Pedro Sánchez confirmará el próximo martes a Álvaro García como fiscal general del Estado. La decisión del presidente del Gobierno se produce en un momento especialmente convulso para el máximo representante de la carrera fiscal ya que este mismo martes el Tribunal Supremo le acusó de "desviación de poder" con el nombramiento de su antecesora y persona de máxima confianza, Dolores Delgado.
Fuentes gubernamentales confirman que el Consejo de Ministros del próximo 28 de noviembre ratificará a García Ortiz como máximo representante del Ministerio Fiscal. Ortiz asumió la jefatura de la Fiscalía tras la salida de Dolores Delgado, quien durante su mandato le nombró jefe de la Secretaría Técnica, cargo de absoluta confianza del fiscal general.
La ratificación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se produce en una semana negra para García. Este mismo martes el Tribunal Supremo le asestó un duro varapalo al determinar que actuó con una "desviación de poder visible e innegable" precisamente con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar.
"Desviación de poder"
Los magistrados han anulado el ascenso de la otrora ministra de Justicia y también este nombramiento aunque el reproche ha ido directo al máximo representante de la Fiscalía por los motivos que ofreció para ascenderla a la máxima categoría de la carrera fiscal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo determina que García actuó movido por la "estrecha confianza" que mantiene con la que fuera su mano derecha y que, bajo la única premisa de favorecerla, se arrogó facultades que no le otorga la ley.
La sentencia relata cómo García expuso al inicio del Consejo fiscal que Delgado tenía que ser promovida a la máxima categoría tras haber sido fiscal general del estado. Además, dijo que aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé una promoción automática, él como fiscal general estaba dispuesto a remediarlo.
La respuesta de los magistrados es contundente al reprocharle que no puede arrogarse competencias que la ley no le otorga. "Esta Sala considera que la desviación de poder es visible e innegable", explican en el fallo. Al hilo recuerdan que su finalidad era reparar lo que para él constituye una "laguna en la ley" y para ello promovió a Delgado (con la que tiene una "estrecha relación de confianza") arrogándose unas funciones que no ostenta.
En pie de guerra con los fiscales del TS
Los magistrados reprochan este argumento y concluyen que actuó con "desviación de poder". "Cualquiera que sea la opinión que a cada uno le merezca, lo cierto es que esa promoción automática no ha sido querida por el legislador, ni está prevista en la ley. Y, desde luego, la potestad del Fiscal General del Estado no tiene por finalidad reescribir las reglas de promoción en la Carrera Fiscal, ajustándolas a sus personales preferencias", indican.
Apenas horas después de conocerse el fallo del alto tribunal, 18 fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo remitieron una misiva a su jefe en la que le reprochaban que ignorara "deliberadamente" la petición de los fiscales del procés de defenderles de las acusaciones de 'lawfare'.
"Los Fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo, abajo firmantes, expresamos: nuestra decepción por la falta de voluntad de vuestra excelencia de salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los Fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como 'el proces' y sus derivadas, se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts, conocidas como “lawfare", expusieron.
Del mismo modo le reprocharon que su respuesta inicial a los cuatro fiscales del procés acerca de que debía ser neutral a falta de que se apruebe la ley de amnistía. "La comunicación es una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los Fiscales del 'proces', para sí y para los Fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos", destacaron.
Sin pronunciarse sobre la amnistía
El Gobierno nombró a García Ortiz fiscal general en agosto del año pasado tras la salida de Dolores Delgado. Su escarceo con la ley de amnistía es uno más de los incendios que se le han creado al Ejecutivo por la medida de gracia. Este mismo miércoles, el Parlamento Europeo ha debatido sobre el asunto y ha lanzado un aviso a España de que estará vigilante. Mientras, el Ejecutivo reitera que la norma es "plenamente constitucional". Aunque eso deberá decirlo el Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver cuando el PP lleve la ley al Tribunal de Garantías.
No obstante, el Ejecutivo planea que la ley podrá estar en vigor el próximo mes de abril. La norma, que tendrá que seguir el trámite parlamentario habitual, es el peaje que ha pagado Pedro Sánchez para revalidar su Gobierno con el apoyo de los independentistas.
Pero Moncloa intenta tapar la ley. Sánchez no quiere que nada enturbie su nuevo mandato. El presidente viaja este jueves a Israel para despedir la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y ya ha empezado a iniciar el proceso para parir los presupuestos generales de 2024. Y todo para tapar el ruido de la amnistía.
El presidente se vanagloria también del futuro pronunciamiento del Constitucional en relación a la amnistía, la cual se da ya por aprobada en el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido y zanjó también que la norma cumple a rajatabla con el texto constitucional.
Sánchez volvió a vomitar los beneficios de la ley durante su discurso de investidura: "Esta medida de gracia nos puede ayudar a acercar posturas y a cerrar la herida que se abrió el 1 de octubre [de 2017]. Y podremos decir que nuestro país es un buen país para ellos [los independentistas]. Nosotros tenemos el valor de dar un paso adelante. La amnistía que planteamos es legal, acorde con la Constitución. Y quiero pedirle al PP una mínima responsabilidad. Le pido que no continúe por la senda marcada por Vox", dijo en su alocución en el Congreso.
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