Distintas asociaciones judiciales han recordado que el criterio de los fiscales -a raíz del decreto de la Fiscalía General del Estado- con respecto a las revisiones de condena por la ley del 'solo sí es sí' no es vinculante para los magistrados. Con ello, estas asociaciones defienden la independencia de los magistrados en su toma de decisiones.
Esta respuesta se produce contra el dictamen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que los fiscales den "una respuesta uniforme" a las revisiones de condenas firmes suscitadas por la entrada en vigor de la ley. Así, ha establecido que no se modificarán cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal, evitando la rebaja "automática" de condenas.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el miembro ejecutivo Juan José Carbonero ha declarado a Europa Press que aunque los jueces deben estar "a todo lo que informen las partes, lo normal es que los informes" del Ministerio Fiscal "no sean vinculantes salvo en determinados supuestos, como en el caso de medidas provisionales de prisión". Carbonero ha señalado como "normal" que el Fiscal General del Estado dicte este tipo de decretos, pero también que "llama la atención" cómo el criterio adoptado sigue una línea distinta al informado en algunos casos por parte de los fiscales.
El presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, se ha pronunciado de manera similar. Considera que los que "tienen que resolver" las revisiones de los fallos "son los jueces". El resto, continúa, "son instrucciones de obligado cumplimiento para los fiscales pero que no vinculan a los jueces y no tienen eficacia jurídica". Portillo reconoce que esa directriz de FGE puede suponer que "a partir de ahora haya más oposiciones a revisiones de condena que hasta ahora". "Pero al final quien tiene la decisión es cada juez en su juzgado. No necesariamente cambia nada. Puede haber algún conflicto, pero es una cuestión interna que no trasciende a la decisión del juez", ha apostillado.
El criterio del Supremo
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el portavoz Jorge Fernández Vaquero ha asegurado que si bien no tienen una posición per sé sobre instrucción marcada por la FGE, que ha "considerado oportuno dictar un decreto que está dentro de sus funciones". "Es normal que quiera asegurarse que la actuación de la Fiscalía responda a criterios de unidad. No tenemos nada que decir, forma parte de lo normal. Quizás la disparidad en las sentencias es lo que ha motivado esto. Es un decreto como solución provisional, de urgencia, antes de elaborar una instrucción técnica que necesita a la Junta de Fiscales", ha detallado en declaraciones a Europa Press.
Finalmente, por parte de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la portavoz Ascensión Martín, ha apuntado que el decreto de FGE "solamente vincula a los fiscales". Los jueces, afirma, siguen "esperando las indicaciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo".
El contenido del decreto
El decreto en cuestión apunta a que, "como regla general, no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma". De forma simplificada: que no se rebajen las penas a condenados si la que les afecta está vigente en la ley del 'solo sí es sí'.
Así, indica que la revisión solo procederá "cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal".
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