El exsecretario general de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Miguel Benito Notario, trabajó asesorando a CLECE, una empresa a la que otorgó 36 millones de euros en contratos cuando trabajaba para la Junta que preside María Dolores de Cospedal. Benito habría vulnerado la Ley de Incompatibilidades al pasar al sector privado ocho semanas después de abandonar su cargo público, según una información que publica este jueves la Cadena Ser.
El último contrato que el exsecretario adjudicó a la empresa está fechado el 12 de diciembre, y tres meses después fue CLECE quien fichó a Benito, quien estaría sujeto al régimen de incompatibilidades vigente en Castilla-La Mancha, que expresa que en los "dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo".
El propio José Miguel Benito ha querido negar que haya incurrido en tal vulneración por haber sido contratado por la empresa, ya que "se trató de un contrato específico y de poco dinero", aunque ha admitido a la emisora que no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario antes de su paso por la Consejería de Sanidad castellano-manchega, donde estuvo un año y medio como secretario general, nombramiento que firmó la propia presidenta María Dolores de Cospedal.
La empresa habría contratado a Benito para un informe jurídico que encargó en abril la filial de ACS al despacho de abogados (Abbigton Abogados) del excargo público para reestructurar la plantilla del Hospital universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid), en el que CLECE gestiona los servicios no sanitarios por encargo del gobierno de la Comunidad. El exsecretario general ha querido puntualizar que no fue él quien realizó el informe sino uno de los cuatro abogados del bufete, aunque reconoce que sí lo facturó él por ser el principal accionista y director del despacho.
Desde la propia Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha han explicado a Vozpópuli que esa persona no trabaja ya para la junta castellano-manchega, y que por lo tanto ya no tienen nada que decir, ya que él mismo ha dicho que no ha vulnerado la ley y además trabaja en otra Comunidad Autónoma.
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