España

Varapalo a Blesa: la Audiencia Nacional rechaza definitivamente eliminar sus emails sobre las 'black'

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal dicta un auto en el que considera que "el contenido de los correos es de naturaleza profesional al no contener datos sensibles que afecten a la intimidad" y que, por tanto, pueden ser utilizados como prueba.

Nueva derrota judicial de Miguel Blesa en el 'caso Bankia'. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que autoriza definitivamente a que los correos electrónicos que el que fuera presidente de Caja Madrid intercambió con otros directivos de la entidad con alusiones a las polémicas 'tarjetas black' se mantengan en el sumario que investiga los millonarios gastos realizados con ellas. La decisión de los tres magistrados, la segunda en el mismo sentido después de que en noviembre también dieran luz verde a que otros emails del exbanquero se sumaran a la pieza separada de las preferentes, supone un auténtico varapalo para Blesa en un sumario en el que el juez le impuso en octubre una fianza de 16 millones de euros por la que le ha embargado todos sus bienes. En el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el tribunal destaca que el contenido de dichos mensajes "es de naturaleza profesional" y, por tanto, pueden ser utilizados como "prueba".

Los magistrados destacan que una norma interna de Caja Madrid aprobada durante el mandato del propio Blesa consideraba todos los emails "propiedad" de la entidad

La decisión de la Audiencia Nacional se produce después de una batalla judicial de casi cinco meses que se inició el pasado 26 de enero, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, dictó una providencia por la que acordaba, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, incorporar a la pieza separada de las 'tarjetas black' los correos electrónicos intercambiados entre directivos de Caja Madrid en los que se hacía alusión a las célebres 'visas opacas'. Dichos emails obraban en el informe elaborado por la auditora Pricewaterhouse Coopers sobre retribuciones de los altos directivos de la entidad en el periodo 2007 a 2010 que destapó el escándalo. Aquella decisión del juez provocó un inmediato recurso de Miguel Blesa en el que se oponía a la decisión al entender que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

Aquel escrito del exbanquero fue rechazado en abril en primera instancia por el propio magistrado, pero el expresidente de Caja Madrid elevó un recurso a la Sala de lo Penal al que se adhirió otro de los imputados que salía malparado del contenido los emails, Enrique de la Torre Martínez, que fuera secretario general de la entidad. Fiscalía y Bankia, sin embargo, apoyaron la decisión del juez Andreu. Es este recurso de Belsa el que ahora han rechazado los magistrados Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro y Antonio Díaz al considerar que dichas "evidencias digitales estaban almacenadas en el servidor de la empresa y el proceso de comunicación ya había finalizado" y que, por tanto, "el derecho [a la intimidad y al secreto de las comunicaciones] no ha sido cercenado".

"La empresa tiene acceso natural"

El auto recuerda que el Tribunal Supremo ya excluyó del derecho al secreto de las comunicaciones "los mensajes recibidos y abiertos por el destinatario", a lo que los tres magistrados añaden ahora que tampoco tienen dicha protección aquellos que, aún no abiertos por la persona a la que van dirigidos, estuvieran almacenados en los servidores de la empresa y, por tanto, ésta tuviera "acceso natural" a ellos. En este sentido, destaca que una de las normas de seguridad de la información aprobadas por la propia entidad financiera en junio de 2007, en pleno mandato de Blesa, ya recalcaba que "todo correo electrónico dentro de los sistemas de información de Caja Madrid será considerado propiedad de Caja Madrid".

La Audiencia Nacional recuerda que el Supremo determinó que "los mensajes recibidos y abiertos por el destinatario" no están protegidos por el derecho al secreto de las comunicaciones

Los tres jueces destacan, precisamente, que dicha norma estuvo "vigente" con el exbanquero como máximo responsable de la entidad, periodo en el que "recibió y emitió alguno de los correos renunciando a excluir a la empresa de su conocimiento". Además, inciden en que el derecho a la intimidad tampoco se ha violado ya que el contenido de los mismos es claramente "de naturaleza profesional [...] al no contener datos sensibles que afecten a la intimidad y al respeto a la vida privada".

Por todo ello, el fallo judicial concluye que es perfectamente legítimo que la consultora PwC los incorporara al informe de análisis sobre retribuciones de los directivos y que, si en los mismo se observó "irregularidades con relevancia penal", sirvieran para "formular la oportuna denuncia para depurar presuntas responsabilidades o servir como diligencia de instrucción en un procedimiento abierto, como es el caso". Por lo tanto, el auto concluye que dichos correos se incorporaron "lícitamente" a la investigación sobre las 'tarjetas black' como prueba. De este modo, la Audiencia Nacional desestima íntegramente el recurso presentado por el expresidente de Caja Madrid y respalda plenamente las dos resoluciones anteriores del juez Andreu.

 

Mensajes 'confidenciales'

Las visas "black a efectos fiscales" de las que disponían los consejeros de Caja Madrid eran un tema recurrente en la correos electrónicos del expresidente: "Recuérdame las cifras de tarjetas de Consejeros que habíamos hablado, líderes y pueblo llano", consultó Blesa en uno de ellos a Ildefonso Sánchez Barcoj, director financiero de la entidad, en referencia a que no todos los miembros del Consejo de Administración podían gastar lo mismo con ellas. En otro mensaje, desvelados en su día por Eldiario.es, el secretario general de la entidad, Enrique de la Torre, explicaba al que iba a sus sucesor, Jesús Rodrigo, las características de los 'plásticos' a nombre de  los miembros de la Comisión de Control: "Cada uno [tiene] una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no está nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25.000 € anuales excepto su Presidente, que tiene una cobertura de 50.000 €", detallaba bajo el asunto "Confidencial".

Unos meses antes –en plena negociación de las condiciones de su salida de la empresa–, De la Torre informó a Blesa de ciertos "fallos organizativos", entre los que incluía la gestión de las cuentas de las tarjetas opacas. "¿Sabías que algo tan delicado como las tarjetas black de los Consejeros lo lleva la Secretaria de Medios que con una simple llamada de mi Secretaria le da los saldos y movimientos de esas tarjetas?", advertía el hasta entonces hombre de confianza de Blesa. "No te extrañen luego algunas filtraciones", concluía un correo que, como el resto de emails servirá definitivamente de prueba en la causa tras esta última decisión de la Audiencia Nacional.

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