La aplicación de la ley del 'solo sí es sí' ha dejado hasta la fecha más de medio centenar de rebajas de condenas. Prácticamente todas las comunidades autónomas han reducido las penas a condenados por abuso y agresión sexual cuando se cumplen dos meses de la entrada en vigor de esta norma. A día de hoy tan solo Navarra, Aragón y La Rioja se mantienen sin aplicar ninguna rebaja de penas a los condenados por estos hechos.
En concreto, se han reducido al menos 52 condenas, mientras que se han producido 12 excarcelaciones. La comunidad autónoma que lidera el número de sentencias revisadas a la baja es la Comunidad de Madrid, la cual suma un total 20 fallos. Con todo, solo en esta región hay 450 casos susceptibles también de aplicar rebaja, por lo que se espera un aumento significativo de estos supuestos.
En el cómputo de 52 rebajas se incluye también las dos acordadas por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal ya ha aplicado por primera vez la ley del 'solo sí es sí' en su primer supuesto, relativo al de dos exjugadores de la Arandina Club de Fútbol. En este caso los magistrados les suprimieron una atenuante que había aplicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y les aumentó la condena a 9 años.
Sin rebaja en 3 comunidades
No obstante, la aplicación de la ley estrella de Irene Montero hizo que se le rebajase en un año el incremento de pena, de manera que, de no haberse reformado el Código Penal, el total de condena ascendería a los 10 años. Así pues, el alto tribunal cumplió con lo avanzado desde prácticamente el inicio de las rebajas al constatarse que se estudiará caso a caso y que cada uno tendrá un resultado diferente en función de las particularidades.
De hecho, habrá que esperar meses para que el alto tribunal unifique doctrina. Desde el Gobierno confiaban en que el Supremo diera una respuesta uniforme ante el goteo de rebajas que se han ido produciendo en las diferentes audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia con la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral a la Libertad Sexual. Sin embargo, y como era de esperar, no se resolverá el desajuste de criterios hasta la revisión, al menos, de los recursos de apelación que vayan entrando en el alto tribunal.
Solo tres comunidades autónomas se mantienen sin aplicar rebaja de las condenas tras la entrada en vigor del 'solo sí es sí'. Se trata de La Rioja, Navarra y Aragón
Es más, a falta de conocer la sentencia del caso Arandina (que se hará pública en los próximos días), fuentes del Tribunal Supremo ya avanzaron que se aplicará la ley del 'solo sí es sí' en beneficio del reo siempre y cuando se fije una pena inferior a la que constaba. No obstante, la Sala de lo Penal analizará "caso por caso y no de forma global" tanto en los asuntos pendientes de juicio, como en recursos de apelación (caso Arandina) como en ejercutorias penales.
Dos meses del 'solo sí es sí'
El mapa de rebaja de penas a condenados por abuso y agresión sexual sigue en aumento. El goteo de reducciones de pena se han producido desde el mismo momento de la entrada en vigor de esta ley. Un claro ejemplo de ello es el fallo que dictó la Audiencia Provincial de Madrid el mismo 7 de octubre. Los magistrados rebajaron la condena en cinco años a un condenado por tres delitos de abuso sexual continuado y posesión de pornografía infantil.
Ya entonces explicaron que se aplica la reforma legal por tratarse de la más beneficiosa para el condenado y al no figurar en la ley ninguna disposición transitoria que indique lo contrario en relación a su aplicación con efectos retroactivos. Una apreciación que se repite continuadamente en los fallos que se han ido dictando hasta la fecha en tribunales de toda España; en concreto, en siete tribunales superiores de Justicia y en 13 audiencias provinciales.
La nueva ley ha provocado rebajas en penas y ha tenido efecto directo en la emisión de nuevas sentencias. Según datos recopilados por Vozpópuli, destacan 20 casos en la Comunidad de Madrid; 1 en la Comunidad Valenciana (Audiencia de Alicante); seis rebajas en Galicia; dos en Baleares, una en Murcia; una en Castilla-La Mancha; cuatro en Castilla y León; dos en Cataluña; 3 en Cantabria; una en Asturias, dos en el País Vasco (ambas en la Audiencia Provincial de Vizcaya); una en Canarias, una en Extremadura y cinco en Andalucía.
Cuatro últimas rebajas en Cádiz
Cabe destacar que, de estas últimas cinco, al menos cuatro se han dictado en la Audiencia Provincial de Cádiz. Se trata de las cuatro últimas rebajas de pena junto con la de la Audiencia Provincial de Pontevedra que, sumadas a las dos condenas revisadas por el Tribunal Supremo del caso Arandina, hace que el cómputo total supere el medio centenar y se sitúe, por el momento, en 52 sentencias en las que se aplica la nueva ley.
A la polémica de su aplicación práctica en los juzgados se suma también que la ley estrella de Irene Montero contó con el rechazo del CGPJ en lo que a la rebaja de penas se refiere y obvió el criterio de expertos en la materia. Tal y como desveló Vozpópuli, el Ejecutivo declinó aplicar las conclusiones de una treintena de juristas que estudiaron una posible reforma del Código Penal en relación a la extinta figura del abuso y la agresión sexual.
Todos ellos integraron la Comisión General de Codificación (órgano asesor del Ministerio de Justicia) que durante meses elaboró varios borradores del asunto a petición del Ministerio de Justicia que entonces dirigía Rafael Catalá. La solicitud de revisión se produjo a tenor de la polémica sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por el caso de La Manada. Pese al trabajo de meses de los expertos, su criterio (partidario de mantener la diferencia de penas entre abuso y agresión sexual) no se tuvo en cuenta.
Por su parte, en el Gobierno también hay discrepancias sobre este asunto. Un sector del ala socialista ya se abre a reformar la ley del 'solo sí es sí'. Se trata de una alternativa que ya planteó en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras conocerse la avalancha de rebajas y excarcelaciones que se avecinaba a condenados por violación. Recientemente, la titular de Defensa y magistrada Margarita Robles ha abierto la puerta a una contrarreforma legal en sintonía con lo manifestado también por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
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