La SEPI ha trasladado al juzgado que investiga el rescate de Plus Ultra que la compañía ha saldado sus deudas en relación con los intereses pendientes por el rescate de 53 millones de euros. El holding público sostiene que la mercantil ha cumplido con el calendario pactado y ha abonado 884.222,22 euros en calidad de intereses de la ayuda pública millonaria, de manera que, a día de hoy no tendría saldos pendientes de esta partida.
Así consta en un certificado del holding público, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que se hace alusión al calendario pactado a fecha de 12 de marzo de 2021 con la aerolínea. El Juzgado de Instrucción número 15 incorpora el aviso en un momento clave de la causa ya que la magistrada Esperanza Collazos estudia si seguir adelante con las diligencias o bien atender la petición de Plus Ultra, avanzada por este diario, de anular su imputación por acordarse fuera del plazo de instrucción.
A fecha actual y de acuerdo con los antecedentes, Plus Ultra no presenta ningún saldo vencido pendiente de reembolso
La SEPI respalda de este modo a la aerolínea, la cual está bajo el foco de la Justicia por el rescate de 53 millones que, según sostienen las acusaciones, se otorgó sin que cumpliera todos los requisitos exigidos por el Gobierno. El documento, por su parte, recoge que Plus Ultra ha saldado su deuda por los intereses de la ayuda. Al margen quedaría la devolución del rescate que se divide en un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones de euros.
Tres días antes de vencer el plazo
La directora Económico-Financiera del hólding, María Jesús Álvarez González, que firma la carta ,explica que este importe corresponde a la liquidación de intereses realizada por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Plus Ultra devolvió lo acordado en fecha 11 de marzo de este año, es decir, tres días antes de que venciera el plazo otorgado. "A la fecha actual y de acuerdo con los antecedentes, Plus Ultras Líneas Aéreas S.A no presenta ningún saldo pendiente de reembolso", reza el certificado.
La entrega del papel viene a cumplir con lo ordenado por el juzgado hace unos meses en aras a recopilar información mensual de la aerolínea. En concreto, Collazos reclamó a la SEPI que, en los primeros cinco días de cada mes, aportara datos determinantes de la aerolínea como la cuenta de resultados, los flujos de caja, el detalle de las obligaciones o contingencias no recogidas en el balance o cuestiones de índole laboral. El objetivo es hacer un seguimiento sobre el control de la firma.
Cabe recordar que la causa se sigue no solo contra Plus Ultra -a quien se le citó como imputada el pasado 25 de mayo- sino también contra los miembros del Consejo Gestor de la SEPI que validaron las condiciones para entregar a la compañía 53 millones de euros. El juzgado, tras admitir a trámite una denuncia de Manos Limpias y posterior querella de Vox, decidió reclamar todo tipo de información fiscal, bancaria y de la compañía en aras a esclarecer si cumplía todos los requisitos para ser considerada como empresa estratégica afectada por la crisis del coronavirus.
Frente al criterio de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado (que defiende al Consejo Gestor de la SEPI) se encuentran las acusaciones. Las mismas entienden que el holding cometió delito de malversación y falsedad documental al autorizar la ayuda que acabó concediendo el Consejo de Ministros. Apuntan, al respecto, que la compañía no cumplía con todos los requisitos exigidos y la vinculan, además, con capital de empresarios venezolanos de la órbita de Nicolás Maduro.
La firma -que ha demandado en los tribunales a Vozpópuli con 4,6 millones de euros por informar de este rescate y de su deriva judicial- mantiene que no hubo tacha alguna en la concesión de la ayuda. Plus Ultra se ampara en los informes del asesor legal y financiero de la SEPI que concluyeron que era merecedora de esta inyección millonaria de fondos públicos. Con todo, la magistrada accedió el año pasado a que un perito independiente, ajeno a la causa y designado por el juzgado, analizase sus cuentas para confrontar el criterio de la SEPI.
El caso Plus Ultra, en el aire
El resultado no fue el esperado para la compañía ya que los expertos indicaron que el plan de viabilidad trazado entre Plus Ultra y la SEPI era demasiado optimista. Además, vislumbraron tres supuestas irregularidades que les hicieron concluir que la empresa, a fecha de 31 de diciembre de 2019, estaba en causa de disolución. La fecha en cuestión es clave ya que es el año previo a la crisis del coronavirus y el Ejecutivo exigía que las empresas tuvieran las cuentas saneadas a cierre de ese año.
El perito del juzgado alertó de tres aspectos concretos: las provisiones de 1,8 millones de euros por pleitos judiciales (que según los expertos deberían haber tenido reflejo en el patrimonio neto a fecha de enero de 2020); la canalización de un préstamo en 2017 en un paraíso fiscal y una incorrección de 6,3 millones de euros en las cuentas de 2019. Sobre este punto expuso que se anotó un beneficio de este importe con la venta de un avión cuyo valor contable era de 2,66 millones. La operación se produjo para saldar una deuda cercana a los 9 millones de euros con unos "bonistas".
Por todos estos motivos la magistrada imputó a la aerolínea y la citó a declarar para el pasado 15 de junio, tal y como avanzó este medio. Sin embargo, accedió a suspender la citación a petición expresa de la aerolínea que en su escrito aseguró que la diligencia se acordó fuera del plazo de instrucción y que, por tanto, era nula. Según alega, la instrucción de la causa venció a comienzos de abril sin que la magistrada acordase su prórroga por medio año más y, por ese motivo, todas las diligencias que se acordasen después de esa fecha, tendrían que dejarse sin efecto.
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