En el Paseo del Prado número 18, lugar donde se ubica la sede del Ministerio de Sanidad, yace el documento de recomendaciones para estas Navidades de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta. El grupo de expertos en Salud Pública y Epidemiología que asesora técnicamente al Ministerio no ha recibido todavía noticias, ni valoración, sobre su documento, como ha podido confirmar Vozpópuli.
El Ministerio que dirige Carolina Darias ha evitado presentar las recomendaciones en las reuniones de la Comisión de Salud Pública -tampoco figura en el orden del día del encuentro de este jueves- y en las del Consejo Interterritorial, y ya apenas falta una semana para la Nochebuena.
Los integrantes de la Ponencia de Alertas siguen haciendo hincapié en la necesidad de tomar medidas no farmacológicas, en línea con las marcadas por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) de cara a la Navidad. Estas medidas incluyen evitar las grandes reuniones públicas o privadas, fomentar el uso de máscaras faciales, reducir los contactos entre grupos de personas en entornos sociales o laborales, impulsar el teletrabajo, ampliar las pruebas diagnósticas y reforzar el rastreo de contactos.
En definitiva, los expertos de Sanidad consideran que las autoridades políticas deben recomendar que no se mezclen personas de diferentes hogares en las celebraciones navideñas. Este debate no está sobre la agenda de comunidades autónomas como Extremadura, cuyo presidente, Guillermo Fernández Vara, criticó públicamente en su cuenta de Twitter la imposición de más restricciones: ¿Alguien se cree que llegados a este momento la evolución de los contagios depende de que haya 6, 8 o 10 en la mesa ?
La misma postura mantiene la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha descartado la imposición de medidas restrictivas en estas fiestas Navideñas, y ha optado por conceder un test de antígenos gratuito a cada madrileño en farmacias.
El resto de comunidades autónomas tampoco parece dispuesto a dar pasos en en el sentido que apuntan los expertos de la Ponencia de Alertas. Las medidas no farmacológicas tienen mala acogida en una población que ha alcanzado altas cotas ya de fatiga pandémica.
Diferencias de criterio
El veto político a las medidas no farmacológicas, salvo el uso de mascarilla y el pasaporte covid, ha llegado para quedarse. La comunicación entre los expertos de la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública, compuesta por los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas, no pasa por su mejor momento.
El primer desencuentro plausible desde que estalló la pandemia se produjo hace escasas semanas con motivo del semáforo covid. La Ponencia de Alertas tenía el nuevo semáforo covid preparado desde septiembre, y el Ministerio de Sanidad no se lo presentó a los dirigentes autonómicos hasta noviembre. Las restricciones en la hostelería que se proponían en el documento generaron un rechazo mayoritario entre las autonomías, por lo que fue devuelto a la Ponencia.
En la siguiente revisión, la Comisión de Salud Pública tampoco dio su visto bueno a las propuestas de la Ponencia, sobre todo en lo referente a las actuaciones de respuesta. Las CCAA aprobaron los nuevos indicadores de alerta pero no las actuaciones propuestas por los expertos de la Ponencia. No solo eso, el rechazo al documento no fue acompañado de las pertinentes explicaciones o argumentos.
Con la entrada en juego de la variante ómicron, la Ponencia de Alertas fue convocada nuevamente por el Ministerio de Sanidad. En aquella ocasión, estos expertos reivindicaron una vez más la necesidad de limitar las reuniones sociales, un aspecto que nunca fue trasladado ni tratado en la Comisión de Salud Pública. Más adelante, se reunieron para hacer una propuesta de medidas preventivas de cara a la Navidad y permanecen congeladas en los despachos del Paseo del Prado número 18.
