El nuevo Gobierno catalán ha recuperado el plan para sacar sus servidores fuera de la Unión Europea y reconstruir las estructuras paralelas de la llamada república catalana digital, según ha sabido Vozpópuli. Este andamiaje fue desmontado por un decreto del Gobierno de Pedro Sánchez aprobado en octubre del 2019. La norma obliga a que los sistemas de las administraciones públicas de toda España estén situados "en territorio de la Unión Europea". El contenido del decreto fue recurrido por el País Vasco al Tribunal Constitucional.
La Generalitat de ERC y Junts per Cat (JxCat) ha vuelto a las andadas con la idea de almacenar los datos de todos los catalanes en servidores fuera de territorio europeo. Según estas fuentes, la iniciativa demuestra que "su verdadera intención es preparar otro golpe como el del 2017". Y temen que el Ejecutivo esté abierto a revisar la ley en la mesa de diálogo que se abrirá con las autoridades catalanas tras los indultos.
El impulsor de aquel proyecto fue el entonces consejero de Políticas Digitales y hoy vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. El entorno de Puigneró ha declinado responder a las reiteradas preguntas de este diario sobre si trabaja ya en reconstruir la república catalana digital.
El "155 digital" de Sánchez
El Gobierno de Sánchez, por su parte, no ha concretado si está dispuesto a aceptar o no cambios en la legislación en la mesa de diálogo con la Generalitat. Fuentes del Ministerio de Política Territorial explican a Vozpópuli que se constituyó una comisión bilateral entre el Gobierno central y el vasco en febrero del 2020 para modificar el decreto. La pandemia hizo que se prorrogase el plazo de negociación.
El acuerdo, sin embargo, fue imposible. Y el Ejecutivo vasco presentó un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del decreto -entre ellos el de la ubicación de los sistemas-. "El decreto sigue como estaba a la espera que dictamine el Constitucional", aseguran.
El Ministerio de Justicia, por su parte, asegura que ya se han planteado los recursos y se ha respondido al Gobierno vasco. "Lo que se ha contestado todavía no es público", dicen fuentes de Justicia, que han evitado valorar si el decreto será objeto de negociación con el Gobierno separatista catalán.
El Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley 14/2019 "por razones de seguridad pública en materia de administración digital". El independentismo calificó el texto como un "155 digital". La legislación se impulso en las semanas previas a las elecciones generales del 10-N del 2019, cuando Sánchez renegaba del separatismo y pedía el cumplimiento íntegro de la sentencia contra los líderes del procés.
El decreto fracturó a la coalición de Gobierno y fue duramente criticado por los aliados de investidura de Sánchez. De hecho, el Congreso convalidó la norma con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos.
Identidad digital catalana
El concepto de “república digital” es un proyecto que lleva varios años dando vueltas en el seno del gobierno catalán, especialmente en el espacio postconvergente. Puigneró dijo en su momento que “las herramientas digitales eran fundamentales para persistir en la nación catalana hasta el día que sea capaz de controlar el territorio físico”.
El movimiento independentista fundó la web Republicat.cat con la voluntad de dar a conocer su causa en el exterior. El sitio fue registrado en el servicio de un cofundador del portal de piratería The Pirate Bay, ubicado en la isla caribeña de Nieves. El proyecto fue impulsado por Puigneró y se inspiró en un plan de Estonia. El objetivo es crear una red independiente de ciudadanos catalanes conectados virtualmente a través de servidores fuera de suelo europeo. Una red de datos que no pueda ser intervenida como hizo la Guardia Civil en los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre.
Republicat.cat era uno de los programas del Consejo para la República, el organismo privado que Carles Puigdemont dirige desde Bélgica. La web ya no existe al incumplir el decreto del Gobierno. Sin embargo, la página del Consejo para la República sigue ofreciendo la posibilidad de hacer una especie de DNI catalán (Identidad Digital Republicana). Este documento, que cuesta seis euros, no sirve para hacer trámites ante la administración pública catalana.
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