Si les digo que este 2023 hemos seguido llevando mascarilla muchos no me creerán. Muchos habrán olvidado que no fue hasta marzo de este año cuando el Gobierno modificó la norma que imponía su uso obligatorio en el transporte público. Fuimos de los últimos países en la Eurozona en suprimir esta medida. La pandemia ha sido olvidada, y ya asimilamos los contagios de covid que se dan a nuestro alrededor con la normalidad de una gripe o un resfriado. Que el coronavirus es cosa del pasado lo prueba que incluso el Ministerio de Sanidad ha presentado ya la auditoría covid que prometió Salvador Illa hace tres años y cuatro ministros.
La covid-19 ha dado poco la lata este 2023, al tiempo que las vacunas han ido pudriéndose en los almacenes del Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha gastado más de 336 millones de euros en dosis contra la covid-19 pese a haber administrado solo 1,7 millones. A esta cifra deben sumarse los 93 millones de euros que el Gobierno ha tirado a la basura por la destrucción de más de seis millones de dosis que han caducado.
El velatorio del coronavirus no sirve para maquillar los problemas que la sanidad española sigue arrastrando desde hace años. El colapso de la sanidad pública es un hecho que demuestran las cada vez más engrosadas listas de espera. La falta de profesionales sanitarios y la avalancha de patologías no atendidas durante la pandemia ha elevado la presión de los hospitales públicos.
Listas de espera disparadas
Los españoles esperan de media 112 días para ser operados desde que son diagnosticados por sus médicos especialistas. Las diferencias entre comunidades autónomas demuestran que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene todavía un desafío importante por delante: alcanzar una atención sanitaria igualitaria. Un madrileño espera de media tres veces menos que un extremeño o que un canario para recibir su intervención quirúrgica.
Madrid (45 días), Galicia (66 días) y País Vasco (68 días) son las comunidades donde menos se tarda en recibir la intervención quirúrgica prescrita. Por el contrario, en Canarias hay que esperar 5 meses para ser operado y 4 para que te atienda un especialista.
El otro talón de Aquiles que la sanidad española no puede seguir ignorando es la Atención Primaria. El último Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apunta que un 75% de los españoles espera de media más de 9 días para ser atendido por su médico de Familia. El Informe del Servicio Nacional de Salud (SNS), en cambio, indicaba que en el año 2019 el tiempo de espera medio era de 5,8 días. Un incremento de 3,68 días en tan solo un lustro. En términos relativos, la subida ha sido de un 63% en los días de espera.
Encontrar médicos de Familia está resultando una labor cada vez más ardua para las comunidades autónomas. Muchos, tras formarse en España, deciden marchar al extranjero en busca de mejores sueldos. A medida que el número de facultativos se reduce, la demanda asistencial aumenta por el envejecimiento de la población. La situación ha conducido a los gobiernos autonómicos a solicitar a la ministra de Sanidad, Mónica García, un Consejo Interterritorial monográfico sobre Atención Primaria.
Crisis de medicamentos
Otro de los retos que deberá afrontar García es la escasez de medicamentos. A medida que pasan los meses la falta de disponibilidad de cientos de fármacos no hace más que aumentar. Tal y como adelantó Vozpópuli, hay 950 presentaciones de medicamentos que presentan problemas de suministro. En la mayoría de los casos, estos fármacos cuentan con alternativas terapéuticas, bien con los mismos principios activos o con otros de mismo resultado. Sin embargo, el Ejecutivo admite que el 22% de los medicamentos que faltan no tienen sustituto, o sea 209 fármacos sin alternativa.
La concentración de la producción en ciertos lugares del mundo (China e India, fundamentalmente), los problemas en la fabricación de medicamentos, la escasez de materia prima y las políticas de precios de medicamentos son las principales causas de la situación. A ellas hay que sumar ahora el conflicto internacional en Ucrania, que ha provocado un incremento de precios en materias primas y energía.
El riesgo de Muface
En los últimos dos años, las 3 aseguradoras que ofrecen servicios en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) acumulan pérdidas superiores a los 340 millones de euros, como afirman fuentes del sector. Alguna, como DKV, amenaza con abandonar el modelo ya que los números no salen. El concierto sanitario con el que funciona actualmente la mutualidad fue firmado en diciembre de 2021, antes de que estallase la Guerra de Ucrania y la consiguiente inflación. Sin embargo, el Gobierno no negociará su modificación hasta el año que viene, coincidiendo con la caducidad del actual.
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