El Gobierno impugnará la consulta alternativa del 9 de noviembre argumentando que la Generalitat mantiene la pregunta a los catalanes acerca de si se quiere que Cataluña sea un Estado y que se ha implicado a la Administración catalana con instrucciones a los funcionarios o a los Mossos, aunque no figuren en ninguna orden oficial, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo está a la espera del informe urgente del Consejo de Estado para ver cuál es la vía jurídica que se utiliza para recurrir el "proceso de participación ciudadana" al que apela el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado -que preside el expresidente de las Cortes Landelino Lavilla- aprobará este jueves ese dictamen que le ha solicitado el Gobierno sobre la legalidad de la nueva consulta soberanista convocada por la Generalitat, una vez que la original está suspendida por el Tribunal Constitucional.
En este proceso, es obligatorio que el Gobierno cuente con dictamen del Consejo de Estado, dictamen preceptivo pero no vinculante y que puede ser favorable o no al recurso. Si este documento es aprobado el jueves y remitido al Ejecutivo, el Consejo de Ministros podría decidir el recurso en su reunión de este viernes.
Las dos patas en la que se basará la impugnación
En relación con el primer eje de la impugnación que prepara el Ejecutivo, las fuentes consultadas han recordado que se mantiene la doble pregunta acordada el pasado mes de diciembre por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?", y en caso afirmativo, "¿Quiere que este Estado sea independiente?".
En segundo lugar, el Gobierno argumentará cómo la Generalitat se está sirviendo de la Administración para su consulta alternativa. El Ejecutivo ha seguido muy atento los pasos que ha dado estas semanas la Generalitat con diversas instrucciones a funcionarios o Mossos, la difusión de vídeos animando a participar el 9-N o incluso la creación de un registro de votantes.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya dijo esta semana que la Abogacía General del Estado está estudiando "las instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios", para ver si tienen "fuerza probatoria suficiente" para incorporarlos a un expediente de impugnación.
Puede haber fraude de ley
El Gobierno considera que "puede haber un cierto fraude de ley", en el sentido de que "se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo", en palabras del ministro de Justicia.
Según el Ejecutivo, se habla de "proceso participativo" pero en realidad se quiere hacer un referéndum ilegal. El propio Consejo de Estado ya dejó claro en su dictamen que la Generalitat no puede utilizar los artículos de la Ley de Consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para "otro tipo de cosas", según recordó recientemente la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
