"Es otra artimaña más del Gobierno para eliminar la religión del ámbito público, para que los creyentes no se manifiesten como tal en la vida pública". Así define la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), María García, la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para eliminar el delito de ofensas religiosas. Esta medida está incluida en el plan de regeneración democrática pactado entre PSOE y Sumar, aprobado el pasado 17 de septiembre.
Esta iniciativa afecta a todos los grupos religiosos ya que, como asegura García, "va a salir gratis mofarse de los creyentes". Además, considera que el Gobierno y otras instituciones "tienen como discurso un laicismo beligerante" que señala a los creyentes como "ciudadanos de segunda". Este discurso "cala en la sociedad" y provoca que la gente piense, "en su mayoría", que la religión no se puede manifestar en la vía pública.
La presidenta del OLRC explica que, desde el inicio del conflicto palestino-israelí, en España se ha observado un aumento de ataques hacia los judíos debido a un antisemitismo que "se ha notado incluso en periódicos", con viñetas antisemitas. Sin embargo, por encima de otras religiones, el grupo más atacado es el de los cristianos, en especial el de los católicos. Según el "Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2022" del Observatorio, el 84,13% de casos se cometieron contra cristianos —175 de los 208 totales— y el 74,52% contra católicos. Es decir, tres de cada cuatro ataques a la libertad religiosa fueron contra católicos.
Además, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, argumenta que "la principal persecución es por parte del Gobierno" ya que financian "el ataque a los católicos". Una revista con imágenes vejatorias del catolicismo —coeditada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Igualdad—, una procesión subvencionada por el Ministerio de Cultura que representaba a la Virgen rodeada de morcillas o el Premio Nacional de Cómic 2024 entregado a un tebeo que ridiculiza la Eucaristía, son algunas de las mofas del Gobierno hacia los cristianos. "Va en la línea anticristiana de este Gobierno de ultraizquierda", ha asegurado Castellanos, en referencia a la iniciativa legislativa.
Según García, estos ataques se deben a la "tradición católica" de España: "Al ser el grupo mayoritario se les ataca más". Señala que este problema también ocurre "en el resto de Europa" y lo juzga como un tema tabú: "Se habla de antisemitismo, de islamofobia, pero no de cristianofobia". Por ello, el Observatorio que ella preside exige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que visibilice este problema en el Informe de Delitos de Odio. Castellanos añade que estas burlas se deben a una "sensación de impunidad" provocada por "muchos jueces" que "no cumplen su trabajo" al actuar en función de sus ideologías y motivaciones políticas: "Tendrían que aplicar la ley sin más".
Los límites de la libertad de expresión
La medida del Gobierno se escuda en una idea errónea sobre la libertad de expresión, al entender que estas dos libertades son incompatibles. Precisamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge ambos derechos, la libertad de religión en el Artículo 18 y la de expresión justo en el siguiente. La presidenta de Abogados Cristianos asegura que "los derechos fundamentales no están reñidos entre sí" y que su ejercicio es "imprescindible". Además, explica que para ejercer la libertad de expresión no hay "necesidad de atacar a nadie".
Para García, la supresión de este delito supondría un "recorte" de la libertad religiosa que, por su implicación con la conciencia y las creencias, es el "derecho humano más íntimo de la persona". Además, asegura que "si se elimina este delito va a salir gratis mofarse de los creyentes". Castellanos añade que dejaría "vacío de contenido un derecho fundamental". También, toma como ejemplo el Código Penal de Canadá, "un país de izquierdas que no es sospechoso" de ir contra el Gobierno español, para distinguir entre la "crítica razonada y respetuosa" con las ofensas: "Es muy diferente al insulto, la mofa o el escarnio".
El director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, José Gabriel Vera, ahonda sobre esta idea. Afirma que "la diferencia entre la ofensa y la broma está en la intención del que la hace y en la percepción del que la recibe". Además, defiende que "la libertad de expresión no es omnímoda", sino que "tiene límites": "No existe libertad de expresión para calumniar, para difamar, o para insultar". Si la intención es ofender, estas bromas tan solo generan "un peor ambiente humano de relaciones". "Los sentimientos, sean cuales sean, son respetables y es una buena expresión de convivencia social respetar los sentimientos que tienen otros grupos de personas", sentencia José Gabriel Vera.
La aprobación de esta medida llega en un momento social donde predomina un discurso de respeto hacia todos los colectivos. Así lo interpreta el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. A través de una publicación en la red social X, el sacerdote ha expresado que, mientras la sociedad considera cada vez más expresiones como delitos de odio, los sentimientos religiosos son desprotegidos.
De igual forma, María García exige que la religión reciba el mismo respeto que reciben el resto de creencias. Sostiene que en la sociedad no se permite discriminar a las personas por cualquiera de sus circunstancias, como la raza o el sexo, por lo que tampoco debería ocurrir "por las creencias religiosas". "Es una sociedad que promueve el respeto, que cada uno pueda decir libremente lo que opina, pero cuando se refiere a la religión se intenta eliminar todos los símbolos de la vida pública y que el creyente no se manifieste", señala la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
La "falacia" del Gobierno: Europa sí sanciona este delito
El Gobierno ha defendido eliminar los delitos de ofensas religiosas apoyándose en la Unión Europea y su legislación. Sin embargo, esta es una "falacia", puesto que la mayoría de los países de la UE sí sancionan estos delitos. Según el informe “La protección legal de la libertad religiosa en la Unión Europea” del OLRC, 21 de los 27 países miembros de la UE castigan las ofensas a los sentimientos religiosos y todos con sanciones que llegan hasta penas de prisión.
Polonia Castellanos explica que "prácticamente en todo el mundo" se regula el delito de ofensas religiosas y que esta iniciativa es contraria a Europa. Sin embargo, lo que considera más preocupante es que "está en la línea de un gobierno tiránico". Con sus propuestas, el Ejecutivo pretende eliminar el artículo 525 del Código Penal y también se plantea "despenalizar el delito de injurias a la Corona". Sin embargo, "no se despenaliza el 504 o el 215, que son las injurias al Gobierno". "En España nos vamos a encontrar con un panorama muy semejante a Venezuela, Cuba o Corea del Norte en el que se puede insultar y atacar a cualquiera menos al gobierno", ha declarado. García y Castellanos coinciden en que la libertad religiosa no es algo exclusivo de los creyentes, "sino que favorece a todas las personas porque promueve la convivencia pacífica de la sociedad y los ciudadanos". Además, la presidenta de Abogados Cristianos advierte de que la eliminación de este delito "es muy preocupante" porque, cuando se le quita el sentido a "determinados derechos fundamentales", eso significa que se pueden suprimir otros. "No es una guerra contra los cristianos o los creyentes, es una guerra contra los derechos y en eso al final vamos a estar todos implicados", ha defendido.