El Tribunal Supremo ha confirmado la penas de tres años de cárcel al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos (PSC) por ordenar a la Policía Local que retirara multas de sus familiares, en su segunda condena firme por el caso Mercurio, lo que abre la puerta a que entre en prisión.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe este martes, el Supremo avala la pena de tres años de cárcel y 16 de inhabilitación que la Audiencia de Barcelona impuso a Bustos por ordenar a la Policía Local de Sabadell que retirara sendas multas de tráfico a su esposa e hijos en 2012, cuando gobernaba el municipio.
Se trata de la segunda condena firme a Bustos derivada de la investigación del caso Mercurio, sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Sabadell, después de la que le impuso en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), junto al ex número dos del PSC Daniel Fernández, por usar su influencia sobre una alcaldesa socialista para que empleara a una exalto cargo del tripartito.
El TSJC acordó suspender el ingreso en prisión de Bustos por esa primera condena, de un año y nueve meses de cárcel, aunque sus perspectivas de eludir la cárcel en esta ocasión se complican debido a esta segunda sentencia firme.
'Caso mercurio'
Bustos fue declarado además partícipe a título lucrativo en una trama de desvío de fondos del Consell Comarcal dal Vallès Occidental, también en sentencia firme, y figura como investigado en cuatro de la treintena de piezas en que derivó la operación del 'caso Mercurio', que estalló hace ocho años.
De hecho, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación popular en el caso Mercurio, ha exigido el ingreso en prisión del exalcalde así como del exintendente de la Policía Local Josep Miquel Duran, condenado a quince meses y un día de cárcel y a once años y medio de inhabilitación por anular las multas a los familiares del exalcalde.
Además, en un comunicado, la plataforma reclama al Ayuntamiento de Sabadell, acusación particular en la causa por las multas, que "actúe también en consecuencia" en su función de "lucha contra las prácticas corruptas".
Las gestiones del exalcalde socialista para que se saldaran las multas a su familia se destaparon en las intervenciones telefónicas que acordó un juez de instrucción de Sabadell, a raíz de las sospechas de presunta corrupción de empresarios y concejales del consistorio.
"Indicios suficientes"
Precisamente, el Supremo avala en su sentencia las intervenciones telefónicas del caso, al entender que los autos judiciales que acordaron las escuchas no solo estuvieron motivados, sino que se basaron en "un conjunto de indicios suficientes que justificaban la injerencia", puesto que apuntaban a "posibles actuaciones irregulares entre diversos cargos del Ayuntamiento".
La sentencia del Supremo solo corrige la de la Audiencia de Barcelona en cuanto al alcance de la inhabilitación de Bustos, que precisa debe extenderse "a cargos o empleos por elección en la administración local, provincial, autonómica o estatal".
El Supremo considera que en este caso concurren los requisitos para el delito de tráfico de influencias porque el exalcalde ejerció una "sugestión" sobre el intendente, aprovechando su "superioridad jerárquica para la consecución de un acto dirigido a obtener un interés económico directo, interfiriendo en el proceso de toma de decisión de una resolución administrativa".
