El Gobierno de Pedro Sánchez triplicó en 2021 las subvenciones otorgadas al Consorci per a la Normalització Lingüística, un órgano creado para potenciar el uso del catalán “en todos los ámbitos”. El aumento de las partidas coincidió con la polémica que tuvo lugar en las aulas de Cataluña, cuando el Parlamento autonómico -y posteriormente el Gobierno regional- se negó a acatar la sentencia del TSJC que fijaba el uso del castellano al menos en un 25% de las clases impartidas en los colegios de la región. También en un momento en que Pedro Sánchez y Pere Aragonès negociaban una agenda de asuntos políticos, incluida la cuestión lingüística, en la “mesa de diálogo”.
De acuerdo a los datos que figuran el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido al Consorci per a la Normalització Lingüística subvenciones por valor superior a 1,36 millones de euros.
Se trata de una entidad constituida “a partir de la voluntad común de la Generalitat y de numerosos ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones” con el objetivo de “facilitar el conocimiento, el uso y la divulgación de la lengua propia de Cataluña en todos los ámbitos”, según reza el consorcio en su propia página web.
El Gobierno aprobó en 2019 una concesión para el Consorci per a la Normalització Lingüística por valor de 134.993 euros, según consta en el citado sistema nacional de subvenciones. La partida aumentó hasta los 246.868,47 euros en 2020. Sin embargo, el mayor incremento se registró en 2021, alcanzando una ayuda total de 772.411,83 euros; o lo que es lo mismo, tres veces más que el año anterior. Las subvenciones de 2022 retornaron a valores previos, con 214.344,04 euros.
La polémica del 25%
El incremento tuvo lugar en un momento en que la “inmersión lingüística” cobraba una especial relevancia en Cataluña, con un debate político que pronto se trasladó hasta el Congreso de los Diputados. Tras un recurso presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el TSJC estableció en una sentencia de diciembre de 2020 que todos los centros escolares de Cataluña debían impartir un mínimo del 25% de sus contenidos en castellano.
La polémica se avivó a lo largo de 2021, cuando el Gobierno catalán, bajo la presidencia de Pere Aragonès. Manifestó su falta de disposición de aplicar la sentencia del TSJC, hasta el punto de recurrirla al Tribunal Supremo; este afirmó en noviembre de 2021 que no admitiría recurso alguno y el TSJC declaró firme la sentencia, dando un plazo máximo de dos meses al Ejecutivo regional para que se cumpliera la disposición. El Gobierno catalán, no obstante, mantuvo su postura e impulsó una ley sobre la enseñanza en las escuelas de la comunidad autónoma.
La polémica sobre la inmersión lingüística en Cataluña discurrió de forma paralela a los avances en las negociaciones entre el Gobierno nacional y el regional, en la llamada “mesa de negociación”
La polémica sobre la inmersión lingüística en Cataluña discurrió de forma paralela a los avances en las negociaciones entre el Gobierno nacional y el regional, en la llamada “mesa de negociación”. La primera reunión celebrada en este ámbito tuvo lugar en 2020 entre Pedro Sánchez y Quim Torra, donde ambas partes manifestaron su intención de mantener el “diálogo” con el objetivo de alcanzar acuerdos políticos.
En 2021, el 15 de septiembre, tuvo lugar la segunda reunión de la mesa de negociación. El interlocutor por parte del Gobierno catalán cambió, toda vez que Pere Aragonès ya había asumido la presidencia del Ejecutivo regional. Al término del encuentro, Pedro Sánchez afirmó que las diferencias entre ambas partes eran sustanciales, si bien era necesaria “una propuesta” para “sentar las bases de un proyecto de unión, un proyecto para recobrar afectos y también para compartir un futuro común que solo puede basarse en el diálogo y en la mutua confianza”.
En ese contexto, el Ejecutivo aprobó las concesiones destinadas a potenciar el catalán con fondos por valor de 772.411,83 euros. Según el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, los fondos se repartieron entre ayuntamientos catalanes y el Ejecutivo catalán: la mayor de ellas terminó en manos del Departament d’Igualtat i Feminismes del Gobierno regional, con una partida 500.050 euros firmada el 31 de diciembre de 2021.
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