Los indultos son solo un primer paso. Lo ha repetido el Gobierno hasta la saciedad. Y la situación de los prófugos Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, huidos de la Justicia española en Bélgica y diputados de la Eurocámara, sobresale entre el resto de tareas pendientes. El Gobierno español se ha personado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo (TJUE) por la reciente resolución que devolvió cautelarmente la inmunidad a los tres europarlamentarios, según ha sabido Vozpópuli. Puigdemont recurrió al TJUE tras aprobarse el suplicatorio del expresidente catalán y sus compañeros en el Parlamento de Estrasburgo.
Fuentes consultadas por este diario aseguran que la personación de España ha sido una sorpresa, que solo contribuirá a "dilatar el proceso". Y, por lo tanto, a ampliar la inmunidad provisional de la que goza Puigdemont. "Son meses en los que, por ejemplo, el Gobierno puede reformar los delitos de sedición y rebelión y allanar su vuelta", explican.
Otras fuentes sostienen que la personación per se no dilatará demasiado la decisión definitiva sobre las cautelares, y que todo se resolverá bastante rápido. Vozpópuli ha tratado sin éxito de recabar una explicación del Gobierno sobre porqué ha acudido este proceso secundario y qué postura va a adoptar en el mismo.
El suplicatorio de Puigdemont
El TJUE devolvió la inmunidad de forma cautelar a Puigdemont, Comín y Ponsatí mientras decide si gozarán o no de este privilegio mientras se resuelve el recurso que presentaron ante este tribunal de Luxemburgo. Esta decisión permitió al expresidente de la Generalitat desplazarse desde Bélgica a Estrasburgo (Francia) para asistir al pleno de la Eurocámara.
La respuesta a la suspensión cautelar del suplicatorio corresponde a los servicios jurídicos de Estrasburgo, pero el Estado afectado -España en este caso- tiene la posibilidad de intervenir. No es habitual que el Estado lo haga, según estas fuentes, pero España lo ha hecho. Lo que ha provocado algunas suspicacias sobre las verdaderas intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes del Gobierno admiten a Vozpópuli que el caso de Puigdemont, Ponsatí, Comín y otros huidos por el golpe de octubre del 2017 como la ex portavoz de ERC Marta Rovira (que se encuentra en Suiza) es un asunto pendiente. Todos ellos acumulan causas con la justicia española por su participación en el procés separatista. Puigdemont, que declaró la independencia de forma unilateral, ha esquivado hasta el momento todas las euroórdenes de entrega y extradición tanto en Bélgica como tras su detención en Alemania.
Uno de los argumentos del Gobierno en su defensa de los indultos ha sido la opinión pública internacional. Y citan, como ejemplo, el editorial favorable del diario Financial Times. En su opinión, el encarcelamiento de líderes políticos en una democracia occidental "es algo que no se entiende muy bien en el resto de Europa". "La prisión solo ha conseguido reforzar el victimismo y la desafección independentista", sostienen estas fuentes.
Puigdemont desafía a Sánchez
En cualquier caso, desde el Ejecutivo invitan a Puigdemont a volver a España y responder ante la Justicia. Y recuerdan que los indultados este martes lo son precisamente porque respondieron por sus actos ante los tribunales. Estas fuentes sostienen que hay "un nuevo contexto". Una expresión que sugiere múltiples interpretaciones. El caso que se recuerda en Moncloa es el de la exconsejera Meritxell Serret, que huyó a Bélgica en 2017. Serret regresó a España y actualmente es diputada en el Parlament por ERC
Puigdemont ha pedido a Sánchez recientemente que "respete" su inmunidad. Y le ha instado a garantizarle que no será arrestado si regresa a España. "Lo que garantizará un retorno a Cataluña es el respeto por parte de España a la inmunidad de la que gozo”, dijo recientemente.
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