"Con preocupación y expectantes". Así contemplan desde el Tribunal Supremo la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo para derogar el delito de sedición y reducir su castigo a un máximo de cinco años de cárcel. Fuentes jurídicas y fiscales prefieren optar por la "precaución" ante los importantes cambios que recoge la proposición de ley, pero lamentan que se ha priorizado la "conveniencia" política, "por encima de la legalidad".
Aunque era público y notorio el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de rebajar las penas del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés, la presentación en el Congreso de la proposición de ley este viernes pilló desprevenida a buena parte de la cúpula del Poder Judicial, que entiende como una maniobra política la derogación de la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados.
"No tiene ni nombre. Es el más puro oportunismo político", rezan algunas voces consultadas por Vozpópuli y añaden: "No nos van a condicionar". La reforma legal, que se tramitará por la vía de la urgencia al tratase de una proposición de ley, acarrea un beneficio indudable tanto para los condenados por la causa del procés, como para los políticos fugados que están reclamados por el Tribunal Supremo.
Es el más puro oportunismo político. La conveniencia por encima de la legalidad
Sin embargo, las voces consultadas discrepan en lo que respecta a la lectura final que se haga de esta modificación legal. La última palabra la tendrán los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgaron y condenaron a 12 de los procesados por la deriva soberanista en Cataluña. Nueve de ellos (los condenados a delitos de sedición y malversación) fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2021.
La medida de gracia hacía decaer las penas de cárcel, pero no tanto las inhabilitaciones. "Se consideran que no se dan las circunstancias personales que justificarían esta medida", rezaba el informe del indulto de Oriol Junqueras. Para él especificaban que no podría desempeñar cargo público hasta que cumpliera los 13 años de inhabilitación, fecha que vencía el 5 de julio de 2031.
"Se mantendrá la inhabilitación"
A falta de saber cómo se le aplica la rebaja del delito de sedición, lo que está claro es que el exvicepresidente de Cataluña y líder de ERC volverá a la carrera política antes del límite fijado. No obstante, hay dudas sobre la fecha concreta. La derogación de la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados implica que la pena más alta ya no será de 15 años, sino de cinco. Las inhabilitaciones pasarán de 3 a 5 años aunque para las autoridades (como es el caso) la cifra aumenta de seis a ocho años.
Algunas voces consultadas consideran que su condena de sedición en concurso medial con malversación perjudica su horizonte. La Ley estipula que cuando se produce un delito en concurso medial con otro (como es el caso) se aplica aquel que tenga las penas más graves. Teniendo en cuenta que la sedición directamente se deroga, éste será la malversación. En su tipo agravado (al superarse los 250.000 euros de desfalco a las arcas públicas) la inhabilitación podría alcanzar hasta los 20 años. "Se mantendrá la pena de inhabilitación", rezan las fuentes consultadas.
Primero sedición ¿Y luego malversación?
No obstante, también se baraja otro marco más halagüeño para los condenados por el procés. Algunos expertos entienden que la derogación de la sedición haría muy complicado mantener el delito de malversación. La figura sustituta, desórdenes públicos agravados, tiene difícil encaje en el relato de unos hechos que apuntan a la ruptura del orden constitucional. Así, de decaer el delito principal, sería muy difícil mantener la malversación cometida, en tanto los independentistas se valieron de fondos públicos para acometer la prometida independencia de Cataluña.
Con todo, este escenario solo afectaría a los condenados por ambos delitos (Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa). Los cinco restantes (entre ellos la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell) verán limitada su inhabilitación a un máximo de ocho años. Si se les aplicara la horquilla menor, de seis años, podrían haber cumplido condena de cara a las elecciones municipales de 2027.
No obstante, el acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno podría implicar también más cambios en el Código Penal. Las fuentes consultadas no descartan que, tras derogar la sedición, el siguiente paso sea una modificación del delito de malversación de caudales públicos. En este caso, de producirse, los líderes independentistas quedarían prácticamente exonerados de haber convocado un referéndum ilegal y declarado la república de Cataluña.
Además, este cambio beneficiaría especialmente a los políticos fugados de la Justicia (con Carles Puigdemont a la cabeza). El expresidente catalán y dos de sus consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí tienen pendiente sentarse en el banquillo de los acusados por estos dos delitos. También lo harán Lluis Puig (que afronta desobediencia y malversación) y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esta última es la que resultaría más beneficiada con la derogación de la sedición, ya que es el único delito por el que se le reclama. Las penas de prisión que afrontaría, en caso de retornar y ser juzgada, serían de entre tres y cinco años.
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