Un hospital privado de Madrid sí que será compensado económicamente por la puesta a disposición de la sanidad pública de sus recursos para atender la covid en la primera ola. Mientras tanto, uno de Castilla y León deberá asumir él mismo los gastos ocasionados. Una vez más, se pone de manifiesto la desigualdad del modelo autonómico, y mientras algunos territorios sí pagarán a la privada por sus servicios, otros, por el momento, se desentienden.
Según ha podido confirmar Vozpópuli por fuentes de la patronal de la sanidad privada (ASPE), son ya cinco las comunidades autónomas en las que el sector enfila la vía judicial para que se pague o bien el uso de sus recursos contra el coronavirus, o bien su puesta a disposición. Como adelantó este diario, la patronal de la sanidad privada gallega fue la primera en dar el paso y reclama 16 millones de euros por los daños económicos ocasionados.
ASPE elaboró un dictamen jurídico con los pasos a seguir para reclamar estos pagos a las autoridades sanitarias. El primero era hacerse acopio de material probatorio, a continuación cuantificar los daños, y el tercer paso necesario consiste en poner la reclamación administrativa. En este punto se hayan hospitales privados de cinco comunidades: Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. La reclamación administrativa es el paso obligatorio antes de interponer una demanda a las administraciones públicas. Las Consejerías tienen un plazo de 6 meses para estimar o desestimar la reclamación.
En la primera ola, decenas de hospitales privados en toda España se convirtieron en 'hospitales fantasma'
En la primera ola, decenas de hospitales privados en toda España se convirtieron en 'hospitales fantasma' con el decreto por el que la sanidad pública tomaba el mando único de este sector en todo el país. Estos centros debían permanecer abiertos y mantener a todo su personal sin poder acogerse a ERTE mientras, al mismo tiempo, Sanidad prohibía toda actividad sanitaria programada no urgente.
Es decir, todas las consultas con especialistas que no tuvieran la denominación de urgencia fueron suspendidas. En el caso gallego, hubo centros con un 20 por ciento de ocupación durante meses, y con todos los gastos fijos habituales.
En el caso de Murcia, la gran mayoría de empresas han realizado reclamaciones administrativas a la Consejería de Sanidad pero el contexto político de la región ha paralizado el desarrollo de las mismas, según fuentes de la patronal. La misma solución se ha emprendido en Castilla y León, con una reclamación administrativa por los pacientes covid derivados en la primera ola y por puesta a disposición de recursos. De la segunda ola en adelante, la Consejería de Sanidad sí ha establecido acuerdos de colaboración con grupos hospitalarios como Recoletas.
En Andalucía, a pesar de las conversaciones para alcanzar un acuerdo general, no se han producido avances y hay empresas que ha presentado reclamaciones reclamando el pago por la puesta a disposición de recursos en la primera ola de la pandemia.
En Comunidad Valenciana los hospitales privados no están conformes con la cantidad asignada
En la Comunidad Valenciana varios grupos hospitalarios han presentado a su vez un escrito de reclamación conjunto a la Consellería de Sanitat. En esta comunidad autónoma, la consejería que dirige Ana Barceló estableció de manera unilateral el precio por ingreso y atención covid, un precio que los hospitales privados consideran insuficiente. En concreto, se ha determinado con arreglo a lo establecido en la Ley de Tasas 20/2017 de 28 de diciembre de la Generalitat.
Otra de las comunidades donde no se han producido avances en este sentido es País Vasco, donde "las gestiones desarrolladas por las clínicas tampoco se han traducido en acuerdos satisfactorios, si bien se resuelven satisfactoriamente determinados convenios sanitarios". En esta comunidad, sin embargo, no se ha puesto la reclamación administrativa todavía.
La otra cara de la moneda son aquellas comunidades autónomas donde sí ha sido posible acordar el pago de la puesta a disposición de recursos. Se trata de Cataluña, Madrid, Navarra, Canarias y Baleares. La primera en firmar dicho acuerdo fue Cataluña. Como se puede ver, la firma o no de acuerdos en esta línea va más allá del color político de los gobernantes (en Madrid gobierna el PP, en Cataluña ERC y JxCat y en el resto de estas CCAA gobierna el PSOE).
Idas y venidas con la sanidad privada
El Gobierno ordenó a la sanidad privada vía Orden de Sanidad el 31 de marzo la desprogramación de toda actividad sanitaria no urgente-preferente, reduciéndose su actividad por encima del 80 por ciento, y la puesta a disposición de los recursos del sector en toda España a las Consejerías de Sanidad. En aquel momento, el ministro de Sanidad era Salvador Illa.
Obedeciendo a la orden, la sanidad privada mantuvo sus estructuras en funcionamiento y sin posibilidad legal de reducir costes. De acuerdo con ASPE, esta situación derivó en la inviabilidad e insostenibilidad económica de hasta 3.000 centros sanitarios de pequeño tamaño, muy especialmente clínicas sin internamiento.
La patronal reclamó en junio al Gobierno de Sánchez ser considerado en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros. Este dinero iría destinado a "cubrir los costes sanitarios por los servicios asistenciales Covid y no Covid de pacientes derivados a la sanidad privada, y la compensación por los recursos asistenciales, plazas de hospitalización y plazas de UCI puestos a disposición de forma forzosa a las autoridades sanitarias autonómicas, sin poderse ejercer su uso por cada empresa".
La sanidad privada estima en 3.000 las clínicas privadas que quebraron por la primera ola
El silencio de Sanidad llevó al sector a intentar llegar a un acuerdo incluso con el Ministerio de Industria. El Ministerio que lidera Reyes Maroto ejerció de mediador y finalmente el ministro Illa accedió a atender a la sanidad privada. Terminó derivando la negociación a las comunidades autónomas y el resultado, como se puede comprobar, es muy desigual.
Un dictamen jurídico solicitado por ASPE determinó que "el Estado debe asumir su responsabilidad patrimonial por los recursos tomados o por la puesta a disposición de la sanidad privada. La conclusión es que el Estado incurrió en un empleo ineficiente e inequitativo de los recursos sanitarios privados puestos a disposición del SNS debido a su infrautilización, mientras se producía la sobresaturación de centros públicos o se invertía en infraestructuras provisionales de necesidad discutible".
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