Alerta máxima en el Gobierno por la situación en Canarias. El goteo incesante de cayucos en una temporada que se considera baja tanto en esa ruta como en otras ha desbordado por completo las capacidades del Estado para atender a los miles de inmigrantes que han llegado a las islas en los últimos meses. Según fuentes consultadas por Vozpópuli, el Gobierno teme que el rebrote del conflicto en el Sáhara empeore la crisis migratoria en las próximas semanas.
Pedro Sánchez busca un complejo equilibrio diplomático con Marruecos que se ha topado con la reivindicación de su socio de coalición Pablo Iglesias. El líder de Podemos reclama un referéndum de autodeterminación para la excolonia española. Una posición que también ha defendido históricamente el PSOE y que está recogida en las resoluciones de Naciones Unidas tras el complejo proceso de descolonización de este territorio a mediados de los 70.
"Muchísima preocupación". Así analizan fuentes diplomáticas las horas que está viviendo el Ejecutivo con la situación que se vive en Canarias. Y el potencial daño para los intereses españoles en política exterior de la crisis que se vive en el Sáhara. Marruecos tiene la llave para abrir las compuertas de una inmigración descontrolada hacia Canarias y el territorio peninsular si considera que España ataca su soberanía por la cuestión saharaui. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene prevista una visita a Marruecos este mismo viernes. El viaje se anunció hace dos semanas.
Marruecos y el Sáhara
El único comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores tras la ruptura de un alto el fuego de casi 30 años por parte del Frente Polisario ha sido muy cauteloso. La posición de Exteriores ha sido apoyar a la ONU en defensa del alto el fuego entre las partes. El Gobierno ha defendido también "la importancia de la estabilidad en esta región estratégica, eje clave entre África y Europa". Y ha instado a las partes a "retomar el proceso negociador y a avanzar hacia una solución política, justa y duradera y mutuamente", que sea "aceptable según los parámetros que establecen de forma reiterada las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas". Iglesias ha ido más lejos recordando el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.
"Hay que andarse con pies de plomo, porque es difícil hacerse a la idea o que la gente entienda la importancia que este conflicto tiene históricamente para Marruecos", explican estas fuentes.
Esta tensión geopolítica coincide con una llegada de pateras y cayucos sin precedentes a las Islas Canarias. Y aunque las embarcaciones que llegan a estas costas proceden habitualmente de Senegal y Mauritania, los informes de las ONGs y las autoridades sobre el terreno señalan que los inmigrantes que llegan en esta ola son casi todos magrebíes.
La Comisión Europea estudia fórmulas de control de las fronteras exteriores de la Unión desde el estallido del coronavirus. Este diario informó en abril de que Sánchez defiende en Bruselas una prohibición total de la entrada de inmigrantes africanos en territorio comunitario. La negociación es muy compleja. La UE pretende incrementar los fondos de cooperación con los países más vulnerables, fundamentalmente africanos, para apoyarles en su lucha contra el coronavirus. Pero el reverso de esa ayuda podría ser un bloqueo total -al menos durante un tiempo- a la entrada de inmigrantes.
Canarias, desbordada
Según el Ministerio del Interior, 16.760 migrantes han llegado a las costas canarias en patera o cayuco entre enero y el pasado 15 de noviembre. Se trata de un 1.019% más con respecto al mismo periodo de 2019. Esta cifra supera el total de personas que han entrado de forma irregular al resto del país en lo que va de año, y que se sitúa 15.667.
Las cifras han desbordado todas las previsiones del Gobierno, que ha recurrido al músculo militar para aliviar la presión. El Gobierno de Canarias ha pedido que algunas personas sean trasladadas a otros centros en la península ante la incapacidad de atenderlas.
Escenarios como el muelle de Arguineguín están sobresaturados con más de 2.300 inmigrantes. El Ministerio del Interior adoptó la decisión excepcional este pasado martes de sacar a 200 personas sin tener un destino seguro donde pasar la noche. “Se están realizando los trámites para reubicarlos en el sistema de acogida”, justificó un portavoz oficial del departamento de Grande-Marlaska.
La decisión desató una polvareda política. Incluso entre los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Laura Fuentes, coordinadora autonómica de Podemos en Canarias, tildó la orden de Marlaska de “profundamente decepcionante”, al mismo tiempo que pedía su dimisión. Jaume Asens, presidente de la formación morada en el Congreso de los Diputados, no tardó en desautorizarla: “Evidentemente entre socios de gobierno no se pide la dimisión de nadie. Creo que Podemos Canarias se equivocó”.
Críticas de Podemos a Marlaska
El dardo de Laura Fuentes no es el único que estos días ha recibido el ministro del Interior. Policías nacionales y guardias civiles, a través de sindicatos y asociaciones representativas, han pedido más recursos para hacer frente a esta situación, especialmente en materia sanitaria. Se consideran “desbordados” y denuncian la falta de un protocolo eficiente para evitar más contagios en la pandemia del coronavirus; tanto entre las propias filas policiales como entre los inmigrantes que llegan a las islas.
“Exigimos un refuerzo inmediato de los recursos humanos en Canarias, desplazando agentes de otras plantillas de manera voluntaria, y un aumento de las vacantes que se ofrecen en los movimientos anuales de plantillas (concursos) para que el porcentaje de cobertura de los puestos de trabajo sea mayor y estos servicios migratorios no saturen a los policías”, afirman desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Las decisiones que se están tomando demuestran esa falta de medios para atender a las cientos de personas que desembarcan a diario en la región insular. El Gobierno de Sánchez ya ha recurrido al Ejército para acondicionar viejas instalaciones militares en desuso, como las de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) con 800 plazas. Un espacio que el Ministerio de Defensa cede a Interior para aliviar la presión migratoria que padecen los centros de acogida.
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