sus alcaldías.
Si los 150.000 ex votantes de Susana Díaz en las elecciones de 2018 (más de un 17%) que se decantaron en junio por Moreno Bonilla en lugar de hacerlo por el candidato socialista, Juan Espadas, vuelven a repetir fuga del PSOE al PP en las elecciones municipales del 28 de mayo, cientos de alcaldías podrían cambiar de mano y hacer muy difícil el triunfo del PSOE en las generales de diciembre, señalan a este periódico fuentes del partido en Andalucía. En la sede socialista de Ferraz confían en que eso no se produzca porque en las elecciones locales la gestión del alcalde ”tiene mucha importancia” en la decisión de los vecinos.
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