Yolanda Díaz está desempeñando un papel preponderante en la negociación con Carles Puigdemont. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones tiene línea directa con el expresidente catalán. Y, según ha sabido este diario, sus pasos con el jefe de Junts cuentan con el visto bueno de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista está recurriendo a su aliada como interlocutora para desatascar la negociación con el secesionismo.
"En esta ocasión llevan una estrategia común, a diferencia de lo que pasó en 2020", sostiene un destacado socialista que conoce bien a su secretario general, con el que ha pasado horas negociando. Hace cuatro años, el PSOE tenía aversión a sentarse siquiera con las principales fuerzas independentistas de la Cámara. Y es que fue Unidas Podemos, capitaneado entonces por Pablo Iglesias, el que trabajó por armar esa mayoría progresista que ha dado oxígeno al Ejecutivo de coalición y que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa.
La líder de Sumar, que no entra en detalles sobre el contenido de las conversaciones, tiene un grupo de 20 juristas comandados por el diputado de los comunes Jaume Asens, trabajando desde hace casi un mes para encontrar el encaje legal en la Constitución a una hipotética ley amnistía que ponga fin a la "represión" jurídica de las decenas de excargos de la Generalitat que aún están pendientes de juicio por el procés, incluido el propio Puigdemont. De hecho, la vicepresidenta segunda es quien está llegando más lejos a la hora de hablar de esta solución. "Todo en el derecho es posible", zanja su núcleo directo.
Los tiempos, claves
En Sumar están convencidos de que Junts terminará firmando un pacto que alumbre un nuevo Gobierno de coalición. Pero también, como el mismo Sánchez, saben que hace falta tiempo. Por eso, el presidente en funciones atendió la demanda de tiempo que hizo Alberto Núñez Feijóo para someterse al examen de confianza parlamentaria que afrontará los días 26 y 27 de septiembre en la Carrera de San Jerónimo. El plan inicial del tándem Sánchez-Díaz era lanzar cuanto antes a Feijóo a los leones para quemarle y destrozar su liderazgo. El sueño era abrir una crisis en el PP. Pero la complejidad de las conversaciones con Junts ha hecho virar al PSOE y a Sumar. Más tiempo para Feijóo es darle buenas cartas, sí. Pero también es garantizar que Sánchez podrá intentarlo más adelante con todos los votos que necesita.
En cualquier caso, el mes que resta hasta que el líder del PP se presente en el Congreso, se verá a un PSOE que no va a bajar los brazos. Precisamente el peligro de que sea Feijóo quien acapare el protagonismo es lo que lleva a Sánchez a plantearse dar plantón al político gallego si este le cita para un encuentro de cara a su investidura. Feijóo iniciará el desfile el próximo lunes con todas las fuerzas políticas del Congreso a excepción de Bildu. Los populares quieren poner en un brete al líder del PSOE y mostrarle como el 'perdedor' del 23-J.
El PP, mientras, está decidido a fundir al PSOE con apelaciones a la 'buena conciencia' de sus diputados críticos con los pactos con los independentistas. Algunas federaciones socialistas, como la castellano-manchega o la aragonesa, son sensibles a los coqueteos de Sánchez con los independentistas. Por eso, los populares les animan a romper la disciplina de voto durante la investidura de Feijóo y permitir la llegada del PP a Moncloa. El PSOE lo considera un llamamiento al transfuguismo destinado al fracaso.
El recelo de Bruselas
Mientras, a la espera de conocer los detalles de la amnistía que negocian Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con Carles Puigdemont, hay algo claro: que afectará al delito de malversación de dinero público para sufragar el procés y a la inhabilitación de los representantes públicos que malversaron, un asunto que preocupa a la Comisión Europea y que, según fuentes conocedoras, se cuestionará.
El propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya ha dicho en el Parlamento Europeo que la Comisión Europea está analizando si la reforma del Código Penal para rebajar la sedición y la malversación pactada por Sánchez con los independentistas, y en especial la rebaja del delito de malversación, está en línea con el Derecho comunitario y si puede suponer un riesgo para "los intereses financieros de la Unión".
La Comisión Europea pide que las infracciones penales referidas a soborno, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.
La reforma del Gobierno de Sánchez, que entró en vigor en enero, crea dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinar a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas", con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años. Y un segundo tipo para "la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado", sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación. El Gobierno busca de nuevo que se le encienda la bombilla para que Junts entre por el aro.
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