Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideran que la querella que interpuso el exjuez Elpidio José Silva en nombre de la asociación Atenes de Juristes Pels Drets Civils contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y contra otros magistrados del Alto Tribunal y de la Audiencia Nacional "trasluce una ligereza frente a la que no puede bastar un simple rechazo", explica el auto cuyo ponente es el juez Antonio del Moral, que condena al colectivo catalanista a abonar una multa de 5.000 euros por mala fe procesal.
En su querella inicial y en la posterior ampliación, el exjuez acusa a todos los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, según especifica el auto, de formar parte de una trama criminal que realiza sus nombramientos con el objetivo último de laminar la independencia e imparcialidad judicial, y tapar las acciones delictivas de algunos políticos, especialmente los del Partido Popular.
Pero en la ampliación de la querella, se acusa también a 21 magistrados de designar de forma irregular a la juez Carmen Lamela magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La asociación Atenes de Juristes Pels Drets Civils considera que este nombramiento sería simplemente un premio por haber investigado el procés en la Audiencia Nacional.
Políticos catalanes
De forma textual, la querella considera que Lamela ha pasado a formar parte del Supremo porque como titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional "persiguió a los políticos catalanes favorables a la independencia".
Por todo ello, los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo concluyen que el relato de Elpidio Silva va más allá de la simple crítica, algo que consideran que "no es tolerable", pues acusa de formar parte de una trama a todos los vocales del Poder Judicial, a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, a la directora de la Escuela Judicial y al menos dos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo que supone "un insulto para cualquier mediana inteligencia".
"Groseros gazapos"
"Se presentan hechos retorcidos y falsificados para amoldarlos a una fantasiosa e imaginaria trama desplegada para conseguir presentar como delictivas actuaciones realizadas en el desempeño de las funciones del órgano de gobierno de los jueces", prosigue en su auto el magistrado Antonio del Moral, que califica como "groseros gazapos" la atribución de un nombramiento a un partido que no estaba en el Gobierno, y acusar de "un acto delictivo a un vocal del Poder Judicial que en aquél momento no lo era".
Por todo ello, los magistrados consideran que Elpidio Silva, que fue inhabilitado tras enviar a prisión al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ha realizado en nombre de la asociación Atenes de Juristes Pels Drets Civils una una calificación penal "carente de un mínimo de rigor con imputaciones gratuitas a una pluralidad de cargos públicos", lo que justifica la multa de 5.000 euros "por estimar que su actuación ha concultado las reglas de la buena fe procesal incurriendo en manifiesto abuso de derecho".
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