Tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez declararon este jueves en los juzgados de Plaza Castilla por los contratos en plena pandemia por los que se pagaron más de 310 millones de euros. Uno de ellos, relativo a la compra de de 200 millones de euros en mascarillas a una firma desconocida de Hong Kong, fue publicado por este medio en abril de 2020. La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, les citó a declarar como imputados tras admitir a trámite una querella de Vox por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
Se trata del director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) de Hacienda y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. Los tres comparecieron ante la magistrada que abrió diligencias por todos estos contratos a tenor de una querella interpuesta por Vox en mayo de 2020 por presuntas irregularidades en las contrataciones.
La formación que lidera Santiago Abascal pidió a la Justicia que investigase parte de los contratos vinculados a Ingesa al considerar que no estaban lo suficientemente acreditados y que el proceso fue "deficiente, irregular, injustificado y con un sobrecoste muy elevado al del mercado". También apuntaron que el Gobierno de Pedro Sánchez contrató a empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector y que las licitaciones de urgencia no se hicieron con la publicidad oportuna. "De esos 53 contratos Vox analizó al menos 13 con deficiencias", explicó este jueves la abogada de Vox, Marta Castro, al término de los interrogatorios.
Contacto directo con Illa
El director de Ingesa relató al respecto en sede judicial que tenía "contacto directo" con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, al menos dos veces días. Explicó que le mantenían puntualmente informado de estos contratos que se suscribieron entre marzo y abril de 2020 para suministrar material sanitario como mascarillas, respiradores, o pruebas PCR. Del mismo modo dijo que se siguieron escrupulosamente todos los trámites de contratación pública, aunque reconoció que se cometieron errores que achacó a la urgencia con la que los funcionarios del Ministerio trabajaron en las primeras semanas de pandemia.
Del mismo modo explicó que el listado de empresas (como la firma HongKong Travis Asia Limited) que contrataron se lo suministró el embajador de España en Pekín. "Con independencia de la pandemia que pudiera haber, la Ley prevé un procedimiento de contratación de urgencia, pero no ha sabido explicar, más que decir que el listado de los contratantes se lo facilitó el Embajador de España en Pekín. 310 millones de las arcas españolas fueron a empresas chinas en las que en muchos casos hubo deficiencias", dijo.
El contrato estrella de 200 millones
Entre todas las licitaciones que ahora se investigan en este juzgado de Plaza Castilla, destaca una que supone más de la mitad del monto destinado a material sanitario y que publicó este diario en abril de 2020. Este medio informó entonces que el Gobierno de Pedro Sánchez compró 56,2 millones de mascarillas FFP2 a HongKong Travis Asia Limited por un importe de 196,5 millones de euros. La sociedad no registraba ninguna actividad en Internet. Tampoco se conocía quien estaba detrás de ella.
Según la documentación a la que tuvo acceso Vozpópuli a través del registro mercantil de Hong Kong, la gestión administrativa derivaba en sociedades de reciente creación, muchas de ellas constituidas con un capital social de 10.000 dólares hongkoneses (aproximadamente 1.200 euros). A esta firma el Ejecutivo de Pedro Sánchez le compró material sanitario por importe de 196 millones de euros, casi el 20% del fondo de contingencia de mil millones que el Gobierno había reunido de urgencia para hacerse con stock durante la pandemia.
Tras ese contrato se produjeron más licitaciones. En total se destinaron 250 millones de euros que terminaron en las arcas de HongKong Travis Asia Limited, firma creada en 2019. De la documental estudiada se desprende que la figura de secretario la ostenta una persona jurídica: Hung Kai Registrations (HK) Limited. La misma fue multada por las autoridades locales con 90.000 dólares hongkoneses (cerca de 11.000 euros) por incumplimiento de la ordenanza "contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo".
