Sumar, integrado en el Gobierno de coalición, y los partidos ERC y BNG, cuyos votos fueron necesarios para negociar la legislatura de Pedro Sánchez, ponen en el punto de mira al Ministerio de Defensa tras suscribir un contrato con una empresa israelí por valor de 207 millones de euros para la provisión de sistemas láser en aviones de combate. Estas formaciones exigen explicaciones sobre la adjudicación, entre acusaciones de “genocidio” contra el país hebreo y presiones para cortar todo tipo de relación comercial en el ámbito militar, tal y como consta en una batería de iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados.
El contrato al que hacen referencia Sumar, ERC y BNG se formalizó el pasado 26 de febrero, según consta en la documentación incorporada al procedimiento. Se trata de un acuerdo marco para la adquisición de un “designador para Sistemas de Combate Aéreo” valorado en 207 millones de euros.
Este sistema, bautizado con el nombre de Litening V, permitirá mejorar las capacidades de los nuevos 45 Eurofighter que se incorporarán al Ejército del Aire en el marco de los programas Halcón I y II, llamados a sustituir otros cazas de combate actualmente en uso y que están al límite de su obsolescencia. El designador mejorará las capacidades de detección e identificación de las aeronaves.
Los informes de la adjudicación, que se negoció sin publicidad -abordando directamente las condiciones con las empresas invitadas-, revela que la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, órgano encargado del procedimiento, recibió dos propuestas para el suministro del sistema Litening V.
Finalmente se le adjudicó a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems LTD por ser “la única capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico”: “Se han negociado mejoras de interés para la administración”, detalla la documentación.
Presiones a Defensa
La adjudicación ha levantado ampollas entre los citados partidos, que han registrado una serie de iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados exigiendo explicaciones al Ministerio de Defensa. “¿Por qué firma el Gobierno un contrato con una empresa de tecnología militar israelí cuando el propio Gobierno español ha declarado públicamente que está suspendido el comercio de armas con el Estado de Israel?”, interpelan desde Sumar.
La formación dirigida por Yolanda Díaz y que forma parte del actual Gobierno de coalición pregunta a Moncloa si “no cree que comprar material bélico al Estado de Israel ayuda a sostener el genocidio perpetrado en Gaza”.
En términos similares se expresa desde ERC, que plantea “interrogantes éticos y morales” sobre esta adjudicación, al asegurar que el designador adquirido se ha empleado en los bombardeos sobre Gaza. “¿Cómo explica el Gobierno esta millonaria adquisición con una empresa israelí a pesar del posicionamiento público oficial reiterado en contra de los intercambios comerciales de armamento para con el país de Oriente Medio?”, señalan los republicanos.
Más extensa es la iniciativa registrada por el BNG, quien asegura que “no es congruente que se hagan llamamientos a la ayuda humanitaria al tiempo que el Gobierno español mantiene el comercio de armas con Israel mientras continúa con el genocidio sistemático y planificado de la población palestina”.
“¿Es consciente -formulan los nacionalistas gallegos- de que este tipo de armamento fue empleado por el Estado sionista en los constantes bombardeos sobre la población palestina en la Franja de Gaza, hecho que emplea como reclamo para lograr más ventas con el marchamo de ‘testado en combate’?”. También piden explicaciones sobre la adjudicación a Rafael y los criterios seguidos en el procedimiento.
Contratos anteriores
El contrato objeto de las iniciativas no es el primero que se tramita con una empresa israelí desde el pasado 7 de octubre, fecha en la que Hamás lanzó el ataque terrorista que propició la actual ofensiva militar del gobierno de Benjamin Netanyahu sobre la Franja de Gaza.
Como contó Vozpópuli, el Ejército de Tierra también adjudicó a otra israelí, en este caso Elbit Systems, la compra de elementos relacionados con la Clase IX del mortero embarcado Cardon, un sistema de armamento que permite hacer fuego a bordo de vehículos del cuerpo militar, como lo son los VAMTAC.
Fuentes del sector consultadas por Vozpópuli detallan que la prohibición de comercio armamentístico con Israel se traduce en el cierre de las exportaciones de España al país hebreo, al entender que incumplen la legislación supervisada por la Secretaría de Estado de Comercio relacionada con las ventas de material de defensa y doble uso.
No obstante, las Fuerzas Armadas españolas -al igual que otras occidentales- basan algunos de sus sistemas en tecnología desarrollada por Israel. El mantenimiento o la incorporación de sistemas considerados como indispensables pasan ineludiblemente por la adjudicación a empresas radicadas en este país.
Un extremo que no satisface a Sumar y a los partidos que sostienen la presente legislatura, que exigen el cese de toda relación con Israel en el sector armamentístico, y que ponen en el punto de mira al Ministerio de Defensa tras la adjudicación a la empresa Rafael para la incorporación del sistema Litening V.
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