El Tribunal Supremo se ha dirigido a las partes del procés para preguntarles por la reforma legal del Gobierno. El mismo día que entra en vigor la derogación de la sedición y la rebaja del delito de malversación, el tribunal que juzgó a los doce líderes independentistas les ha dado un plazo de ocho días para que formulen las alegaciones pertinentes en relación a su condena, teniendo en cuenta que se verá rebajada a tenor de la reforma del Código Penal.
En una providencia dictada este mismo doce de enero, el tribunal que preside Manuel Marchena expone que, de conformidad en lo dispuesto en la ley orgánica que hoy entra en vigor, se concede a las acusaciones y a las defensas un plazo de ocho días para que realicen las alegaciones pertinente en relación a la modificación de los delitos por los que fueron condenados en octubre de 2019.
El Tribunal Supremo se pronuncia apenas un día después de conocerse que los líderes del procés pedirían la revisión de su condena en cuanto entrase en vigor la reforma legal. Los abogados de los 12 condenados estudiaban ya en las últimas horas y en algunos casos si pedir una revisión de condena y, en algunos casos, hasta la absolución. El Gobierno de Pedro Sánchez indultó a nueve de ellos (los que cumplieron pena de prisión) pero les mantuvo el cumplimiento de la inhabilitación.
División entre ERC y Junts
El Ejecutivo les concedió la medida de gracia en contra del criterio del Tribunal Supremo, que en su informe apeló a la ausencia de arrepentimiento y a la gravedad de los delitos por los que fueron condenados. No obstante, tras conocerse que Moncloa trabajaba en la modificación de los delitos por los que fueron condenados, el alto tribunal avanzó que aplicaría el cambio legal correspondiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2 del Código Penal, que dispone que las leyes tienen carácter retroactivo si benefician al reo.
Así pues, lo primero el tribunal que condenó los hechos del procés por sedición y, en algunos casos, en delito medial con malversación, se ha dirigido a las partes del procedimiento para pedirles criterio antes de actuar. En la causa litigan la Fiscalía del alto tribunal (que mantuvo su petición de condena por rebelión hasta el final), la Abogacía General del Estado y Vox como acusación popular.
Por contra, en el banquillo de los acusados se sentaron un total de 12 líderes independentistas encabezados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Su defensa es una de las que estudia pedir la revisión de su condena, según confirma a Vozpópuli.
El líder de ERC fue condenado a la pena más alta con trece años de cárcel por sedición en concurso medial con la malversación. Del mismo modo también fue inhabilitado con los mismos años pero esta cifra se verá rebajada sustancialmente porque la sedición ha decaído y la malversación se rebaja para los supuestos en los que, como este, no hubo ánimo de lucro. Así pues su inhabilitación terminará antes de la fecha estipulada por el Supremo de julio de 2031.
Sin embargo, no todos los condenados prevén solicitar una revisión del fallo. Los exconsejeros de Junts condenados por el Supremo prevén esperar a que el tribunal decida de oficio y aguardar al criterio de los magistrados. Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, a quien también le beneficia la reducción de los dos delitos ha anunciado en una entrevista en RAC 1 que el expresidente catalán volverá a España en estos meses.
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