Muface se tambalea como un boxeador al borde del KO y no sonará la campana hasta que haya nuevo Gobierno en España. La mutualidad que ofrece atención sanitaria a más de 2 millones de funcionarios pasa por difíciles momentos económicos. Necesita una inyección contundente de capital para que las aseguradoras no abandonen el modelo, poniendo fin a un sistema que ahorra 800 millones de euros al año al Estado, según los cálculos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Fuentes sindicales y de las aseguradoras confirman a Vozpópuli su "malestar" y "preocupación" por la falta de reacción del Ejecutivo en funciones.
En el último Consejo General de Muface, celebrado la semana pasada, la dirección general no incluyó la financiación en el orden del día, algo que disgustó a los sindicatos. Fuentes de CSIF explican a este periódico que pese a ello se trató el asunto, dada la gravedad de la situación. Desde las aseguradoras confirman que "en los dos últimos años, entre las 3 aseguradoras, las pérdidas han sido de 340 millones de euros". Una cifra que podría crecer a los más de 500 millones el año que viene.
La Dirección General de Muface, que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, argumentó que "sin Gobierno la modificación del concierto sanitario 2022-24 estaba paralizada" y que se "estaba haciendo un trabajo interno para buscar soluciones".
Estas explicaciones no han sentado bien a los sindicatos. "Lo valoramos de manera negativa pero entendemos la situación en la que se encuentra. Pedimos el compromiso político de que se mejore Muface, salga quien salga investido. El concierto ya estaba infrafinanciado antes de empezar la guerra de Ucrania y ahora, con la inflación, está en pésimas condiciones", explica Carmen Espejo, portavoz de CSIF en Muface.
Esta falta de financiación está afectando ya a las prestaciones sanitarias que reciben los funcionarios, de los cuales el 73% elige la sanidad privada (Adeslas, Asisa y DKV). CSIF ya reportó en noviembre de 2022 un informe repleto de incidencias a la Dirección General de Muface para que tomase cartas en el asunto.
En el último año, se ha producido un alta masiva en el número de funcionarios por las oposiciones de estabilización de personal. En concreto, entraron 45.000 personas y 3.300 beneficiarios, lo que va a implicar un gasto aún mayor.
En el actual concierto sanitario (2022-24), se pactó una subida de prima para las aseguradoras del 8% en 2021, del 0,75% en 2022 y del 1,25% en 2023. Unos porcentajes insuficientes que están ahogando a las aseguradoras. "En 2022 tuvimos 20 millones de euros de pérdidas en Muface", aseveran desde DKV, que es la aseguradora con más visos de abandonar el modelo. DKV cree que la subida debe ser, como mínimo, de un 40%.
La inflación provocada por la guerra de Ucrania y el efecto postcovid en cuanto a aumento de siniestralidad y patologías no tratadas tienen buena culpa de que a las mutuas privadas de Muface no les salgan las cuentas. Incluso Asisa, histórica defensora del modelo, confirma que "la infrafinanciación es palpable", y comparte que la prima defendida por DKV es la correcta (40%). Los sindicatos ven con preocupación el ambiente que se respira en las aseguradoras, pues creen que la salida de DKV "arrastraría al resto".
La amenaza de Sumar
A esta preocupante coyuntura se suma una nueva amenaza -nunca mejor dicho-. La formación política de Yolanda Díaz, Sumar, incluye en su programa electoral la disolución de Muface, Isfas y Mugeju. De acuerdo con Díaz, los funcionarios dejarían de recibir atención de Muface y pasarían a integrarse en la seguridad social. Este movimiento, además de costar 800 millones más a las arcas del Estado, supondría un aumento demoledor de las listas de espera.
En estos momentos, el Ministerio de Sanidad calcula que un español espera de media 122 días (más de 4 meses) para recibir la operación quirúrgica prescrita, y 95 días (3 meses) para ser visto por un especialista. Si la sanidad pública asume la atención de los más de dos millones de mutualistas y beneficiarios de Muface que pasarían a formar parte de la seguridad social, el IDIS calcula que las listas de espera crecerían 30 días. Es decir, habría que sumar otro mes de espera para ser operado por la pública (5 meses) y para ser visto por un especialista (4 meses).
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