La ley de amnistía borrará cualquier vestigio del procés desde 2014 hasta la actualidad. El pacto alcanzado entre el PSOE de Pedro Sánchez y Junts, con Carles Puigdemont a la cabeza, determina que se amnistiarán todos los hechos transcurridos desde la consulta del 9 de noviembre de 2014 que impulsó Artur Mas hasta el 2017, año en que el Govern de Puigdemont celebró un referéndum ilegal y declaró la independencia unilateral de Cataluña.
Además, contempla la creación de comisiones de investigación en el Congreso en el marco de las cuáles se determinará una de las exigencias clave de Puigdemont: si ha habido 'lawfare' o, dicho de otro modo, lo que ellos tildan de persecución de la judicatura por su condición de independentistas. Ello abre la puerta a pedir "responsabilidades", en lo que puede entenderse como una actuación contra los jueces y también a "modificaciones legislativas" para expandir en un futuro los efectos de la amnistía.
El acuerdo sellado entre Moncloa y su socio independentista tras meses de negociaciones apunta a la existencia de un conflicto catalán que se remonta a 2010 cuando el Tribunal Constitucional tumbó algunos de los principales preceptos del Estatut. "La sentencia conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía", reza el texto.
El mismo determina que desde entonces se han ido aprobando diferentes propuestas hasta llegar a la consulta ilegal que organizó el gobierno de Artur Mas tal día como hoy hace ahora nueve años y que le valió una condena de inhabilitación de dos años.
Amnistía a casi una década de procés
Tras reconocer que "estos gobiernos no favorecieron la negociación política", el acuerdo lanza un órdago a la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy en el marco de la consulta impulsada tres años después, en 2017, y que dio origen al conocido como 'procés catalán. La aplicación del artículo 155 de la Constitución que provocó la disolución del Parlament, y el consecuente nacimiento de causas en los tribunales, no han solucionado el conflicto.
Así pues, aunque niega la legalidad del 1-O y de todo lo ocurrido en octubre de 2017, el Gobierno concede a Puigdemont su reclamo de amnistiarlo, de manera que tanto lo juzgado como lo todavía pendiente de juzgar quedará en papel mojado. El texto apela a "desconfianzas" entre ambos socios y a "discrepancias" en la negociación que arrancó tras las generales del 23-J pero termina abriendo la puerta a amnistiar, por primera vez en democracia, todas las causas que se han ido abriendo en los tribunales desde hace cerca de una década.
"La ley de amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social, como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", indica el acuerdo.
Causas y condenas que tumba la ley
El escrito, que firman el 'número tres' de Pedro Sánchez, Santos Cerdán y el secretario general de Junts y uno de los doce condenados por el Tribunal Supremo, Jordi Turull, avisa además de que se abre la puerta a una comisión de investigación a tener en cuenta para acotar la actuación de los tribunales al entorno del independentismo.
"Se tendrán en cuenta en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad", matizan.
Así pues, la amnistía tumbará, en primer lugar, la condena de dos años de inhabilitación que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al expresidente catalán Artur Mas, a su exvicepresidenta Joana Ortega y a la que fuera consejera de Educación Irene Rigau. Del mismo modo decaen las multas impuestas por desobedecer al Tribunal Constitucional de hasta 36.500 euros. El Constitucional confirmó la condena en 2021.
También en el ámbito penal la ley de amnistía afectará también a la condena que dictó el Tribunal Supremo en 2019 contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros 11 líderes más del procés. El Gobierno indultó a nueve de ellos (los penados con cárcel) pero al tratarse de un indulto parcial no se les retiró las inhabilitaciones. La amnistía podría borrar también esta parte de la pena.
El 1-O catalán, CDR, Tsunami...
Del mismo modo la ley tumbará la causa pendiente en el alto tribunal contra Carles Puigdemont y sus exconsejeros huidos de la Justicia Toni Comín y Lluis Puig. El magistrado Pablo Llarena les procesó por delito de sedición pero tuvo que modificar su acusación después de que el Gobierno borrara este delito del Código Penal.
En la actualidad están pendientes de sentarse en el banquillo por desobediencia y malversación. A ellos se añade la recién imputada por terrorismo en la Audiencia Nacional, Marta Rovira, aunque en su caso solo afronta desobediencia. Lo mismo ocurre con la exconsejera y eurodiputada Clara Ponsatí, para quien la Fiscalía pidió a la Sala de lo Penal la apertura de juicio oral por este delito.
También se van a ver beneficiados los hombres de confianza de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía de la Generalitat. El que fuera secretario general de Economía Josep María Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó tienen pendiente sentarse en el banquillo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abriera juicio oral contra ellos por el diseño de toda la estructura del 1-O. La Fiscalía pide siete años de cárcel para el primero y seis para el segundo.
También en el ámbito penal se beneficiarían de la amnistía la causa contra doce CDR acusados de terrorismo y a quienes la Audiencia Nacional acaba de abrir juicio oral, así como el caso de Tsunami Democràtic. Este último ha dado un giro de 180 grados tras la incorporación del informe final de la Guardia Civil que ha propiciado la imputación Carles Puigdemont, la número dos de ERC y una decena más de personas por terrorismo.
Juicio en el Tribunal de Cuentas
Además de las vías penales, la ley de amnistía borraría también la condena en 2018 del Tribunal de Cuentas a Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau. El máximo órgano fiscalizador concluyó que tenían que devolver 4,9 millones de euros utilizados indebidamente en la financiación de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
A todos ello se añade la vista convocada para este próximo vienes 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas por los gastos millonarios del procés. En este caso la Fiscalía demandó a Mas, Puigdemont, Junqueras y otra treintena de exaltos cargos del gobierno catalán por el desvío de fondos para el 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Carles Puigdemont ya ha pedido que se suspenda la vista en la que afrontan una petición de reintegro de más de 5 millones de euros.
Con todo, la alusión en el acuerdo a tumbar también los casos de 'lawfare', entendido como la persecución de jueces a los líderes independentistas, podría abrir la puerta a terminar con algunas causas abiertas contra el entorno del independentismo.
Destacan la abierta contra el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales o la condena del TSJ catalán a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por prevaricación y falsedad documental. Estas causas quedarían a la espera de lo dictaminado por las comisiones de investigación a las que se alude en el acuerdo.
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