El Tribunal Supremo estudiará una querella por prevaricación presentada contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a raíz de la reunión que mantuvo en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez desvelada por Vozpópuli. Esta iniciativa, impulsada hace días por una formación llamada Partido Político Laócrata, ya ha pasado el primer corte en el alto tribunal que da derecho a que la analice un juez en concreto.
En un documento de este martes al que ha tenido acceso este periódico, se acredita que la querella reúne los requisitos legales” para ser estudiada. “Examinado el libro de ponencias, la presente le corresponde por turno al magistrado de esta Sala, Manuel Marchena Gómez”, añade el documento. Se trata de la Sala de lo Penal y Marchena es su presidente. Se trata del mismo juez que presidió el juicio a los líderes del procés.
La querella consta de 21 folios y en ella el citado partido político se querella contra Ábalos por un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Castiga con hasta 15 años de inhabilitación a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Se presenta ante el Tribunal Supremo atendiendo a la condición de aforado de Ábalos.
La querella hace alusión a que “las distintas versiones sobre lo ocurrido del Ministro Ábalos acreditan el dolo” y que cambió tantas veces su explicación “porque sabía que lo que hacía era ilegal”. Hace alusión al incumplimiento de la decisión del Consejo de Europa que prohibía a la mandataria venezolana acceder al espacio Schengen.
Fuentes conocedoras de este proceso explican que el magistrado ya ha dictado una providencia en la que le pide una fianza a los denunciantes que se personan en calidad de acusación popular. Antes de admitir definitivamente a trámite, deberá darse traslado a la Fiscalía para que fije posición al respecto.
“Al autorizar el tránsito por territorio Español-Europeo de la Vicepresidencia de Venezuela, sin que fuera detenida, deportada, ni denunciada, al autorizar la salida de España en vuelo comercial, sin cumplir la normativa en cuanto al sellado y obtención del visado del pasaporte de la Vicepresidencia de Venezuela, pueden ser constitutivos de respectivos delitos de prevaricación del art. 404 del Código Penal”, explica la querella.
“No cabe duda de que las actuaciones y decisiones tomadas por Ábalos encajan perfectamente en el tipo penal de prevaricación”, insiste este partido, que acusa al ministro Abalos de mentir “porque no podía reconocer que había entrado en España, cuando la prohibición también es de entrada en espacio aéreo europeo, pero es que transitó por territorio bajo la soberanía española al coger una avión comercial, vuelo de Qatar Airways con destino a Doha, el despegue se produjo de la T4 a las 08.20 horas. Sin cumplir la normativa sobre entrada y salida de los extranjeros en España”.
Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya se establece que para que se cometa un delito de prevaricación no es necesario que exista un acto administrativo como tal, sino que es suficiente una orden verbal.
La querella pide que se cite a declarar a Ábalos y a todos los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervinieron en el operativo en el aeropuerto el día 19 y 20 de enero de 2020, incluido el Comisario de Fronteras. También a los vigilantes de seguridad privada y al personal de la compañía Sky Valet que operó el vuelo privado de la vicepresidenta.
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