El portavoz y secretario de comunicación del sindicato de los Mossos d'Esquadra SPC, David Miquel, ha presentado este lunes una querella criminal por presuntos seguimientos de los que fue objeto por parte de este cuerpo policial, dirigida al juzgado de instrucción de Barcelona que por turno corresponda.
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, va contra los funcionarios de los Mossos que pudieron realizar dichos seguimientos y elaboraron los informes, así como a quienes dieron las órdenes, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos.
La presenta a través del abogado José María Fuster-Fabra, y con esta ya suman siete querellas criminales presentadas por este despacho por el presunto espionaje de los Mossos: una del propio abogado; otra del exlíder de SCC José Ramón Bosch; otra del secretario general del SPC, David José, y su hijo menor de 15 años; otra de su exmujer; otra de la Plataforma Barcelona con la Selección y la del periodista Albert Castillón.
En su querella, David Miquel recoge la información publicada en 'El Periódico' que se hace eco de un informe de la Policía Nacional entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sobre los informes y documentos intervenidos que iban a ser destruidos por los Mossos en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
En este oficio policial aparecía reseñado un documento en el que se citaba a Miquel, por lo que ahora la querella se presenta contra quienes vigilaron al sindicalista, ya que estos seguimientos suponen "tal gravedad que pueden incluso vulnerar el derecho de defensa de los afiliados que representa".
La querella destaca que Miquel ha actuado en defensa de los intereses y derechos de los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra afiliados a su sindicato, "interviniendo en multitud de casos comprometidos, relevantes y muchos de ellos de gran trascendencia pública".
"El SPC se ha caracterizado por su posición independiente y cuando ha hecho falta crítica respecto a cuantas tomas de decisión significaban apartarse de la estricta labor policial y la obediencia al ordenamiento jurídico", defiende. También apunta a que el sindicato denunció en 2013 un ataque informático en sus bases de datos del que se obtuvieron datos personales de 421 funcionarios policiales.
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