Medio año después de su imputación en el caso Villarejo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya tiene fecha para declarar en la Audiencia Nacional. El magistrado Joaquín Gadea le ha citado para el próximo 18 de enero, mismo día en que se interrogará también al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker, según una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Dos días después, el 20 de enero, le tocará el turno al representante de Iberdrola Renovables, filial de la matriz también imputada por los encargos de la eléctrica al Grupo Cenyt.
Con todo, la ronda de declaraciones la inician el día 17 el actual director general de negocios de la eléctrica, Francisco Martínes Córcoles, y el que fuera jefe de gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. El magistrado Manuel García Castellón les imputó el pasado mes de junio por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. El instructor tomó esta decisión a tenor de las pruebas recabadas durante la instrucción de esta pieza decimoseptima del caso Tándem y tras el oficio policial de mayo que analizaba escuchas en las que Villarejo implicaba a Sánchez Galán.
Desde entonces hasta ahora la causa ha sufrido un importante giro a tenor de las decisiones acordadas por la Audiencia Nacional. Aunque ni Sánchez Galán ni la matriz de la eléctrica consiguieron tumbar su imputación, la Sala de lo Penal sí accedió a estudiar la querella que la multinacional interpuso contra José Antonio del Olmo. Este antiguo director de Funciones Corporativas se convirtió en testigo clave para los investigadores tras aparecer en la causa un informe suyo, de diciembre de 2004, en el que denunció que la compañía empleó un sistema de operaciones triangulares para pagar a Villarejo el primer encargo (proyecto Arrow).
El informe en cuestión -que Del Olmo llevó a la notaría de Luis Ramallo- apuntaba a la existencia de "actividades anómalas" para costear el primer trabajo de espionaje de Cenyt ya que se había empleado a Casesa, su entonces proveedora de seguridad, para hacer frente a estos pagos. Además expuso que de este asunto estaba al tanto el entonces director de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, además del presidente Ignacio Sánchez Galán. La incorporación de este documento a la causa no solo puso en la picota a Iberdrola (que siempre ha negado la veracidad del documento) sino que derivó en las primeras imputaciones de cargos de la firma.
Así, además de Antonio Asenjo, el magistrado citó como investigados al exnúmero dos de la compañía José Luis San Pedro y los directivos del departamento de Administración Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo. En su cita ante el juez, en noviembre del año pasado, negaron irregularidades en el pago de estos contratos con las empresas de Villarejo que se prolongaron entre 2004 y 2017. Todos ellos explicaron que se siguieron los circuitos internos de pagos y recordaron que Del Olmo también visó estas facturas en su condición de controller.
Las pruebas contra Galán
La consecuencia de esta confesiones fue que el exdirectivo perdió su condición de testigo estrella de la causa y terminó siendo imputado ante la sospecha de que pudiera haber creado el documento incriminatorio 'ad hoc' para evitar problemas en un futuro. Del Olmo volvió a declarar en sede judicial y esta vez apuntó que nada en la compañía se hacía sin que el presidente diera su visto bueno. También apuntó que la Dirección de Comunicación pidió un presupuesto extraordinario de seis millones parte del cual podría haberse destinado a espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez. El empresario ya figura como perjudicado en esta pieza del caso Villarejo.
De hecho, la presencia del presidente del Real Madrid en esta investigación se ha convertido en otro de los puntos candentes dado que Iberdrola siempre ha negado que pagara a Villarejo por espiarle. Frente a ello, la Fiscalía Anticorrupción insiste en que entre el material incautado al comisario jubilado tras su detención en noviembre de 2017 había información del empresario y de su entorno. Por ese motivo reiteran que en el año 2009 se impulsaron en paralelo los proyectos Gipsy y Posy para espiarle. La multinacional vasca, por su parte, sostiene que no hubo pago alguno y que si quiere permanecer como perjudicado debería hacerlo en la pieza principal y no en esta concreta.
