El Ministerio de Sanidad ha tardado nueve meses en cumplir con el requerimiento del juzgado que investiga las mascarillas 'fake' distribuidas a sanitarios en lo peor de la pandemia. El departamento que dirige José Miñones ha aportado a la causa numeroso material sobre los cubrebocas después de que el magistrado instructor se lo solicitara hasta en dos ocasiones, la última con carácter de urgencia.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que el Gobierno ha entregado al Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid un gran volumen de documentación sobre estas mascarillas, la cual ya ha sido trasladada a la Fiscalía para que emita informe sobre el asunto. El Ejecutivo era el único que quedaba por responder a la petición del juzgado, después de que hicieran lo propio el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST).
En concreto, el juzgado reclamó al departamento que dirigía Salvador Illa que aportara los acuerdos de distribución y entrega a las comunidades autónomas de las mascarillas Garry Galaxi FFP2 N95; unos cubrebocas que el Gobierno adquirió por 31,2 millones de euros a un proveedor chino y que se repartieron entre todo el personal sanitario en los primeros meses de la pandemia.
Mascarillas defectuosas
Del mismo modo se pidió copia de las comunicaciones que Moncloa recibió en abril de ese año de Aragón y Cataluña; las dos comunidades que dieron la voz de alarma sobre el mal estado del material. Finalmente, la Justicia también requirió la documentación recibida de todas las comunidades informando de la retirada de las mismas. El Gobierno ordenó que se dejaran de usar en abril de 2020 al constatar que eran defectuosas y que no cumplían con la normativa europea.
La ausencia de respuesta por parte de Sanidad ha mantenido este procedimiento varado durante cerca de nueve meses. Y ello pese a que la Justicia lo ha reclamado hasta en dos ocasiones. En primer lugar lo hizo la Audiencia Provincial de Madrid, en diciembre de 2022, cuando al frente del Ministerio se encontraba Carolina Darias. En mayo, el magistrado Carlos Valle volvió a recordar al Ministerio de Sanidad que debía proceder a la "urgente remisión" de lo solicitado.
Sanidad tenía pendiente entregar al juzgado información sobre las advertencias de Aragón y Cataluña, que fueron las que dieron la voz de alarma de las mascarillas 'fake', además de la comunicaciones informando sobre su retirada
La actuación contra Illa partió de una querella que interpuso la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el entonces ministro de Sanidad por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El sindicato actuó en el Tribunal Supremo, por su condición de aforado, pero la Sala de lo Penal inadmitió las denuncias y querellas contra los miembros del Gobierno por su gestión en pandemia.
La querella contra Illa
No obstante, remitió a los juzgados ordinarios aquellas que podían investigar la omisión de medidas de seguridad. En este caso, CESM denunció que las mascarillas FFP2 las utilizaron los sanitarios entre los días 5 y 17 de abril y que se produjo una absoluta dejación de funciones por parte del actual líder del PSC en materia de prevención de riesgos ya que colocaron al personal sanitario en una situación de riesgo sin precedentes.
Los denunciantes expusieron que las consecuencias fueron el contagio de covid por parte de muchos sanitarios con perjuicios físicos y morales. De hecho, trasladaron que, en alguno de los casos, se produjo el fallecimiento de facultativos. Al respecto denunciaron que compraron por la vía de urgencia tres lotes cuyo coste definitivo fue de 31,29 millones de euros.
Tras la negativa del alto tribunal a investigar a Illa, la querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. El órgano asumió la querella en agosto de 2021 y, desde ese momento, abrió la puerta a derivar la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la condición de aforado de Illa. Al respecto el magistrado pidió a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia de los juzgados.
El Ministerio Público no respondió a la petición del juez, pero sí pidió el archivo de las diligencias; solicitud que el juez desestimó calificando de "imposible". Eso sí, en noviembre de ese año el magistrado mandó la causa al TSJ catalán, tal y como avanzó este medio, por la condición de aforado del parlamentario catalán.
Reapertura de la causa
El sindicato querellante recurrió la decisión del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid, la cual propició un giro de 180 grados al ordenar que se reabrieran las diligencias. Los magistrados explicaron que con su decisión no se abría la puerta a una investigación prospectiva y que tampoco pretendían "criminalizar la pandemia". No obstante, veían indicios para investigar los hechos puesto que la querella daba "datos concretos" de que se facilitó mascarillas defectuosas.
En concreto informaba de que se utilizaron en algunos hospitales de la Comunidad Valenciana, por lo que "de ningún modo" podía hablarse de una investigación prospectiva. "La recepción de mascarillas 'fake' y su distribución fueron además hechos notorios", recalcó la Audiencia en su auto del pasado mes de diciembre.
En el mismo escrito acordó dirigirse al Instituto de Salud Carlos III, al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Ministerio de Sanidad a fin de que aportaran la documental necesaria para evaluar el alcance penal de la querella. A los dos primeros entes se les pidió que expidieran certificación del resultado del análisis de las mascarillas adjuntando toda la documentación que sobre las muestras y los informes que tuvieran al respecto.
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