El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la petición de Vox de paralizar el debate de investidura mientras estudia si admite a trámite la querella que presentó la formación contra el presidente en funciones Pedro Sánchez, el expresidente catalán huido Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración del terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de las negociaciones para la investidura.
La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión "al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno".
El alto tribunal se pronuncia así después de que el partido presentara este martes su querella de 97 de folios, en la que solicitaba como medida cautelarísima la suspensión del debate de investidura fijado para este miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados.
El Supremo ha dictado una providencia en la que designa como ponente al magistrado Eduardo de Porres y da un plazo de cinco días a Vox para que aporte poder especial donde conste contra quién va dirigida la querella y el delito.
La formación incide en que está "en peligro" el sistema democrático y que, por ello, no hay "nada más urgente que adoptar las medidas propuestas".
En su querella, Vox asegura que era pertinente paralizar el debate de investidura de Pedro Sánchez porque le resulta "evidente" que "si no se conoce con exactitud la manera en la que se ejecutará el contenido del acuerdo" del PSOE con Junts -que incluye la ley para amnistiar una década del 'procés'- "no podrá evitarse que se obtenga su finalidad".
Vox, sobre la ley de amnistía
Desde el partido dicen que dicha ley de amnistía supondrá una "intromisión en las funciones constitucionales de jueces y tribunales, vulneración de la igualdad de los españoles ante la ley" y "vulneración de la tutela judicial efectiva".
Así las cosas, la formación incide en que está "en peligro" el sistema democrático y que, por ello, no hay "nada más urgente que adoptar las medidas propuestas". Y subraya que en caso de suspenderse el debate "ningún perjuicio sufrirá el Estado de Derecho y la democracia pues en todo caso la consecuencia será llamar de nuevo a las urnas al pueblo español".
Ahora, tras rechazar paralizar de forma cautelar la investidura, queda pendiente que el Supremo se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella. En declaraciones a los medios de comunicación, el líder de Vox, Santiago Abascal, dijo ayer que confiaba en que los magistrados utilizasen "todas las herramientas legales" a su disposición para "detener este golpe".
Última oportunidad de Abascal
Esta era la última oportunidad de la oposición de que esta semana Sánchez no sea presidente del Gobierno a cambio de amnistiar a todos los involucrados en la declaración unilateral de independencia de 2017 y a los CDR condenados por terrorismo.
En cualquier caso, es la segunda querella a la que Sánchez hará frente en el Tribunal Supremo, ya que hace dos semanas el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia en la Sala Penal del mismo por el que acusa al presidente socialista de un presunto delito de usurpación de funciones al entender que con la ley de amnistía vulnera la separación de poderes porque invade competencias propias del poder judicial.
Esta misma semana, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo emitía un escueto comunicado en reacción a la ley de amnistía en el que pedía "absoluto respeto" a la división de poderes y recuerda que la actuación de los tribunales se ciñe siempre a la legalidad y al cumplimiento de la Constitución.
Querella de Vox contra Pedr... by Vozpopuli
Marta Castro y Jorge Buxadé al frente
Detrás de este intento del partido de Santiago Abascal de frenar los planes de Sánchez se encuentran los dos vicesecretarios nacionales de coordinación jurídica, Marta Castro y Jorge Buxadé. El presidente de Vox insiste en que su formación utilizará todos los medios legítimos a su disposición para frenar el "golpe de Estado" de Pedro Sánchez.
La vía del Supremo es una más de las muchas que Vox mantiene abiertas. Entre ellas la que más destacan en el seno del partido es la de presionar al Partido Popular para que se niegue a tramitar la ley de amnistía cuando llegue al Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. En la formación están convencidos de que el PSOE, en el lugar del PP, haría lo mismo. La pasada legislatura, los socialistas bloquearon en más de 40 ocasiones la tramitación de la ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
Cabe recordar que Vox ya ha registrado un cambio en el reglamento del Senado para que, una vez recibida la proposición de ley de amnistía aprobada por el Congreso, uno o más senadores puedan reclamar los informes preceptivos -que el PSOE se saltaría para su pronta aprobación- dilatando así la aprobación de la norma.
Querella contra la Mesa del Congreso
Además de querellarse contra Pedro Sánchez, Vox ha anunciado que presentará una querella por "prevaricación" contra la Mesa y el letrado mayor del Congreso de los Diputados ante el Tribunal Supremo por admitir la ley de amnistía. Además, la formación tiene previsto presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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