El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, ha desinflado con un solo escrito el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia. En una providencia de la que ha dado ya traslado a las partes, el magistrado descarta por ahora imputar a los titulares de las tarjetas, como le había pedido una de las acusaciones, con el argumento de que desea "esperar al informe pericial de los señores peritos del Banco de España designados en el presente procedimiento". Eso podría permitir a los titulares de las visas opacas zanjar el asunto con un procedimiento administrativo, sin tener que afrontar sanciones penales.
La Audiencia Nacional asegura que la decisión es sólo "temporal" pero lo cierto es que el informe del Banco de España, sin embargo, no tiene previsto detallar el comportamiento de cada uno de los clientes sino que únicamente revisa la solvencia de la entidad y si los 15,5 millones gastados en visas opacas pusieron en riesgo o no la viabilidad de una compañía que requirió 22.424 millones de euros de fondos públicos para su rescate.
La decisión supone limitar la responsabilidad del caso únicamente al lado corporativo de la operación, es decir, no a quienes se beneficiaron de las tarjetas sino a quienes las repartieron y gestionaron su control. Eso es lo que el magistrado comenzará a dirimir el próximo jueves, cuando interrogue a los ex presidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa, y Bankia, Rodrigo Rato, y a su número dos, Ildefonso Sánchez-Barcoj. El juez Andreu pretende investigar si ha habido falseamiento contable en la entidad al señalar a cuentas como la de “quebrantos” o “errores informáticos” para asumir el coste de los 15,5 millones de euros pagados a los directivos de la entidad.
También la Fiscalía desinfla el caso
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también ha señalado este lunes en la dirección de desinflar la causa al asegurar que hay que ser "prudentes" a la hora de establecer cualquier tipo de responsabilidad penal en relación al caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, aunque ha calificado este hecho de "socialmente y ciudadanamente grave". "No es que sea prematuro, es que vamos a ser prudentes a la hora de poder establecer la calificación de los hechos", ha manifestado el fiscal general del Estado, que ha destacado que, en cuanto la Fiscalía Anticorrupción tenga una información completa y "reflexione sobre cómo se han producido los elementos, llegará a una conclusión".
La Fiscalía Anticorrupción sí ha señalado que pretende acusar a Blesa y Rato por delito societario y de apropiación indebida, delitos por los que los antiguos responsables de las entidades se enfrentarían a 10 años de cárcel.
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