El reparto de propaganda para el 8-M por parte del Sindicato de Estudiantes y de la asociación Libres y Combativas, cuya portavoz estatal es Ana García, ha derivado en polémica. Las integrantes de la asociación han acusado a una vicerrectora universitaria y a su equipo de tratarles como "en los peores tiempos del franquismo". En concreto, la trifulca ha tenido lugar en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
Las citadas plataformas habían instalado una mesa para hacer un llamamiento a participar en la huelga estudiantil feminista que se celebrará con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Al poco rato la seguridad privada contratada por la universidad y el personal de Relaciones Institucionales ha tratado de echarnos del campus con una actitud chulesca y amenazadora hacia nosotros", denuncian las organizaciones.
Según las mismas, la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Laura López de la Cruz, terminó interviniendo ante su negativa a dejar de repartir propaganda y lo hizo "con una actitud acosadora, amenazándonos con las consecuencias de nuestro comportamiento". "Planteó que si permitía que siguiéramos con el reparto de propaganda feminista, también tendría que permitir que pusieran mesas grupos fascistas", narran desde el sindicato.
¿Cómo es posible comparar información sobre la huelga del 8M, que reivindica el fin de la desigual, la opresión y la violencia hacia las mujeres, con la propaganda nazi, machista, racista y LGTBI-fóbica?
Y lanzan una batería de preguntas: "¿Cómo es posible que un rectorado que tanto se jacta de la lucha por la igualdad y el feminismo nos compare con los fascistas para impedirnos hacer nuestra labor informativa? ¿Cómo es posible que se compare información sobre la huelga del 8 de marzo, que reivindica el fin de la desigual, la opresión y la violencia hacia las mujeres, con la propaganda nazi, machista, racista y LGTBI-fóbica que proclama justo lo contrario? ¿Cómo puede ser lo mismo luchar por avanzar en derechos e igualdad que pretender hacernos retroceder a base de miedo, palizas y asesinatos?".
Las integrantes de las organizaciones cuentan que, ante su insistencia sobre el derecho del alumnado a ser informado, la vicerrectora siguió presionando y rodeándonos, junto con el personal de seguridad, tratando de amedrentarnos. "Ante las continuas amenazas y la situación intimidatoria le trasladamos que íbamos a denunciar públicamente estos hechos y ella nos respondió que ella nos denunciaría por acoso", apuntan.
Otras polémicas con el Sindicato de Estudiantes
La historia parece venir de atrás. El sindicato y la organización Libres y Combativas, afín a Unidas Podemos y receptora de subvenciones por parte del Ministerio de Igualdad, aseguran que no es la primera vez que la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Pablo de Olavide les amenaza.
"Hace unos meses trató de impedir que repartiésemos nuestras hojas con la excusa de que tenía que revisar su contenido ideológico", critican. "¿Cómo es posible que en la UPO se trate a las organizaciones estudiantiles como en los peores tiempos del franquismo?", insisten a través de un comunicado oficial.
Tras referirse a la vicerrectora López de la Cruz como "funcionaria", las miembros del sindicato afirman que esta última "intenta pisotear nuestra libertad de expresión y nuestros derechos como estudiantes, por los que tanto hemos luchado". "La vicerrectora debe ser apartada inmediatamente de su cargo por estas actitudes autoritarias, machistas e intimidatorias, completamente incompatibles con la democracia", reclaman las jóvenes.
Frente a sus intentos de represión al movimiento estudiantil y feminista -continúan- tenemos que responder con fuerza: "Hay que compartir masivamente el panfleto que el rectorado no quiere que leamos".
Vozpópuli se ha puesto en contacto con la institución para conocer la versión de lo ocurrido este lunes, pero aún no ha obtenido respuesta.
En los últimos meses estas asociaciones han promovido y participado en distintas protestas como el escrache a Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Complutense de Madrid o la concentración contra los residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja tras la polémica por los gritos machistas.
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