El Tribunal Supremo ha dictado una diligencia en el que da un plazo de veinte días al Ministerio del Interior para que aporte un expediente sobre el acuerdo de equiparación salarial de policías y guardias civiles. La Sala Tercera de los Contencioso Administrativo adopta la decisión tras un recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en el que apuntaba a una supuesta "inactividad" de la Administración en el cumplimiento de la cláusula octava del acuerdo, donde se garantizaba que se tomarían las medidas legislativas necesarias para que en el futuro no se produjeran disfunciones salariales entre los agentes de diferentes cuerpos policiales.
El punto de partida se remonta a 2018, cuando el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, firmó un acuerdo de equiparación salarial con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para la mejora retributiva de los agentes. Además de la inyección presupuestaria para aumentar sus salarios, el acuerdo contemplaba en su cláusula octava que se adoptarían las medidas necesarias para que no hubiera una brecha entre las cuantías que percibían los miembros de ambos cuerpos respecto a las demás policías autonómicas, principalmente los Mossos d'Esquadra.
Tras la moción de censura, fue el ministro Fernando Grande-Marlaska el encargado de articular la mejora salarial de los policías y guardias civiles, con un total de 807 millones de euros. Sin embargo, voces sindicales y asociativas consideran que la Administración no ha adoptado ninguna decisión en cumplimiento con la cláusula octavo del acuerdo, que vinculaba los salarios de los agentes a los de las demás policías autonómicas para que no se produjese un nuevo desequilibrio.
Así, AUGC reclamó el pasado mes de mayo al Consejo de Ministros que cumpliera dicha cláusula: "Una vez transcurrido el plazo legal previsto para atender este requerimiento, AUGC procedió a instar las acciones jurisdiccionales para su efectivo cumplimiento o, en su caso, para instar las acciones previstas en el ordenamiento jurídico", señalan. Así, la asociación presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. La sala pide ahora a Interior que le entregue en un plazo máximo de 20 días el expediente administrativo sobre la resolución.
"Es evidente que cuando han transcurrido casi tres años de la suscripción del citado acuerdo el Gobierno ha incumplido lo acordado en la reiteradamente citada cláusula octava", esgrimen desde AUGC. Tras el requerimiento del Supremo, la asociación considera que "se da un paso más en la exigencia por parte de AUGC para que se cumpla dicha cláusula".
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