Este jueves Pedro Sánchez ha tenido que rendir cuentas sobre el espionaje de Pegasus. El presidente del Gobierno ha alegado hoy que el Gobierno "no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI" para dejar claro así que desconocía el espionaje a líderes independentistas llevado a cabo por el centro. El presidente del Gobierno ha situado en la mesa del CNI y en el de los jueces del Supremo la responsabilidad de lo ocurrido al sugerir que es el Alto Tribunal el que monitorizó los espionajes.
En este contexto, ha señalado también las "dudas razonables" de la metodología del informe de The Citizen Lab que apunta al espionaje de 65 independentistas, limitándolo a solo 18 y señalando que la gran mayoría de las intervenciones "lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la Administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de los miembros del Gobierno". También ha vuelto a defender su apuesta por el diálogo en Cataluña y a ofrecer a la Generalitat la continuidad de este en la Mesa de Diálogo.
Durante su comparecencia hoy en el pleno del Congreso para dar cuenta de las intervenciones telefónicas del Centro Nacional de Inteligencia tras estallar el 'caso Pegasus', ha justificado, no obstante que los servicios secretos las llevaran a cabo tras la crisis que supusieron, entre el 2015 y 2020, el procés, la declaración de independencia y los sabotajes como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. "La crisis supuso una enorme preocupación para la seguridad nacional, de ahí que los servicios propusieran la intervención y el juez la aceptara", ha precisado el jefe del Ejecutivo.
Pero ha querido dejar claro también que "el Gobierno no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI". Añadiendo que esto pudo ocurrir con otro gobierno, pero "jamás", ha recalcado, con el suyo. "Les garantizo que no pasará", ha apostillado Pedro Sánchez justificando esta afirmación en que es la esencia de la democracia y también la limitación del poder Ejecutivo y del "sometimiento a la más estricta legalidad".
Por el contrario, ha apuntado que esos momentos tan "duros y traumáticos" que vivió la sociedad catalana y española "son tiempos pasados". No obstante, ha precisado que no está diciendo que el conflicto de Cataluña esté superado -"nada más lejos de la realidad", ha exclamado- porque queda mucho por delante. Pero se ha mostrado convencido de que su Gobierno ha devuelto el asunto "al territorio del que nunca debió salir". En este punto ha puesto en valor su apuesta por el diálogo que comprometió en su discurso de investidura y por la mesa de negociación abierta con Cataluña.
Dudas razonables sobre la metodología de The Citizen Lab
En cuanto al informe publicado por la plataforma The Citizen Lab, que denunciaba el espionaje a 65 independentistas catalanes, ha apuntado las "dudas razonables" sobre la metodología y ha señalado que el propio informe reconoce la imposibilidad de atribuir de manera concluyente las operaciones de hackeo a una entidad específica.
En este contexto, ha dejado claro que el propio informe del Defensor del Pueblo, ha señalado que la intervención telefónica del CNI se limitó a 18 dirigentes y no a 65 como dice el informe de la entidad canadiense, y todos ellos bajo la estricta legalidad con autorización judicial.
Por lo tanto, ha señalado que frente a las especulaciones, la conclusión es que la gran mayoría de los móviles infectados que recoge el informe de The Citizen Lab "lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de los miembros del Gobierno". "Esa es y no otra la realidad", ha apostillado.
Dicho esto, se ha comprometido con lo que ha señalado como un "principio democrático constitucional fundamental" y es que cualquier persona que haya sido intervenida su comunicación, sin la preceptiva autorización judicial, "ha sido víctima de un delito y tiene el derecho y toda la solidaridad del Gobierno de España para averiguar la verdad y restablecer sus derechos fundamentales".
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