El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que el Ejecutivo negocia con ERC la reforma del delito de malversación, como ya adelantó este diario. Eso sí, ha dejado claro, en una conversación informal con periodistas, que no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción. Es decir, que la enmienda que presenten los republicanos no beneficiará a los encausados y condenados por ese delito. El líder socialista ha llamado a fijarse en el "derecho comparado" para aventurar cómo se hará el cambio en el código penal. No obstante, el presidente sigue dejando todo en el marco del debate parlamentario sobre la eliminación del delito de sedición.
Ante la posibilidad de que ERC aproveche la tramitación de la eliminación de la sedición para pedir también que se modifique la malversación, ha insistido en el argumento del Gobierno y del PSOE de que es necesario esperar a que se presenten las enmiendas y el grupo parlamentario socialista las estudie. Hasta ahí nada nuevo. El presidente ha recordado que será el próximo viernes cuando finalice el plazo de presentación de las propuestas de modificación y que será entonces cuando se sabrá si ERC presenta alguna en ese sentido o no.
A la espera de ese momento, lo que ha recalcado el presidente del Gobierno es que no habrá en la tramitación parlamentaria ningún retroceso en las medidas de lucha contra la corrupción política ni en las penas asociadas a ella. Sánchez ha insistido en esa idea cuando se le ha planteado si la reforma de la malversación podría beneficiar al expresidente andaluz José Antonio Griñán. Sánchez ha zanjado que creía haber sido suficientemente claro garantizando que no se retrocedería en la lucha anticorrupción.
Autoenmiendas del PSOE
El presidente ha avanzado que el grupo socialista presentará también enmiendas el viernes a la reforma del código penal por el delito de sedición, pero no ha ofrecido ningún detalle de las mismas y ha emplazado a ese día para conocer su contenido.
La presión sobre el PSOE es grande. También sobre ERC, que tiene que vender la rebaja del delito en Cataluña, donde se la juega políticamente ahora que está en solitario a los mandos del Ejecutivo autonómico tras la salida de Junts. Cabe recordar que algunos de los principales rostros del procés fueron sentenciados por sedición y malversación en concurso medial. Es decir, que necesariamente tuvieon que cometer el delito de malversación para cometer el de sedición, ya que malversaron fondos de la Generalitat para crear las urnas del referéndum del 1 de octubre, entre otros. Pero fuentes socialistas reiteran a este diario lo ambiguo de la definición legal del delito.
El PSOE reconoce que la reforma del delito, que se tapó unos días por los efectos de la ley del 'solo sí es sí', les perjudica. En parte, por las críticas dentro del partido. En Ferraz reconocen que el ruido de algunos barones -los que se han ausentado este martes del Congreso, contrarios a tocar la malversación, obedece a la pulsión interna de los socialistas, que se consideran un partido con capacidad de generar debates internos al margen del criterio de líder.
Revisión de sentencias
En verdad, el Gobierno maneja una bomba de dimensiones políticas incalculables. Y a ERC no le importa hacerla estallar, ya que, fuentes republicanas confirman también esa negociación con Moncloa. Tocar ese delito es una exigencia de los independentistas que persigue beneficiar a los líderes del procés fugados.
Sánchez ha sido contundente con el asunto de Griñán, porque supone la gran amenaza para la moralidad del Gobierno y, seguramente uno de los motivos por los que ha intentado enfriar el asunto. Y es que tocar la malversación, en principio, afecta a algunos políticos. El expresidente de la Junta está a punto de entrar en prisión por la malversación de marras. Y una hipotética reforma que facilite la evasión de la condena a Griñán supondría un escándalo político de dimensiones estratosféricas.
Moncloa no está dispuesta a echar gasolina que alimente incendios. Pero la rebaja de la malversación abre la puerta al estudio de centenares de sentencias que se dictan en diferentes tribunales de España con este tipo penal. Esta modificación legal conlleva un cambio de calado más allá de los asuntos que afectan al procés e implicará una revisión a gran escala de infinidad de fallos dictados hasta el momento.
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