La Comisión de Justicia del Senado ha pedido al Gobierno elaborar un informe sobre el delito de ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal para, en su caso, derogarlo o modificarlo sustancialmente de acuerdo a la jurisprudencia europea.
Todos los grupos, menos el PP y Vox, han votado a favor de una moción de la Izquierda Confederal para revisar el artículo 525, que pena con multa de ocho a doce meses a los que, "para ofender los sentimientos de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias".
La moción, que ha sido modificada con una enmienda transaccional de los grupos, pide al Gobierno un informe sobre el tipo penal y su adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "a la sensibilidad social del momento", y reclama impulsar los trámites para "la modificación sustancial o derogación del artículo".
"Anacronismo"
El encargado de defenderla ha sido el senador de Compromís Carles Mulet, quien ha denunciado que este artículo que regula la "blasfemia" es un "anacronismo" que sirve para que determinados grupos reaccionarios impartan el "terrorismo judicial contra quienes no piensan como ellos" y ha apostado por derogarlo. Para Mulet, el artículo es "una rémora" que "no tiene sentido en un Estado aconfesional", más propio de "un Estado teocrático".
El senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo ha recordado que la Constitución ya protege el derecho a la libertad ideológica, con lo que no cree necesario que un tipo penal castigue "los insultos a los sentimientos religiosos". A su juicio, "la libertad de expresión no debe restringirse para proteger sensibilidades religiosas", pero sí se debe castigar a quienes "de manera grave perturben el orden público y llamen a la violencia".
Ciudadanos también ha votado a favor, aunque no quiere derogar el artículo. Su senador Miguel Sánchez López, ha defendido "firmemente" la libertad de expresión, pero ha apuntado que "no debe amparar determinadas conductas ofensivas contra los sentimientos religiosos".
Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista, Josep Maria Cervera ha defendido que la penalización "choca contra la libertad de expresión" y, en nombre del PNV, Imanol Landa ha indicado que habría que revisar un tipo penal que tiene "un alto grado de subjetividad", puesto que es "difícil objetivar la lesión de un sentimiento".
En contra han votado el PP y Vox. La senadora popular Cristina Ayala ha denunciado las "frecuentes" faltas de respeto a la religión católica, y el de Vox, José Manuel Marín, ha afirmado que "si la blasfemia es libertad de expresión, entonces la corrupción es economía de mercado". Marín ha asegurado que "la identidad europea está estrechamente ligada al cristianismo" y ha considerado que el derecho a la liberta religiosa debe ser un límite a la libertad de expresión.
La Comisión ha aprobado también una moción defendida por el PP para estudiar al posible inclusión en el Código Penal de un tipo específico para castigar el intrusismo sanitario. Y ha instado al Gobierno a incorporar en la ley de enjuiciamiento criminal medidas de la guía de buenas prácticas diseñada por el Consejo General del Poder Judicial para tomar declaración a las víctimas de la violencia de género, de modo que no sufran "maltrato institucional" y no vuelvan a sentirse humilladas.
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