El magistrado José Luis Calama Teixeira ha declarado el secreto de las actuaciones en el caso Pegasus. El magistrado, que este mismo martes incoaba diligencias para investigar la denuncia de la Abogacía General del Estado sobre la infección del teléfono de Pedro Sánchez y Margarita Robles, atiende la petición de la Fiscalía y protege estas pesquisas al tratarse de un asunto de carácter sensible "que puede comprometer gravemente la seguridad del Estado".
Del mismo modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ofrece al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa su personación en este procedimiento en calidad de perjudicados, toda vez que son las dos personas del Ejecutivo cuyos terminales habrían sido infectados con el software israelí Pegasus.
El juez explica que esta investigación, iniciada el pasado martes por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, debe permanecer secreta al menos durante el plazo de un mes y se ampara en los supuestos que recoge la Ley al respecto. Según indica, el objetivo es prevenir que se pueda comprometer "de forma grave" el resultado de la investigación así como "manipulaciones dirigidas a obstaculizar" la causa y frustrar el fin de la misma, máxime teniendo en cuenta que afecta a cuestiones secretas sobre el CNI.
Infección con Pegasus
De hecho, el juez precisó el martes que, junto con la denuncia interpuesta por los servicios jurídicos del Ejecutivo, se aportó también un informe con fecha de 30 de abril del Centro Criptológico Nacional en el que se daba cuenta de que los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa se infectaron con Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021. Así, fuentes de Moncloa precisaron que a Sánchez le extrajeron un volumen de información de 2,6 gigas en la primera intervención y 130 megas en la segunda. A la titular de Defensa, por su parte, nueve megas.
El CNI precisó en sus informes remitidos a la Audiencia Nacional que el hackeo al teléfono del presidente del Gobierno se produjo el día 19 y 31 de mayo del pasado año. Aunque el Ejecutivo apuntó a un "ataque externo", un informe sobre Pegasus publicado por el diario The Guardian señala a Marruecos como posible autor de estos ataques.
Marruecos y el caso Ghali
Cabe destacar que el espionaje a los móviles de Sánchez y Robles coincidió en tiempo con la crisis desatada en la frontera de Ceuta por la avalancha de inmigrantes impulsada por Marruecos. De hecho, la primera de las infecciones se produjo apenas 48 horas después de la entrada masiva de inmigrantes, que se produjo en respuesta a la recepción de España del líder de Frente Polisario, Brahim Ghali.
La filtración en prensa de la presencia del activista saharaui en un hospital de Logroño provocó una fuerte crisis con Rabat que llegó a dar por rota la confianza con España. El segundo hackeo se produjo el 31 de mayo cuando Pedro Sánchez compareció en rueda de prensa para responder a las acusaciones de Marruecos. El presidente del Gobierno contraatacó apuntando que era una reacción "absolutamente inadmisible" y reprochó que utilizaran la inmigración en respuesta a la gestión del caso Ghali.
Revelación de secretos
Aunque los hechos se produjeron el año pasado, no se tuvo constancia del asunto hasta este mismo lunes cuando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció en una rueda de prensa convocada de urgencia los hackeos a los móviles de Sánchez y Robles con Pegasus. El ministro explicó que no eran sospechas, sino evidencias, y adelantó que la Abogacía General del Estado ya había presentado denuncia ante la Audiencia Nacional.
La misma entró en el Juzgado Central de Instrucción número 4, si bien se envió a reparto porque, de acuerdo con las normas de la Audiencia Nacional, el juzgado de guardia solo puede estudiar aquellos hechos ocurridos durante el transcurso de la guardia de dicho juzgado o, al menos, de las 24 horas del viernes anterior. De esta forma Decanato recibió la denuncia y la repartió siguiendo los cauces establecidos. Se da la circunstancia de que el escrito recayó en el mismo juzgado.
El magistrado incoó diligencias el martes tras constatar que la competencia para investigar estos hechos era de la Audiencia Nacional y que, de los mismos, se podría inferir la posible comisión de un delito de revelación de secretos. Del mismo modo dio traslado a Fiscalía para que se pronunciase sobre las diligencias a practicar. El Ministerio Público respondió este miércoles en un escrito en el que, además, pidió al juez que declarase el secreto de las actuaciones al tratarse de una materia que afecta a la seguridad del Estado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también reclamó que se ofrecieran acciones al presidente del Gobierno y a la titular del departamento de Defensa al considerarles perjudicados directos de los hechos. El magistrado Calama ha accedido a estas dos solicitudes. Acuerda el secreto de la causa pero sin perjuicio de que el resultado de las diligencias que acuerde durante este periodo pueda ser conocido posteriormente. El objetivo es, según dice, evitar "cualquier merma del derecho de defensa".
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