Los efectos de la pandemia siguen haciendo estragos en la sanidad española. Tras un incremento durante las últimas semanas de diciembre de 2023 y principios de 2024, los hospitales y centros de salud han vuelto a quedar en evidencia, dejando en claro la falta de personal y la ineficiencia para dar cabida a la oleada de casos de gripe. Un nuevo revés a un sistema que está en la UCI tras las duras consecuencias del 2020, año donde la caída se pronunció.
Una realidad que los propios datos avalan. Como hemos explicado en Vozpópuli, el tiempo de espera en la Atención Primaria se ha incrementado un 57,2% en tan solo cinco años, pasando de tener un tiempo medio de 5,8 días en el año 2019, a registrar la escalofriante cifra de 9,12 días. No solo eso, sino que los centros de salud no han recibido un solo euro del Gobierno del presupuesto "histórico" que se había planeado destinar para hacer frente a la 'ineficiencia' de algunos centros y de la Atención Primaria.
Un paradigma al que se debe enfrentar la Sanidad, sobre todo viendo el aumento del tiempo de espera y falta de recursos del presupuesto histórico; sin embargo, no son los únicos hilos sueltos que tiene la Administración. La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado que el Ministerio de Sanidad se negó en marzo de 2022 a proporcionar la información reclamada a través del portal de transparencia del precio e impacto presupuestario de Veklury.
"En marzo de 2022, OCU y Salud por Derecho, en nombre de la campaña No es Sano, hicimos diversas peticiones al Ministerio de Sanidad a través del Portal de la Transparencia. En ellas, solicitábamos acceso a los precios reales de una serie de medicamentos nuevos y de alto coste, así a su impacto en el presupuesto público. Entre ellos, de remdesivir, comercializado por Gilead bajo el nombre de Veklury", explica la OCU.
La OCU denuncia la falta de transparencia del Ministerio de Sanidad
En cuanto a la respuesta del Ministerio de Sanidad a la OCU, la entidad se justificó alegando que los precios de dichos medicamentos que se utilizaron para hacer frente a la pandemia eran confidenciales y dejando en evidencia la falta de nitidez que gira en torno a los gastos y la gestión que se realizó durante los años 2020 y 2021.
Una negativa que tiene un segundo actor en cuestión: las farmacéuticas. Tal y como narra la OCU, los contratos del Ministerio de Sanidad y las entidades que suministran los medicamentos tienen un denominador en común que es la opacidad impuesta por la propia industria, es decir, que se desconocen los precios que se negocian entre ambas partes en un alto porcentaje de transacciones que se llevan a cabo.
Ante las trabas impuestas por la Sanidad, la OCU y Salud por derecho llevaron la reclamación al Consejo de Transparencia que les dio la razón y reclamó que se le diera acceso a la información de los precios del medicamento remdesivir. Unas medidas que desembocó en que el Gobierno recurriera a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo, buscando mantener en secreto la cantidad y el presupuesto que se invirtió para tener a disposición de los centros de salud esta inyección.
A pesar de los intentos desesperados de la Administración de mantener en el baúl de los recuerdos el precio del fármaco, la OCU ha aseverado que la sentencia le da la razón: "La sentencia puede aún ser apelada y, por lo tanto, no es aún firme, los argumentos son contundentes: el texto asegura que conocer el precio y el impacto presupuestario de remdesivir no vulnera la protección de los intereses económicos y comerciales, ni aspectos como el secreto profesional, la propiedad intelectual o la confidencialidad, como han alegado en todo este tiempo tanto la compañía como el Ministerio".
En la sentencia que cita la OCU, se hace referencia a otro adagio de la Audiencia Nacional en el que se recalca que dar la información sobre el precio de los fármacos y hacerlo público "supera con mucho el interés particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular".
Una sentencia que se suma a los casos de falta de opacidad en los precios de los medicamentos
Un caso que no es aislado y que se suma al elenco de sentencias a favor de las organizaciones de No es Sano, institución que se dedica activamente a sacar a la luz las cifras y cuentas del Ministerio de Sanidad. Solo hay que ver el ejemplo de la Fundación Civio, uno de los casos más sonados en los que estuvo involucrado. Desde No es Sano se pidió tener acceso al precio y las condiciones de financiación de medicamentos como Luxturna y Zolgensma, procesos que guardan similitudes con el caso de Veklury y que han culminado en decisiones judiciales.
Para terminar, la OCU recuerda otro de los casos donde la el Ministerio de Sanidad declinó la solicitud de acceso a el precio de Kymriah: "Ya en 2018, la compañía Novartis intentó impedir a través de otro recurso contencioso-administrativo que el Ministerio de Sanidad hiciera público el precio de Kymriah, un novedoso procedimiento terapéutico enmarcado dentro de las denominadas inmunoterapias celulares (CAR-T) para tratar la leucemia linfoblástica aguda. En aquella ocasión, el juez señaló que el Ministerio debería haber escuchado a la farmacéutica y conocer sus alegaciones al inicio del procedimiento, por lo que el litigio quedó paralizado por un defecto de forma. En esta ocasión, la balanza sí se ha inclinado hacia el interés público".
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