El nuevo mandato del fiscal general del Estado ha arrancado lleno de polémicas. Tras el varapalo del Tribunal Supremo que señaló a Álvaro García Ortiz por presunto abuso de poder en el ascenso de Dolores Delgado, la filtración del caso sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y el nuevo aviso del Tribunal Supremo por el caso Stampa ha vuelto a ponerle en el centro de todas las miradas.
El fiscal general cuenta con el respaldo de Moncloa y prueba de ello es que Pedro Sánchez le revalidó al frente de la Fiscalía General apenas horas después de conocer la dura sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulaba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar.
Aunque en los últimos meses su mandato ha estado marcado por el varapalo del Supremo y el descontento de una buena parte de la Fiscalía que le reprocha que no les defienda públicamente ante las acusaciones de 'lawfare', el futuro del fiscal general va ligado al devenir de tres asuntos que le afectan de manera directa.
Los frentes del fiscal general
El primero de ellos es el relativo al recurso de su nombramiento. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estudia desde hace unas semanas el recurso interpuesto por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra el Real Decreto de 27 de diciembre de 2023 por el que se volvía a nombrar fiscal general de Estado al sucesor de Dolores Delgado.
La asociación pide que se revoque esta designación alegando que no es idóneo para ocupar el puesto más alto de la institución. Se basan, además del varapalo que le asestó esta misma Sala con el ascenso de su antecesora, en el dictamen del CGPJ que le declaró inidóneo para el cargo. Se trató de un pronunciamiento inusual y que salió adelante con 8 votos de la mayoría conservadora, frente a 7 que propusieron avalarle.
Así pues, el Tribunal Supremo abordará ahora el recurso en el cual la APIF dijo que el CGPJ se había pronunciado en unos términos "inusualmente duros" y que la reelección de García Ortiz suponía transmitir a la sociedad una dependencia preocupante de la Fiscalía en el Gobierno.
En segundo lugar, el fiscal general afronta la querella que interpuso en su contra el Partido Popular también en el Tribunal Supremo por el ascenso a Dolores Delgado. En este caso será la Sala de lo Penal la que analice si hay indicios para continuar adelante con la misma o se archiva. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo considera que García Ortiz prevaricó con el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal de Dolores Delgado.
Al respecto, la 'número dos' de la institución, Ángeles Sánchez-Conde, solicitó a la Sala Segunda que archivase la querella al considerar que no hay indicio alguno que permita actuar contra García Ortiz por presunta prevaricación. Sin embargo, la última palabra la tiene la Sala que preside Manuel Marchena y que está pendiente de pronunciarse.
El segundo nombramiento de Delgado
Finalmente, el tercer asunto que afecta a García Ortiz -y el más importante- se estudiará también el Tribunal Supremo el próximo 30 de abril. Ese es el día fijado por la Sala de lo Contencioso para estudiar los recursos que la APIF y la Asociación de Fiscales, además del fiscal antidroga Luis Ibáñez, interpusieron contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado.
Los magistrados señalaron la deliberación para este mes, pero se ha retrasado para el siguiente. Sobre la mesa está si se valida o también se tumba la designación de la exministra de Justicia como fiscal de Sala de Memoria Democrática, cargo que ocupa en la actualidad.
Se trató de la segunda designación de García Ortiz a su antecesora en un tenso y polémico Consejo Fiscal en el que no solo no obtuvo la mayoría, sino que se avisó por parte del grueso de los vocales que era "nulo de pleno derecho". El motivo reside en que siete de los 12 miembros instó a la suspensión de la deliberación de este nombramiento después de que Pedro Sánchez anunciara adelanto electoral, si bien García Ortiz no solo lo mantuvo en agenda sino que lo adelantó.
El 30 de abril la Sala de lo Contencioso deliberará sobre el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Esta misma Sala acusó al fiscal general de desviación de poder por el primer nombramiento que efectuó de su antecesora
Los integrantes del Consejo avisaron de que no podía desatender esta facultad que se le otorga al órgano, si bien García Ortiz siguió adelante y la propuso a ella frente al resto de candidatos apelando a la trayectoria de Delgado en la materia que se desempeña en Memoria Democrática. Se trata de una plaza para la que siempre sonó como favorita desde la creación de la misma y su salida de la Fiscalía General.
El horizonte de Delgado en este sentido se complica después de que el Supremo anulara su ascenso. Fuentes fiscales consultadas explican que es muy probable que en este segundo pronunciamiento se pronuncien en idénticos términos, puesto que, si se anuló su ascenso como fiscal de Sala, no podría seguir ejerciendo como tal. Así pues, lo que dirima el alto tribunal puede comprometer en gran medida al fiscal general, teniendo en cuenta que ya le señaló y que, al resolver sobre el incidente de nulidad interpuesto por Delgado, los magistrados reiteraron que veían "incontestable" que el fiscal general actuó con desviación de poder.
La filtración que afecta a Ayuso
A todo ello se añade otro nuevo revés que le ha dado el Tribunal Supremo al corregir su criterio de negarle a Ignacio Stampa el acceso a los papeles de su investigación. El alto tribunal respalda al que fuera fiscal del caso Villarejo frente a la actuación de García Ortiz, quien entonces ejercía como jefe de la Secretaría Técnica. Además, ha condenado al Estado al pago de las costas.
También en el Supremo puede terminar la polémica por la filtración de la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González, a quien la juez acaba de imputar por un presunto fraude al fisco superior a los 350.000 euros, tiene intención de querellarse contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero por la filtración de su expediente.
El foco se pone también sobre García Ortiz, a quien la presidenta madrileña señala como el verdadero artífice de la nota de prensa que firmó la Fiscalía Provincial de Madrid y que desgrana el contenido de la comunicación de su abogado. El ICAM ya ha denunciado los hechos en Plaza de Castilla por un presunto delito de revelación de secretos.
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