El Tribunal Supremo ha ordenado el archivo definitivo del Delcygate poco más de un año después del encuentro secreto entre la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el alto tribunal ha rechazado el recurso de súplica que en última instancia presentó Vox contra un primer archivo dictado en noviembre. Tan solo queda ya pendiente el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, del que depende el futuro de las grabaciones del aeropuerto.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cree que no existen suficientes indicios de delito para iniciar una investigación contra el ministro por prevaricación, aunque considera que la mandataria bolivariana sí que pisó territorio español. Según los jueces, Delcy Rodríguez vulneró el veto establecido por la UE que le prohibió el acceso al espacio Schengen en respuesta a la violación de los derechos humanos en su país.
El Supremo consideró en su fallo que, en todo caso, la respuesta al Delcygate debe proceder del ámbito político, pero no del penal. La formación que lidera Santiago Abascal, personada como acusación, presentó un recurso de súplica.
A su juicio, “no es admisible que el tribunal considere los hechos como contrarios a Derecho, incluso, los califique como notorios y, sin embargo, inadmita la querella por entender que no se corresponde con la calificación jurídica descrita en la misma, cuando en realidad la calificación adecuada se debe realizar una vez investigados los hechos”.
Sin embargo el Supremo contesta que, “sin perjuicio de no compartir la conclusión que el recurrente extrae de dicha resolución, lo aquí relevante es la eventual significación penal de los hechos puestos de manifiesto en la querella, lo que se ha descartado”. Los jueces -que son los mismos que hace meses dictaron el primer archivo- defienden que no están obligados a admitir a trámite la querella, tan solo a dar respuesta de su postura "con un pronunciamiento motivado del Juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando, en su caso, las razones por las que inadmite su tramitación".
"En cuanto al carácter delictivo de los hechos denunciados, sobre el que se insiste en el recurso, se reiteran los argumentos ya expuestos, pues no se aportan razonamientos sustancialmente distintos a los ya mantenidos con anterioridad", insiste el auto, que lleva fecha del 8 de febrero. Añaden los jueces que “el ejercicio de la acción penal no comporta un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso, sino solamente a un pronunciamiento motivado del juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos”.
El auto afirma que volvió a dar traslado a la Fiscalía antes de tomar una decisión definitiva y el ministerio público se manifestó en contra de abrir una investigación en torno al ministro Ábalos. El departamento que dirige la exministra Dolores Delgado argumentó que las acciones emprendidas por hasta tres partidos políticos en su día se basaban en informaciones periodísticas.
Según un escrito adelantado por este periódico, añadía que no hay pruebas que demuestren que la intervención de Ábalos fuera “más allá de lo estrictamente diplomático” y dio por buena la versión del Gobierno de que la mandataria no llegó a pisar suelo español, sino que permaneció en zona de tránsito del aeropuerto de Barajas.
Último recurso pendiente del 'Delcygate'
Vox también presentó un recurso contra el archivo de una querella por los mismos hechos presentada ante los tribunales ordinarios de Madrid. El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid también rechazó investigar el Delcygate, en su caso lo que pudiese afectar a los funcionarios de las fuerzas de seguridad del aeropuerto.
El juez de Madrid consideró que Delcy Rodríguez no llegó a pisar territorio español y por tanto europeo porque en todo momento permaneció en zona de tránsito. Ese fue el argumento que ofreció el Gobierno después de tratar de mantener oculto el encuentro. Este magistrado archivó los hechos sin visualizar las grabaciones de las cámaras de seguridad. La vida de esas cintas está ligada a la resolución del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid ya que hasta que el archivo no sea firme no se podrá ordenar su destrucción.
