La memoria democrática del Gobierno empieza hace exactamente 40 años. Así lo ha constatado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González bajo el título '40 años de democracia. 40 años de progreso'. Para el PSOE actual, Adolfo Suárez no fue democracia, tampoco las elecciones constituyentes, ni el referéndum sobre la Constitución española, ni las primeras elecciones generales tras la muerte de Francisco Franco. "Democracia, eres tú", parece decirse a sí mismo el PSOE poseído por el espíritu de Bécquer.
La nueva Ley de Memoria Democrática que entrará en vigor esta semana va a suponer que se investiguen las violaciones de derechos humanos hasta 1983 (tras una cesión del PSOE a EH Bildu), lo que incluye los gobiernos de UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo y el primer año de Felipe González. Esta nueva tarea de escrutinio histórico va a suponer también un aumento en el gasto en personal dedicado a la Memoria Histórica por parte del Ministerio de Presidencia.
En concreto, Pedro Sánchez va a gastar un 11% más en pagar los salarios de los funcionarios, asesores y altos cargos dedicados a trabajar para la "reparación de las víctimas" y "la conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática". El Ministerio de Félix Bolaños se gastará en este ámbito 1.212.000 euros solo en personal para el 2023.
Serán 123.200 euros más que este año para pagar a los funcionarios y asesores dedicados a investigar y reparar a las víctimas de la "guerra civil y la dictadura" hasta 1983 (sic). En el salario de los funcionarios el crecimiento del gasto es notable, pasándose de los 610.730 euros de este año a los 688.320 para el año que viene. El gasto en asesores también crece desde los 245.120 euros a los 251.520.
Lo que se dispara también es el gasto en bienes y servicios del programa de Memoria Democrática. Para 2023, el Gobierno de Sánchez prevé gastar 4,1 millones de euros en este concepto, o sea, 1,2 millones más que este año.
Centro de Memoria Democrática
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) también plantean la creación de un Centro de Memoria Democrática, algo que pactaron en las enmiendas los dos partidos al frente del Gobierno. Sin embargo, no se especifica cuánto va a costar a las arcas públicas la puesta en marcha de este nuevo organismo, cuyo objetivo será "salvaguardar la dignidad" de las víctimas del "golpe de estado franquista, la Guerra Civil y la dictadura, más el período de la Transición".
En el proyecto de los PGE para 2023 se especifica que "la creación de un Centro de la Memoria Democrática es un instrumento necesario de las políticas de memoria democrática, para que funcione como un organismo de referencia en la difusión de las políticas públicas de promoción de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición".
No se especifica en qué medidas tangibles se traducirá la promoción de los "principios de verdad, justicia, reparación y no repetición". "Se trataría de un centro memorial de titularidad pública que tendría un carácter similar a los existentes en la ESMA de Buenos Aires o el que existe en Bogotá", explican fuentes de Podemos a Vozpópuli.
Resignificación del Valle de los Caídos y banco de ADN
Entre los proyectos que plantea el Ministerio de Presidencia en sus presupuestos está la resignificación del Valle de los Caídos. "Continuarán las actuaciones de intervención con la finalidad de realizar las tareas de exhumación que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos allí depositado, e iniciar el proceso de resignificación democrática". Tampoco se especifica cuánto costará.
El ministro Bolaños ya anunció la exhumación del cadáver de José Antonio Primo de Rivera, pese a su condición de víctima de la Guerra Civil (fusilado en Alicante por los republicanos el 20 de noviembre de 1936 después de proponer un Gobierno de paz con nombres como Gregorio Marañón y Ortega y Gasset).
El Gobierno también destinará parte de los 13,9 millones de euros que se gastará en memoria democrática en un Banco Nacional de ADN que facilitará "la identificación de los restos con los posibles familiares, a través de la comparación de estudios genéticos de ADN. Para ello, está prevista la adquisición de un software que permita el cruce de perfiles de ADN recogidos en las distintas exhumaciones y elaborados por los laboratorios acreditados".
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