A la espera de que haya que celebrar o no unas nuevas elecciones generales, el gasto público en convocatorias ha llegado en junio a 1.500 millones de euros desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno hace cinco años. La cifra puede superar los 1.700 millones (equivalentes al presupuesto de los Tribunales de Justicia) cuando se conozca el detalle del coste total y de las modificaciones de crédito del 23-J sobre todo por los efectos del voto por correo. En estos últimos años se han celebrado, de momento, tres elecciones generales, unas europeas, dos municipales y unas autonómicas (dos en algunos casos como, por ejemplo, en Andalucía y Madrid), todas ellas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez se ha convertido ya en el presidente del Ejecutivo que más dinero público ha destinado a elecciones y en menos tiempo. Zapatero llegó también a los 1.500 millones, pero fue en un plazo de ocho años (dos legislaturas). Según se deprende de los datos de la Intervención General del Estado, las liquidaciones presupuestarias (obligaciones reconocidas netas) de gasto en comicios se aproximan en los últimos 20 años a los 5.000 millones. Se trata de una cifra equivalente al importe destinado a becas durante dos ejercicios. La cifra puede superar con creces los 8.000 millones desde que se registraron las primeras elecciones a finales de los setenta.
El Gobierno había estimado para 2023, antes de la convocatoria anticipada de las generales, un presupuesto inicial de 461,6 millones en el Programa 924M, que se ocupa de las elecciones generales y de atender las subvenciones de los partidos políticos ya que tocaba en este año la celebración de los comicios autonómicos en 12 regiones así como en los ayuntamientos. Es decir, no estaban consignados los gastos de las generales, que presumiblemente se iban a celebrar a principios de 2024 ya que la legislatura vencía a finales de diciembre. En junio pasado, última liquidación presupuestaria realizada, ya se había ejecutado la totalidad del crédito inicial y se produjo una modificación de gasto hasta elevar esa cantidad hasta los 539,1 millones, es decir, aumentó la partida un 17% (casi 80 millones más). Pero, falta por computar el coste total del 23-J ya que Presidencia del Gobierno avanzó unos días antes de la finalización del plazo del voto por correo, que se prorrogó durante unos días, que el coste de las elecciones estaría en el entorno de los 221 millones. Según este desglose previo: 110 millones se calculaba el coste del voto por correo, al envío de los programas electorales y a la propaganda; en casi 82 millones se valoraba el coste de los dispositivos de seguridad del ministerio de Interior; de unos 23 millones era la estimación de la instalación de urnas y cabinas así como la impresión de papeletas y el recuento; otros 13 millones representaba el gasto en la difusión de los comicios y los escrutinios provisionales (sistemas de telecomunicaciones); y 2,2 millones se destinaban a imprevistos. Falta, por tanto, cerrar el gasto definitivo y cabe esperar más modificaciones de crédito en los próximos meses. En todo caso, esos 221 millones estimados por el Gobierno de gasto del 23-J son un 59% superiores al coste electoral de las elecciones generales de abril de 2019 (139 millones) y un 62% más (136 millones) de las registradas en noviembre del mismo año.
Además, los datos que facilita el Gobierno no coinciden con los de la liquidación presupuestaria aportada ahora de 2019 ya que le sale que en aquel año gastó 470 millones en elecciones generales y en las autonómicas y locales y, sin embargo, en la liquidación de la Intervención General del Estado de ese ejercicio se señala que el gasto electoral (sumando también los comicios al parlamento europeo) alcanzó los 592 millones. Por tanto, a la espera de los resultados de la liquidación presupuestaria de julio y hasta final de año (que se está retrasando por las vacaciones de los funcionarios), 2019 es hasta ahora el año récord de presupuesto en elecciones. Curiosamente, el crédito inicial de esta partida en ese año fue de 63 millones como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos de 2018 (elaborados por el PP) a que se vio obligado Sánchez a mantener tras la moción de censura contra Rajoy. Sin embargo, Sánchez tuvo que convocar elecciones en 2019 tras el rechazo del Presupuesto presentado para ese año y repitió la convocatoria en noviembre, y de ahí ese incremento notable de gasto electoral.
A este año récord de gasto, le sigue 2023, que puede pasar al primer lugar si hay nuevas elecciones antes de fin de año, aunque parece más probable se trasladarían a principios de 2024 a tenor de las fechas del debate de investidura. El tercer lugar del ranking anual de coste electoral se produjo en 2011 (también coincidieron las locales y las autonómicas en 12 regiones), cuando salió Zapatero de La Moncloa y entró Rajoy con mayoría absoluta, con más de 383 millones. Le siguen: 2004, año en que llegó Zapatero al Gobierno y lo abandonó Aznar, con 374 millones; y, por ejemplo, en 2015, se situó en 370 millones mientras que en 2016 (con nuevas elecciones generales) la cifra llegó a los 294 millones. La realidad es que, independientemente del número de comicios, cada vez resultan más caros, en particular si se celebran en fechas poco adecuadas para el votante y hay que recurrir a dotaciones especiales para atender, por ejemplo, el incremento de gasto del voto por correo. Y obviamente el saldo crece aún más si hay que repetir la consulta porque no les salen las cuentas a los partidos para gobernar con mayoría suficiente. Por presidentes, Zapatero y Sánchez son los que más se han gastado en elecciones. Les siguen Aznar con una estimación en el entorno a los 1.300 millones en dos legislaturas y Rajoy con unos 1.200 millones. De los anteriores responsables de los Ejecutivos (González y Suárez) no hay datos contables detallados.
El año de menor gasto público en elecciones corresponde a 2006 (81 millones). Le siguen: 2018 (75 millones), 2017 (83 millones) y 2022 (también 83 millones). En esos ejercicios no se produjeron elecciones y los presupuestos del Programa 924M corresponden a las transferencias corrientes que reciben los partidos para su financiación por los resultados obtenidos. Por ejemplo, para 2023 están previsto inicialmente 53 millones más otros 56 de subvenciones para gastos electorales y casi otros tres millones como asignación de gastos de seguridad (más de 111 millones en total).
En todo caso, para tener una idea del Presupuesto directo de que disponen en su totalidad los partidos y los cargos políticos a cargo del erario público, al coste electoral hay que sumar cada año las remuneraciones. Así, también para 2023 están previstos 22,4 millones en salarios de los 350 diputados (asignación constitucional) y los 17,3 millones de los 265 senadores (se excluyen las cotizaciones sociales); más los 19 millones de indemnizaciones por razón de servicio de ambas cámaras, que no tributan a Hacienda; más los casi 20 millones de subvenciones a los grupos parlamentarios; más los 13,2 millones que, por ejemplo, cuestan sus asesores y que corren a cargo del Estado. El modelo, configurado hace casi 50 años y sin cambio alguno ni ajuste, se replica también en las autonomías y en los ayuntamientos.
