Malestar y preocupación entre socialistas europeos por el lugar en el que coloca al Partido la amnistía de Pedro Sánchez. El Gobierno socialista español es este miércoles objeto de un debate en el Parlamento Europeo sobre la "amenaza para el Estado de Derecho por un acuerdo de gobierno en España". Una internacionalización sin precedentes de la ola de cesiones que el PSOE ha negociado con el independentismo catalán a lo largo de los últimos meses que les sitúa en el espacio de Hungría y Polonia y en la posición contraria a la que venían defendiendo. De hecho, el viraje se ha producido durante la misma Presidencia española de la UE, que empezó el 1 de julio, y en Bruselas asisten en primera fila a cómo el Gobierno español sostiene dos posiciones contradictorias en tres meses.
Los eurodiputados socialistas que reprobaron a Carles Puigdemont ven ahora que la presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, uno de los cargos del PSOE que más ha combatido la imagen de perseguido político del expresident, justifica la amnistía a cambio de siete votos. La propia García estuvo en la firma del acuerdo con el prófugo en un hotel de Bruselas junto con el número tres del PSOE, Santos Cerdán. El mismo Puigdemont que se sienta en la última fila del gallinero de la Eurocámara cuya parafernalia y relato García intentaba contrarrestar en colaboración estrecha con Esteban González Pons y Luis Garicano. Es su "responsabilidad contribuir a un Gobierno progresista", dice ahora la líder de los socialistas europeos.
Las posturas de los partidos españoles están muy claras y ofrecen poco margen para la sorpresa. Sin embargo, eurodiputados socialistas alemanes, holandeses, daneses y de otras nacionalidades cuestionan la amnistía en privado; de momento no se atreven a hacerlo en público, según ha podido saber Vozpópuli.
Para el debate de este miércoles en el Grupo Socialista se ha elegido perfiles muy afines a Sánchez, españoles y de otros países, y se espera que intervengan la propia García, Javi López y Juan Fernando López Aguilar, junto con un finlandés, un portugués y un alemán.
García ha advertido de entrada en rueda de prensa de que el pacto de Gobierno en España no ha generado "ninguna tensión" dentro del grupo político que lidera en el Parlamento Europeo. Al contrario, "a quien veo muy tensionado es al PPE y al PP", ha añadido interrogada sobre posibles disensiones internas. Lo que ocurre, ha continuado, es que "cuando uno come a veces las digestiones se hacen rápidas y otras más lentas y pesadas. Y esto es lo que le está ocurriendo al PP, que no está digiriendo los resultados electorales del 23 de julio cuando una mayoría de españoles dijeron que querían un gobierno de progreso, que pusiera freno a las extremas derechas".
"Esta ley de amnistía es una ley que respeta al 100% la Constitución de nuestro país. No hay ninguna amenaza para el Estado de Derecho ni en España ni en Europa", ha zanjado.
Este miércoles no se vota, lo que los Populares y Liberales creen que debe reservarse para cuando la ley esté aprobada. Pero el gesto es contundente: al debate sobre "la amenaza al Estado de Derecho" en España va a ser al que se le dedique más tiempo en el Pleno, y se va a tratar justo antes de otro sobre la "Destrucción de la independencia judicial y persecución de demócratas en Hong Kong" y en un Pleno que finaliza con debates sobre violaciones de derechos humanos en Irán, Níger y en Georgia por fuerzas de ocupación rusas.
Buena parte del interés radica en el mensaje que trasladarán los representantes de la Comisión y del Consejo Europeo que formarán parte de la discusión y que servirán para calibrar el apetito existente en Bruselas para meterse de lleno en un asunto que, en caso de prosperar, podría llevar a España a acompañar a Hungría, Polonia y Rumanía en el grupo de países que la UE ha puesto en el disparadero por riesgos de vulneración del Estado de Derecho.
Un 'cambio de opinión' incómodo
Para el PSOE, la defensa de la amnistía en Europa es un asunto "muy complejo", según deslizan desde su delegación europea. Durante casi seis años, los representantes del PSOE en la Eurocámara se han esforzado en contrarrestar el relato catalán que el independentismo ha trasladado a Europa a través de su bien engrasada maquinaria de comunicación y propaganda. Y lo han hecho, además, involucrando desde su posición de partido de Gobierno a decenas de funcionarios y diplomáticos españoles y europeos y a sus propios compañeros de filas en Europa.
El cambio de opinión sobre la amnistía del presidente del Gobierno con el que ha obtenido los votos de Junts para logar su investidura ha forzado a su partido a trasladar el nuevo criterio en un volantazo que ha irritado a socialdemócratas de otros países.
De hecho, cuando la semana pasada, Moncloa decidió no incluir las audiencias con representantes del Gobierno húngaro en el orden del día el Consejo de ministros de Asuntos Generales para no recibir reproches de Hungría con respecto a la Ley de Amnistía, se generó malestar y comunicaciones críticas con la Presidencia española de los grupos.
Algo que, señalan, sí han hecho las Presidencias anteriores y cuando el 1 de junio "el Parlamento Europeo expresó una vez más su profunda preocupación por el mayor deterioro de la situación de los derechos fundamentales en Hungría".
Desavenencias entre Reynders y Bolaños
La Comisión Europea estará representada en el debate de este miércoles por Didier Reynders. El comisario europeo de Justicia ya ha expresado en público su preocupación por la ley de amnistía y ha pedido información sobre su contenido para que la Comisión pueda adoptar una opinión formal al respecto. Palabras que luego ha matizado mientras a la vez destacaba la preocupación que ciudadanos españoles están trasladando a la Comisión.
Este miércoles se espera una posición prudente de Reynders en el debate, que podría acompañarse de alguna advertencia al Gobierno de Sánchez. Una actuación comunitaria no llegará en todo caso antes de la aprobación de la ley.
En el PSOE existe el convencimiento de que Sánchez cuenta con tres grandes argumentos para no ser reprendido por Bruselas. El primero es hacer ver que la ley de amnistía y demás cesiones a Junts y ERC son una "cuestión interna" de España que no suponen amenaza alguna para el Estado de derecho. El segundo pasa por desprestigiar a la oposición, con el PP a la cabeza, y trasladar la idea de que Europa no es el foro para debates nacionales. Y el tercero es el convencimiento de que un Gobierno de marcado corte europeísta con un líder con mejor imagen en Europa que en su propio país no debería ser cuestionado por unas instituciones europeas que ya tienen suficientes problemas internos y externos con los que lidiar.
Por lo pronto, las relaciones entre Reynders y su interlocutor en el Gobierno, el ya superministro Félix Bolaños, no son las mejores, a tenor del intercambio de cartas que protagonizaron hace dos semanas. Además, han sido varias las ocasiones en las que Bolaños y otros miembros del Gobierno han evitado responder con claridad a dudas planteadas desde Bruselas. Y, por supuesto, la falta de acuerdo para renovar el CGPJ también aviva la confrontación con España.
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