El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para anular el delito de malversación de la condena de los ERE. La ponencia de la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, prevé estimar parcialmente el recurso interpuesto por la exconsejera andaluza Carmen Martínez Aguayo en relación al delito de malversación por un fraude que el Tribunal Supremo cifró en más de 700 millones de euros.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que la ponencia prevé dar la razón a la que fuera viceconsejera de Economía y Hacienda entre 2005 y 2009 en relación a este delito, lo que abre la puerta a un pronunciamiento en idénticos términos en relación a los recursos de otros condenados, entre los que se encuentra el expresidente andaluz José Antonio Griñán.
El Tribunal Supremo confirmó su pena de seis años de cárcel por malversación y prevaricación, delito este último que también ha tumbado el TC tras estimar la semana pasada el recurso de Magdalena Álvarez.
Ni prevaricación ni malversación con los ERE
La que fuera consejera de Economía y Hacienda en dicho gobierno andaluz consiguió el respaldo del órgano que preside Cándido Cónde-Pumpido, que anuló su condena de nueve años de inhabilitación y ordenó a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar una nueva sentencia.
En el caso de la prevaricación, el fallo que vio la luz con el respaldo de la mayoría progresista determinó que tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo se equivocaron al interpretar que los proyectos de ley del gobierno andaluz donde se interpretaban estas partidas se trataban de actos reglados sujetos al derecho administrativo.
El Supremo, que determinó que los condenados dispusieron de cerca de 700 millones de euros públicos durante 10 años de forma "libérrima y arbitraria" y que se dictaron "resoluciones prevaricadoras" a sabiendas de "todas las irregularidades que se estaban produciendo", entendió que los acuerdos del gobierno andaluz sí tenían reproche penal.
El TC, por su parte, expuso que dichos acuerdos deben considerarse como "actos legislativos" sin que, por tanto, puedan investigarse en los tribunales. Se trató de un pronunciamiento del que discreparon los cuatro magistrados del bloque conservador, los cuáles acusaron a la mayoría progresista de extralimitarse en su competencia y de descalificar al Tribunal Supremo con su pronunciamiento.
Segundo varapalo del TC al Supremo
El Tribunal Constitucional se pronunció exclusivamente sobre la prevaricación por ser el único delito que afrontaba Magdalena Álvarez, si bien en esta nueva ponencia relativa a Martínez Aguayo se abordará la malversación de caudales públicos; el otro tipo penal por el que se condenó la mayor causa de corrupción en la historia de la democracia.
En concreto, las fuentes consultadas precisan que la ponencia, que de nuevo se impondrá con los votos del bloque progresista, prevé estimar parcialmente el recurso en cuanto a una presunta vulneración de su derecho fundamental a la legalidad penal y también a la presunción de inocencia. Por contra, el TC desestimará el recurso de amparo en cuanto a la vulneración de derechos sobre la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías.
En este sentido, la ponencia de la vicepresidenta determinará que Martínez Aguayo -que fue condenada a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con malversación- no cometió delito con su actuación.
De anularse la malversación para esta exconsejera, el TC abre la puerta a tumbar condenas como la del propio Griñán quien, a diferencia de Manuel Chaves, sí que fue condenado a pena de prisión precisamente por la malversación. Con todo, el expresidente andaluz está pendiente a su vez de la petición de indulto que se tramita en el Ministerio de Justicia.