Con todo, las investigaciones avanzaron y la incorporación al caso de un informe policial de mayo terminó por provocar las imputaciones del presidente y los otros altos cargos. En dicho oficio, Asuntos Internos acreditaba escuchas del año 2004 relativas a conversaciones entre el agente encubierto y Antonio Asenjo en las que se aludía a Sánchez Galán como 'el presi' o 'el señorito', o 'don Ignacio' entre otros apodos. En el auto del pasado 23 de junio, el magistrado al frente de esta causa de espionaje explicó que existían "elementos de juicio suficientes" para interrogarle por estos contratos que se cerraron mientras Villarejo era policía en activo dentro de la Policía Nacional.
El último informe policial
Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor expuso que se apreciaba una intención por parte de la compañía de "ocultar" los trabajos encargados a Villarejo y que Sánchez Galán era conocedor de los mismos. En lo que respecta a Iberdrola Renovables, el magistrado explicó que se imputaba a esta filial por ser la que había costeado el último encargo a Cenyt, bautizado como proyecto Wind. El mismo se desarrolló en dos momentos diferentes, por un lado en 2011 y por otro en 2016. El objetivo era investigar el patrimonio de Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kapp. Se trataba de socios de Iberdrola a los que les ganó un laudo y se declararon insolventes para pagar.
A diferencia de lo que ocurrió en otras piezas del caso Tándem, aquí el magistrado no imputó a la matriz porque hasta 2010 no entró en vigor la reforma que permitía la imputación de personas jurídicas. Pese a ello, la compañía ha negado cualquier irregularidad mientras que Sánchez Galán sostiene que "jamás" ocupó cargos en Iberdrola Renovables, como así lo mantienen los investigadores. Pese a ello, el presidente de Iberdrola tendrá que responder en relación a los audios que le implican en la gestión de estos trabajos y que se recogen en el último informe policial adelantado por este diario.
El oficio vino a dar respuesta al requerimiento del magistrado García Castellón del pasado mes de septiembre. El instructor encargó a la Policía Judicial averiguar si la cúpula de Iberdrola conocía los métodos empleados por Villarejo para espiar a su 'víctimas' así como acreditar qué proyectos concretos sacó adelante controlando el tráfico de llamadas y otros datos concretos de carácter reservado. Los agentes advirtieron de irregularidades en relación al primer trabajo, que tenía como objetivo espiar a vecinos y políticos de Arcos de la Frontera (Cádiz) ante las protestas para impulsar una central de ciclo combinado.
Las derivadas de la causa
Pero también destaparon audios relativo al proyecto Blackboard (espionaje al expresidente de Endesa Manuel Pizarro) o del proyecto Gipsy. En este último, Villarejo tuvo por misión espiar al exdirector de Servicios Generales de Iberdrola José María Álvarez Vázquez (Chema) ante la sospecha de que estaba filtrando información perniciosa de la compañía y de Sánchez Galán a un tercero para que éste, a su vez, se la transmitiera a Florentino Pérez. De acuerdo con el informe preliminar, el objetivo era chequear su "nivel de sueldo y gastos aparentes… aficiones singulares… juego, sexo y otros, casa y mobiliario", entre otros asuntos.
La investigación penal que se sigue en la Audiencia Nacional ha tenido, a su vez, derivadas importantes para la eléctrica. Las confesiones de Del Olmo le llevaron a querellarse contra él en varios tribunales tanto en Bilbao como en Madrid. En el primero de los casos, la firma le ganó la batalla ya que la Justicia determinó que el exdirectivo sustrajo las facturas bajo sospecha sin permiso de la compañía y le obligó a devolverlas. En paralelo, se abrió otro frente en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en el que está llamado a declarar Del Olmo el 18 de enero, mismo día en que se interrogará en la Audiencia Nacional a Sánchez Galán.
A ello hay que añadir, además, una nueva demanda que la eléctrica ha presentado en los juzgados de Bilbao contra Luis Ramallo, el notario (y exdiputado del PP) que canalizó el informe que denunciaba pagos irregulares junto con las facturas extraídas de la compañía. Al respecto cabe destacar que Asenjo, ya en su declaración ante el juez, señaló a Marcos Peña, antecesor suyo en el departamento de Seguridad y amigo íntimo de Ramallo. Al respecto apuntó a un complot orquestado por estas tres personas en contra de Sánchez Galán por las decisiones que éste tomó cuando llegó a la presidencia de la compañía y que habrían perjudicado a Peña.
